“Ellos sabrán si quieren volver a repetir lo que hicieron con la subida de las pensiones”. El Gobierno evoca la votación del decreto ómnibus, tumbado por el Congreso y después recuperado en parte con los votos a favor de PP y Junts, para intentar retratar al PP en una encrucijada. Después de una sesión de control a cara de perro en la Cámara Baja, en la que los portavoces del PP cargaron las tintas contra María Jesús Montero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, protagonizaba una comparecencia parlamentaria este miércoles para defender la hoja de ruta del Ejecutivo ante la ofensiva comercial de Donald Trump.
El primer paso del plan antiaranceles se plasmó el martes en un real decreto ley que, como adelantó Artículo14, el PSOE prevé votar al inicio de mayo, estirando al máximo el plazo legal de 30 días para su convalidación. Y, lo que prevé el Gobierno a día de hoy, es que el PP esté “en el ‘sí’ o en la ‘abstención’”. No contempla que vote en contra del decreto, que incluyó algunas medidas del PP, pero que fue considerado “insuficiente” por los conservadores.
No conciben este escenario, salvo que sus socios no les garanticen su respaldo a esta norma. Podemos es quien más dudas manifiesta sobre su voto, y en este escenario el Ejecutivo sí asume que el PP pueda sentir la tentación de infligirles una nueva derrota. No se trata de una disputa de política doméstica, recuerdan, sino de una cuestión de enorme magnitud. El problema es que ven al PP “pensando más en Vox que en las medidas”. “Están haciendo cálculo político electoral”, sostienen.
Durante la mañana, la vicepresidenta Montero les acusó de buscar excusas, de usar las declaraciones de Junts para intentar salirse del marco de negociación. “Junts siempre hace un relato en el que mete cuestiones que no son”, abundan desde Moncloa. Los independentistas catalanes venden que el acuerdo consagra que un 25% de las ayudas del decreto vayan dirigidas a Cataluña, si bien el texto ni siquiera recoge porcentajes.
Como se afanó en vender Cuerpo desde la tribuna de oradores, el decreto alude a que serán los territorios que concentren a un mayor número de empresas que exportan a EEUU los que recibirán el grueso de estas ayudas. Esto no supone que tengan garantizado un mínimo de la financiación, y serán las empresas las que deberán reclamar estos fondos.
El PP les afea que alterasen las normas, el texto del decreto, a mitad de partido. Y el ministro afirmó que las modificaciones se reducen a añadir el año 2024 como referencia directa sobre el volumen de exportaciones, un cambio entre las palabras “discrecionalidad” y “arbitrariedad”, además de dos correcciones formales.
En el Ejecutivo reconocen que Junts tiende a hacer “un relato” en el que se presentan como el único partido que consigue beneficios para Cataluña a cambio de sus votos, magnificando sus conquistas, pero Cuerpo insistió en que “no hay nada más allá” de lo que han explicado, yendo a la literalidad del texto. “Si ustedes quieren utilizar esto como un motivo para no justificar un apoyo a medidas que vayan a ayudar a su sector productivo, es una decisión política”, respondió Cuerpo.
El PP, a la espera de la decisión de Feijóo
A última hora de la tarde del miércoles, fuentes del Partido Popular rechazaban avanzar sus siguientes pasos. Aseguraron que debe ser el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, quien decida cómo responderán a lo que consideran “un engaño”. “No dicen lo mismo los dos decretos [el que les mostraron y el que llegó al BOE]”, acusan en el PP, y por tanto sostienen que el Ejecutivo “no nos ha dicho la verdad”.
La intervención del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, fue medida y calculada, pero los conservadores criticaron que Cuerpo no fuera capaz de reconocer que Junts “miente”. Montero intentó zanjar el debate desmontando los argumentos del partido de Carles Puigdemont, pero el PP esperaba que fuera Cuerpo quien despejase cualquier duda.
Más allá de los cambios realizados en el texto, esgrimen que el hecho de no avisarles socava la “confianza” entre Bravo y Cuerpo, que hasta ahora se han reconocido mutuamente la voluntad de pactar. Después del pleno, el ministro acudió a la bancada del PP para conversar durante varios minutos con el responsable económico del Partido Popular.
Según los conservadores, no hubo llamadas o mensajes entre Bravo y Cuerpo después de esta charla. Hay dirigentes que defienden que el Gobierno les ha engañado al acordar medidas del texto a sus espaldas. Y hay otros que temen que se trate de una estratagema de Moncloa para forzarles a abandonar la mesa de negociación, para después acusarles de frustrar el acuerdo.
No van a aclarar el sentido de su voto por el momento, pero tienen claro que seguirán descolgando el teléfono si Cuerpo busca un acercamiento. La negociación se ha enfriado, pero los puentes siguen siendo transitables. Y el primer decreto, cuya convalidación está en el aire, es sólo una primera etapa de las muchas medidas que contemplan desplegar si persiste la amenaza arancelaria.
La conferencia sectorial de este jueves, con las comunidades autónomas convocadas, servirá como termómetro. El Ejecutivo no espera que se tomen “decisiones de calado”, sino que aspira a que sirva para compartir información sobre la situación a nivel nacional y Europeo, definir los sectores más afectados y, en definitiva, para analizar la situación global.
Las declaraciones de los consejeros de las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP darán pistas del estado de las negociaciones, pero son Sánchez y Feijóo, y por extensión Cuerpo y Bravo, quien tienen en su mano tomar decisiones sobre estos contactos. También pueden pulsar el botón del pánico y cerrar las vías de diálogo que han mantenido abiertas desde la semana pasada, reduciendo este capítulo a una suerte de oasis en su relación política.