Se cumplen treinta años de la llegada del primer cayuco a las costas canarias. Entonces, llegó la primera embarcación con dos jóvenes saharuis a Fuerteventura. Doscientas treinta mil personas las siguieron después en el periplo para buscar una vida mejor en Europa. De los fallecidos en estas últimas tres décadas no hay cifras concretas. Se cuentan en varios de miles. Hoy, los lugares de llegada, como Canarias o Ceuta, están colapsados. Muchas de las personas que se juegan la vida para llegar a nuestras costas son menores de edad. En Canarias ahora mismo hay seis mil menores en unos centros de acogida con capacidad para dos mil. La situación es crítica, lo lleva siendo desde el fin del curso político, y cada día se acrecienta más.
Este es el contexto, el drama humanitario y las cifras. En este marco, el Gobierno y el PP ha retomado los contactos para tratar de aliviar la situación -Moncloa aboga por la reforma de la ley de Extranjería– y trasladar a menores migrantes a otras comunidades de la península. “Ha habido algún contacto, pero todavía no se ha avanzado”, confirman fuentes autorizadas del PP a Artículo14. Una interlocución que confirman desde el lado gubernamental. “No se han roto esos contactos”, aseguran desde el ministerio de Política Territorial.
Los puentes no están rotos, pero las posturas siguen en el mismo estado que a finales de julio cuando el PP voto que “no” a la propuesta del PSOE para reformar la ley de Extranjería y proceder a la distribución obligatoria de estos menores migrantes. “Si hubiera votado sí a la admisión a trámite del Proyecto de Ley ahora estaríamos a las puertas de su aprobación definitiva. Pero no quisieron”, lamentan fuentes cercanas a Ángel Victor Torres. “Son 6.000 niños en un país de 47 millones, la pelota está en el tejado del PP”, denunció Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno este martes.
La reforma del Ejecutivo pretende modificar el artículo 35 de la ley actual, el referente a los menores extranjeros no acompañados. Quieren añadir el concepto de “situación de contingencia migratoria extraordinaria” para Canarias, Ceuta y Melilla. En caso de sobreocupación por llegadas de menores migrantes, el mecanismo se activaría y, automáticamente, deberían ser derivados a otras Comunidades Autónomas.
Canarias estaría ahora mismo en esa contingencia ya que solo cuenta con dos mil plazas y hay cuatro mil niños más. Por tanto, en el plazo de un año, según la norma redactada por el Gobierno, deberían ser trasladados a otras regiones. La reforma de la ley dejaba los criterios y la financiación para ese reparto en manos de un eventual acuerdo de la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia.
El PP votó que “no” a esta propuesta y se mantiene en su negativa, aunque se abre a un acuerdo en caso de aceptar sus exigencias. Así lo avanzó la vicesecretaria del ramo, Ana Alós, en una reciente entrevista en Artículo14: “Nuestras exigencias están por escrito y se han hecho públicas. Si están dispuestos a asumirlas podemos llegar a acuerdos, tienen que asumir sus responsabilidades”, destacó.
En este sentido, las fuentes consultadas en el principal partido de la oposición son claras: “Convocar la conferencia de presidentes autonómicos, declarar la emergencia migratoria, establecer una financiación directa para las comunidades, un plan de migración de Estado, que sean menores indubitados -comprobándose su edad a su llegada-, que cuando haya sobreocupación sea el Gobierno el que se encargue de los recursos y la gestión, y que se pida ayuda a UE”.
Un día más, Fernando Clavijo, el presidente canario, lamentó la situación de bloqueo y aseguró que “fue un golpe muy duro” que tumbaran la modificación de la ley de extranjería. Por ello, llegó a solicitar la utilización del decreto ley, extremo que las fuentes consultadas por Artículo14 descartan por completo. También el mandatario de Ceuta, el veterano popular Juan Jesús Vivas, reclamó pasar de “las palabras a los hechos” y que el Gobierno y el PP lleguen cuanto antes a un pacto de Estado.