Un control más Pedro Sánchez tiró de almanaque para tratar de deprimir a Alberto Núñez Feijóo: “Señoría, quedan 1000 días de legislatura y usted y su equipo más inmediato lo que hacen es actuar como si quedaran diez, será que le están diciendo que su tiempo se acaba”. Esta invocación semanal que hace el presidente del Gobierno de todas las páginas que quedan por arrancar del calendario antes de una nueva cita con las urnas Generales tiene como objetivo buscar la pájara del PP e insuflarle bríos a la tropa socialista, pero ni una cosa ni la otra. En el PSOE hay diputados convencidos de que se completará el mandato y otros que flaquean viendo todo alrededor incendiado por los tribunales. En el PP dicen a micro abierto que estamos ante un fin de régimen y cuando piensan que las grabadoras están apagadas reconocen que es muy probable que haya presupuestos y que Sánchez aguante una tirada larga.
Los dos grandes partidos son presa de una esquizofrenia que se dejó notar un miércoles más en el Congreso, un miércoles en el que todas las minas políticas e informativas que podían estallar detonaron cambiando la escaleta de los telediarios varias veces en cuestión de minutos. El PP quería un pleno centrado en las tropelías del caso Koldo y cuando estaba disfrutando del caramelo se encontró de sopetón con la confitería entera; el Supremo daba el paso para imputar al fiscal general del Estado.
Llevaba tiempo este periódico avisando de lo que iba a pasar y varias personas en Moncloa ya habían percibido el humo del nuevo fuego. Con la alerta saltando en los móviles de todos los diputados Cuca Gamarra compareció para pedir ceses y el ministro de Justicia se enclaustró en la zona de Gobierno resuelto a leerse los 21 folios del auto del Supremo. Realmente ya sabía lo que iba a decir y lo dijo: “Yo muestro mi total respeto al auto del Supremo y estoy seguro, porque confío en la Justicia, que este asunto quedará en nada”. Hacía malabarismos Félix Bolaños para no pisar callos en el Alto Tribunal y a la vez para ejercer como portavoz del Ejecutivo.
Fuentes solventes del equipo de Pedro Sánchez fueron luego menos cautelosas: “La imagen de la Justicia no sale bien parada de esto, parece que sólo ve por un ojo, que es el derecho y eso es muy grave”. Hay ministros que se encogen de hombros cuando son preguntados por el paso dado por el Supremo, pero todos los consultados remarcan una cosa; el auto no señala a Álvaro García Ortiz por la nota de prensa (cuya autoría reconoció) y sí por la filtración de los correos del novio de Ayuso y es prácticamente imposible saber quién distribuyó esos emails si los periodistas se abrazan a su derecho a no revelar sus fuentes. “Si se investigaran todas las revelaciones de secretos, no saldríais de los tribunales ninguno de vosotros”, decían desde el PSOE a un grupo de redactores en los pasillos del Congreso. Con este escenario algunos hasta se atreven a vaticinar que el asunto estará archivado en medio año por la imposibilidad de colgarle el delito de revelación de secretos a nadie.
Por todo esto, desde el gabinete concluyen que el fiscal general no debe dimitir: “Sería el acabose que alguien tuviera que dejarlo por dar información veraz para combatir un bulo”. Un argumento que le escuchamos a la vicepresidenta Montero o a Bolaños. El propio Marlaska reconoció desde su escaño que desde su óptica de juez ve resoluciones que no entiende. El ministro del Interior trazó un paralelismo con el papel de Ayuso para resumir el sentir de todo el Gobierno: “Imagínese que se acusara a mi marido de haber evitado pagar más de 350.000 euros a Hacienda a través de un entramado de facturas falsas, imagínese que mi marido hubiese multiplicado por cuatro sus ingresos por parte de una empresa con la que mi ministerio contratara, imagínese que mi pareja dispusiera de un ático de lujo en ese contexto y que tras todo eso hubiera reconocido dos delitos, no estarían pidiendo mi dimisión, estarían pidiendo la cadena perpetua”.
De momento los que no piden ningún tipo de condena son los socios. Este miércoles a pesar de la ventolera de Koldo, Ábalos y Ortiz algunos reconocían en los pasillos que todo sigue igual y que la legislatura tendrá esos 1000 días que vaticina Sánchez porque “ni siquiera el Junts más de derechas puede sumarse a Vox para una moción de censura”.