Es uno de los temas más delicados de la legislatura y en el que el acuerdo todavía queda lejos. La crisis migratoria se ha convertido en otra de las cuestiones de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en un momento en el que la ruta canaria cierra 2024 batiendo todos sus récords.
Canarias se ha consolidado como la vía de entrada más viable a la Unión Europea, con datos muy preocupantes. La ruta es una de las más mortíferas y, según las cifras aportadas por varias ONG, más de 10.000 personas han muerto intentando cruzar el mar para llegar a costas españolas. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de las cifras, PSOE y PP siguen sin alcanzar un consenso respecto a la crisis migratoria, concatenando encuentros sin ningún resultado.
En este contexto, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper dejó claro que no cierran la puerta a pactar con el Gobierno, pero que este ha de cumplir con sus requisitos, rubricado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. “El PP tiene una propuesta desde hace tiempo, pero no hemos obtenido respuesta del Gobierno”, sentenció Sémper.
Básicamente, lo que reclama el Gobierno es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que serviría para automatizar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Para el Gobierno esta reforma es “la solución definitiva” mientras que desde Génova sólo contemplan apoyar la medida si va acompañada de un “paquete más amplio de políticas” orientadas a reducir el número de entradas irregulares.
En este sentido, el Gobierno no descarta reactivar las negociaciones con el Partido Popular, aunque de momento, lo cierto es que desde el Ejecutivo enfrían cada vez más un acuerdo con Génova. Fuentes cercanas al ministro Ángel Víctor Torres aclaran que no hay ninguna reunión marcada en el calendario. “No hay previsto ningún encuentro, esa puerta ya la cerraron ellos”, zanjan las mismas fuentes consultadas por Artículo14
Sin consenso entre ambos partidos, el Gobierno busca ahora mayorías alternativas para poder sacar adelante la reforma del artículo 35 sin la necesidad de los votos a favor del Partido Popular. Por eso, el equipo de Pedro Sánchez ha recuperado el diálogo con Junts en este sentido, pese a que los de Carles Puigdemont rechazaron apoyarle. “Nosotros no hemos dejado de negociar”, apuntan fuentes gubernamentales, y añaden que Santos Cerdán o Elma Saiz son los interlocutores con Junts, así como con otros grupos parlamentarios.
El Gobierno sabe que es necesario contar con mayorías suficientes, que aunque muy justas permitan sacar adelante su reforma. Y eso pasa, sí o sí, por “trabajar, pulir y buscar mayorías”. “Todo lo que se acuerde tiene que llegar al Congreso de una manera o de otra”, añaden las mismas fuentes, “y aquí la clave son las mayorías”, terminan reconociendo.
El pulso de Vox
Una mayoría cada vez más complicada y en un tema que no sólo ha provocado tensiones entre Gobierno y PP sino también entre PP y Vox. El partido de Santiago Abascal ha suspendido las negociaciones presupuestarias en autonomías poniendo en jaque a varios gobiernos autonómicos y con los tambores electorales sonando. Los de Abascal anunciaron la medida en diciembre después de que el PP se abriera a una reunión con el Gobierno, que terminó en papel mojado y sin ningún acuerdo.
En este sentido, desde el Partido Popular señalan que están cansados del chantaje de Vox, y Sémper ha comparado la “irresponsabilidad” de Sánchez a la de Abascal. “Yo creo que hay dos discursos irresponsables. Por un lado el de Sánchez, que dice que la inmigración no tiene ningún impacto, y otro el de Vox, que dice que todos los males son por culpa de la inmigración”, denunció el portavoz.
“Nosotros a quien hacemos oposición es a Pedro Sánchez y no a la oposición”, ha dicho. “Vox tendrá que explicar por qué le interesa mucho más hacer oposición a la oposición que a Pedro Sánchez”, remató.