Los tres días de Junts subiendo el tono, reclamando a Pedro Sánchez que se la juegue con una cuestión de confianza, o pronosticando un negro futuro para los Presupuestos para 2025, no parecen poner nervioso al Gobierno. De hecho, fuentes del Ejecutivo aseguran que la cesión de competencias en materia de inmigración, que Junts exige a cambio de sentarse a negociar las cuentas públicas, puede servir para desbloquear una pantalla pendiente.
Esto es, la frustrada reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, para establecer cupos obligatorios de reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. En julio, cuando Canarias veía más que sobrepasadas sus capacidades de acogida, Junts ya tumbó la modificación del artículo 35 en el Congreso de los Diputados. Sánchez lleva meses tratando de convencer al PP para que la apoye, sin éxito.
Es uno de los temas a abordar en la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes. El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que gobierna en coalición con el PP, anunció el martes que ya cuenta con un plan ‘b’ si los presidentes autonómicos conservadores vuelven a rechazar esta reforma. Se trataría, según afirmó en el Parlamento regional, de un real decreto ley que impulsaría el Ejecutivo central, y contaría con el respaldo de Junts para lograr luz verde en el Congreso de los Diputados.
Fuentes del Gobierno reconocen que cuentan con este escenario, siempre que antes logren el ansiado pacto con Junts sobre inmigración. La posición de Moncloa sobre el control de fronteras no ha cambiado –“Es competencia del Estado”-, pero sí afirman que están “abiertos” a que los Mossos d’Esquadra “tengan presencia donde no la tienen”.
Apuntan así a la presencia de agentes de la policía autonómica en puertos y aeropuertos, e insisten en que las negociaciones siguen en marcha. La idea es zanjarlas antes de que acabe el año, si bien la recta final de diciembre siempre suele resultar caótica, y este año no es una excepción. Además de las conversaciones con Junts, el Ejecutivo también negocia con otros aliados parlamentarios cuestiones como la extensión de algunas de las medidas desplegadas para hacer frente al impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania.
En frente abierto con Junts es, con todo, el que genera un mayor número de titulares. También es el más sensible. Fuentes del Gobierno restan importancia a los últimos golpes del partido de Puigdemont, que abrió la semana pactando una enmienda con el PP para suprimir el impuesto a la producción eléctrica. Y que ha llegado al miércoles con Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria, reiterando públicamente que no confía en que los Presupuestos Generales para 2025 lleguen a pasar siquiera “por la mesa” de Junts.
Sánchez no descarta una foto con Puigdemont
Por su parte, distintas voces del Gobierno hacen una suerte de radiografía de la que se desprenden algunas de sus convicciones sobre Junts. Interpretan que Puigdemont tiene “un problema a la hora de medir el estado de opinión de la ciudadanía”, tanto la catalana como la del resto del país. Reclaman que sea más “prágmático”, y restan importancia a estos últimos dardos, porque sostienen que los independentistas catalanes “actúan así cada poco tiempo”. “No es postureo”, afirman.
Ni entienden como un “ultimátum” la exigencia sobre la cuestión de confianza, ni ven que Junts vaya a pactar hoy con el PP para desalojar al Gobierno PSOE-Sumar. “¿Junts con Vox?. Por ahí no va a pasar”. El propio Sánchez, en conversación informal con los periodistas con motivo de la tradicional copa navideña de La Moncloa, dejó abierta la puerta a una fotografía con Puigdemont que, hasta el momento, ha querido evitar.
“Es un paso de coherencia”, “si hablamos de pasar página”, apuntó. Este encuentro no está hoy en agenda, y lo primero es zanjar la negociación sobre las competencias y aterrizar el diálogo sobre los Presupuestos, que niegan haber comenzado.
El Gobierno prorrogará el impuesto a las energéticas por decreto y sin tener atados los votos
Entre las prioridades se encuentra también revertir el golpe asestado por PP y Junts con el pacto que alcanzaron el lunes sobre el impuesto a la producción eléctrica. Todavía no tienen clara la fórmula para solucionar un problema que no habría existido de no haberse ausentado de la comisión uno de los diputados socialistas.
El gravamen a las energéticas que se comprometieron a negociar con Podemos, pero también con ERC, Bildu y BNG, es harina de otro costal. El miércoles, Junts y el PNV se ausentaron de la mesa de negociaciones, lo que ya apunta a la difícil viabilidad de esta medida. Es más que complicado que salga adelante, como reconocieron desde el Ejecutivo. Tanto Junts como PNV quieren dejar que decaiga, y el Gobierno tiene de plazo hasta el uno de enero para evitar que esto ocurra.
En Hacienda contemplan una fórmula con deducciones e incentivos -en línea con lo pactado con Junts- que, en la práctica, reduciría considerablemente las obligaciones de pago para las empresas que demuestren invertir en descarbonización. La clave está en los porcentajes de esos incentivos.
Por lo pronto, Hacienda explica en un comunicado que las posiciones “están muy alejadas” y que es “un objetivo complejo” aprobar este impuesto, pero el Gobierno presentará un real decreto ley para prorrogarlo -tal y como está- que entrará en vigor el 1 de enero. No cuentan con los votos necesarios para su convalidación y reconocen que no es fácil lograr un punto medio ante las “posiciones maximalistas” de los grupos. El próximo miércoles celebrarán una nueva reunión.
Podemos ha denunciado un “incumplimiento” de lo pactado por la ausencia del PNV y Junts. “En este contexto, es obvio que no se dan las condiciones siquiera para comenzar la negociación de Presupuestos Generales del Estado”, afirman desde el partido morado. Al Ejecutivo se le abre un nuevo frente cuando aún no ha podido cerrar los que tenía ante sí.