La reforma legal de la que pueden beneficiarse los presos que hayan cumplido penas de prisión en otros países, incluidos los de la banda terrorista ETA, monopoliza el debate público y sirve de artillería para el fuego cruzado entre el PP y el Gobierno. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Partido Popular conocía en detalle la reforma, incluidas las enmiendas introducidas por Sumar durante el trámite parlamentario, y aprobadas en ponencia, comisión y pleno en el Congreso, siempre con el aval de los conservadores.
“Aquí, por parte del PP, no ha habido despistes ni errores”. “No hay ningún tipo de error ni de fallo”, aseguró Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pocos minutos antes, en el Senado, el PP logró aplazar la votación de esta norma, que habría supuesto su aprobación definitiva tras su paso por la Cámara Baja. El PSOE se opuso a retrasarla.
El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha disculpado por avalarla la norma -como hicieron en pleno todos los partidos políticos-. La norma en cuestión es el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE, aprobada en la Cámara Baja el 18 de septiembre. Y su formación ha acusado al Ejecutivo de ponerse del lado “de los intereses de los presos de ETA”; de aspirar a “beneficiar” a estos reos.
“El PSOE ayuda a los presos de ETA a cambio de los votos de Bildu a través de cualquier subterfugio político, legal o parlamentario. El PSOE tiene tiempo para demostrar que no es así. O el Gobierno se sitúa con las víctimas y retira el proyecto de ley o está con los verdugos”, afirmaron fuentes del Partido Popular en el Senado.
El enfado de la ministra portavoz era evidente: “En nombre del Gobierno”, y “de todos los españoles”, “exijo que dejen de usar de manera tan partidista y torticera aquello que hizo tanto daño”. “Es absolutamente indignante”; “exijo al PP que lo dejen ya”, y que no usen “el terrorismo para tapar su vacío” de “proyecto” y de “liderazgo”, reclamó Alegría.
Ha recordado que el texto en cuestión, la transposición de una directiva europea, no ha sido rebatido ni por el PP ni por uno solo de los partidos del arco parlamentario durante meses. Ni presentaron enmiendas, ni en la coalición creen que no supieran interpretar el texto, toda vez que en las filas conservadoras hay un alto número de políticos y técnicos con formación jurídica.
No hubo oposición a esta norma hasta el lunes, cuando las víctimas del terrorismo denunciaron que beneficiará a los presos de la organización terrorista que han pasado por prisiones en Francia. Lo que hace la norma es computar las penas de privación de libertad ya cumplidas, favoreciendo excarcelaciones, también las de los presos etarras.
“Claro que lo saben”, incidió Alegría, hasta el punto de asegurar que el texto aprobado es, “literal”, el mismo que también tuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2014. La portavoz lo obvia, pero fuentes del Gobierno reconocen que el PP corrigió a posteriori la norma en cuestión para evitar este efecto sobre los cómputos de penas.
Durante la mañana, en el Congreso de los Diputados, Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, también aseguró que el supuesto desconocimiento que alega el PP “no es creíble”. “No saben dónde esconderse”, afirmó el diputado de los Comunes Gerardo Pisarello, y por eso montan “escándalo”.
En la escenificación de su enfado, Alegría ha extendido su indignación a las declaraciones del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, así como a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del propio Feijóo. “Cuando uno dice que ETA hoy está más viva que nunca”, “más fuerte que nunca”, “lo que hace es insultar a las víctimas del terrorismo”, “a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”; “a los jueces y a los fiscales”. “Esas palabras solo las puede pronunciar alguien que no ha aportado ni lo más mínimo para que ETA acabara”, zanjó