El Gobierno cambia el guion y se abre a postergar la llegada de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 al Congreso de los Diputados. Hasta ahora, su compromiso era llevar las cuentas a la Cámara Baja “en tiempo y forma”. Esto es, antes del 1 de octubre, como recoge la Constitución. En paralelo, busca reforzar la relación con Junts, no sin constatar que hoy por hoy están “en un discurso incendiario”.
Fuentes del Ejecutivo afirman ahora que no tienen “plazos” marcados para hacerlo, y que los presentarán “cuando estén” y no acorde con los tiempos legalmente establecidos y asumidos hasta la fecha. Con la vista puesta en la senda de déficit, que se debatirá el jueves 26 en pleno, la hoja de ruta pasa por intensificar los contactos con Junts per Catalunya.
La percepción de que Hacienda levanta el pie del acelerador es compartida por el socio minoritario, según distintas fuentes de este espacio. Desde Sumar ya reconocen que la legislatura se mantendrá en “stand-by” hasta finales de años, cuando terminarán los distintos congresos de Junts y otros partidos. La consigna oficial en el ala socialista es que no esperarán hasta el cónclave de los ‘neoconvergentes’, a finales de octubre, pero sí quieren que estos aclaren cuanto antes su posición sobre las cuentas públicas. El compromiso hoy es presentarlas sea cual sea su postura, confirman, pero quieren conocer dónde se situarán los independentistas catalanes para hacerse un mapa de lugar.
El partido de Carles Puigdemont asestó otro golpe al Gobierno la semana pasada, al anunciar que votarán en contra de la senda de déficit por segunda vez, como ya hicieron en julio. No es obligatorio contar con una nueva senda para aprobar unas nuevas cuentas, es posible prorrogar la que hoy está en vigor (2023), pero la intención del Ejecutivo es poner esta primera piedra para luego llevar los Presupuestos.
Al margen de que se puedan producir reuniones presenciales, como la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Cultura y negociador por Sumar, Ernest Urtasun, la meta es que los contactos sirvan para convencer a Junts renuncie a votar junto al PP y Vox en una semana. En este sentido, también se está implicando Santos Cerdán, tal y como avanzó este periódico.
La opción de que se imponga “el diálogo”, reconocen desde el Ejecutivo, está en manos de los independentistas catalanes. Aseguran que no pueden “ofrecerles más” de lo ya planteado en este marco, pero intentarán convencerles para cambiar de tercio. Las visiones y los relatos de ambas partes difieren tanto que Junts dice no haber sido contactado por esta materia ni por los Presupuestos, mientras el PSOE señala lo contrario.
En Moncloa enfada que estén “permanentemente haciendo un discurso incendiario”, a la par que “contradictorio”. “Es insostenible”. Que Junts virase de posición el martes, para tumbar una proposición de ley de Sumar y del resto de la izquierda -apoyada por el PSOE-, ha inflamado también al socio minoritario. En la coalición de Yolanda Díaz asumen que su intención es ir asestando mazazos al Ejecutivo para demostrar “que tienen la sartén por el mango”. “Cada semana o cada dos semanas” van a disparar, defienden.
Por su parte, Puigdemont tiró de su perfil en la red social X, antes Twitter, para recordar con dureza a Sánchez que no cuenta con mayoría en la Cámara, y para advertirle de que “con Junts no funcionan los chantajes ideológicos. Tras la polémica por su cambio de voto el martes, el líder espiritual de Junts avisó de que la negociación no puede plantearse “con vocación de alfombra donde secarse los zapatos antes de entrar en casa”.
Sin miedo a una moción de censura
Los vaivenes de Junts son también aprovechados por ERC en la pugna que ambas formaciones mantienen en el ecosistema catalán. Su portavoz, Gabriel Rufián, alertó el miércoles en el Congreso del “bloque” que están configurando PP, Vox y Junts en la Cámara, que suma 178 escaños (contando con el diputado de UPN). Una mayoría absoluta que puede bloquear cualquier iniciativa, y que incluso serviría para aprobar una hipotética moción de censura a la que señalan los republicanos.
El diagnóstico del Ejecutivo es que esa moción no tendrá lugar. “Sería un suicidio político”, afirman, si Junts uniese sus votos a los del PP y de Vox para desalojar de La Moncloa a Sánchez. Y sería “contradictorio”, incoherente con el discurso mantenido hasta ahora sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia de 2017. No ven sentido a que denuncien la “represión” del Gobierno del PP de Mariano Rajoy al independentismo, y que a la vez sigan yendo “a piñón” contra Sánchez. “Si uno es incoherente en política, eso va contra sus intereses”, advierten.
A pesar de las derrotas parlamentarias que les han infligido, y de la actuación de este martes con la proposición de ley para regular los alquileres temporales y de habitaciones, en el ala socialista intentan revestir de normalidad estas disputas parlamentarias. El diálogo, sostienen, “no es más complicado” que en la pasada legislatura.
Presumen de haber sacado adelante la mayoría de votaciones más “importantes”, pero obvian que han tenido que retirar iniciativas de peso (la ley del suelo) por la falta de apoyos. O que el Ejecutivo tiene que hacer encaje de bolillos con sus socios antes de llevar cualquier norma a la Cámara, por miedo a que se la tumben. El número de iniciativas del Gobierno es muy inferior al de la pasada legislatura, precisamente por estos condicionantes.
En lo que toca específicamente a Junts, su lectura es que no han podido “digerir” la victoria de Salvador Illa en las pasadas elecciones catalanas, y menos aún su investidura como president de la Generalitat. También que el golpe que quisieron asestarles este martes tuvo a Sumar como principal receptor, por ser quien llevó al pleno la proposición de ley sobre alquileres temporales, elaborada por el Sindicato de Inquilinos.
Lo cierto es que los de Puigdemont comunicaron al socio minoritario su decisión de cambiar el voto cuando Sánchez acababa de entrar en el Congreso, y que tuvo que asistir por lo ajustado de las votaciones. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, fue quien visibilizó el enfado del bloque de investidura, acusando a Junts de mentir sobre el sentido de su voto.
La norma que naufragó, sin embargo, va en la línea en la que ya trabaja el Ministerio de Vivienda, controlado por el PSOE, y que se dinamitara el arranque de su tramitación es un revés que va más allá del socio minoritario. La expresión en los rostros de Sánchez, Montero y Díaz cuando se anunció el resultado de la votación evidenciaba la dureza de este impacto imprevisto. Y les recordaba, de nuevo, que Junts tiene la llave para salir del laberinto en el que se convierte cada iniciativa que llevan a la Cámara.