“Tenemos que trabajar sobre todo con los hombres, para que entiendan que lo que están comprando son cuerpos de mujeres”. Milena Herrera (Madrid, 1975), reconoce que la gran renuncia del PSOE, necesaria para lograr el consenso que ha alumbrado el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista, es que la prostitución no haya sido incluida en el texto como una forma de violencia contra las mujeres.
Las posiciones de los grupos eran muy dispares en esta materia, y optaron por una fórmula que pone el foco sobre el proxenetismo. Todas se dejaron pelos en la gatera. Herrera ha sido la portavoz socialista en la subcomisión que durante meses ha trabajado en el Congreso de los Diputados para aprobar el nuevo texto. 461 medidas avaladas por 315 de los 350 diputados y diputadas, sólo con Vox en contra. Es, quizás, el único espacio de trabajo en el que diputadas de un signo político ensalzan abiertamente el trabajo de las del signo contrario, exceptuando siempre a la ultraderecha.
Herrera atiende a Artículo14 el jueves, un día después de que el acuerdo recibiera luz verde. Defiende el pacto, quizás el único que se logre forjar en esta legislatura, y enumera algunas medidas que considera urgentes, como la regulación del acceso de los menores al porno en internet, donde cada vez encuentran contenido “más violento”. Espera que el Ejecutivo regule pronto la violencia económica, y que impulse la ley de trata. Por lo pronto, la Delegación del Gobierno contra la violencia machista tiene tres meses para definir a qué administraciones corresponde cumplir estas medidas. Y la diputada socialista asume que todos, también los legisladores, tienen muchas tareas pendientes para garantizar que se cumplan.
Pregunta: ¿Qué significa el pacto de Estado contra la violencia machista y para qué sirve?
Respuesta: Significa un acuerdo de país, un acuerdo de la gran mayoría de los partidos políticos y un mensaje contundente hacia la sociedad: la mayoría pensamos que se tiene que erradicar la violencia contra las mujeres. Es importante que hayamos renovado el acuerdo ahora que está en auge ese discurso negacionista de esta violencia. España tiene un sistema de protección y de atención de los mejores del mundo, pero las cifras nos demuestran que aún falta trabajar, y mucho. El pacto busca perfeccionar el sistema. Es una hoja de ruta para los próximos cinco años.
Pregunta: ¿Ha notado que ese discurso negacionista haya influido en la negociación del acuerdo?
Respuesta: No hemos dejado que tuviera influencia en nuestro trabajo, pero obviamente está presente en las medidas. Antes ya existía ese discurso, pero estaba más oculto. Ahora va a cara descubierta, está calando muy especialmente entre los jóvenes, que han reconceptualizado el feminismo. Algunos incluso lo consideran una cosa negativa. Teníamos que darle al pacto esa visión de la necesidad de luchar contra el discurso negacionista.
Pregunta: El barómetro de juventud y género de 2023 desveló que un 32% de jóvenes consideran inevitable esta violencia. Legislativamente, España ha avanzado mucho desde 2004, pero nos encontramos con estos repuntes. ¿Cuál es el diagnóstico?
Respuesta: Nos encontramos con una generación que ha crecido con ese marco legal de igualdad, que ha sido educada en los valores de la igualdad teórica, pero que no acaba de ver la desigualdad que hay en muchas pequeñas cosas. Y se ha impuesto un enfoque por el que parece que las mujeres queremos ser más que los hombres, como de supremacismo, cuando el feminismo justamente es querer ser lo mismo, tener los mismos derechos asegurados. Tenemos que hacer entender a la gente que todos tenemos muchos prejuicios machistas, que tenemos que desaprender para entender por qué no estamos tratando a las mujeres de la misma manera que a los hombres.
Pregunta: ¿Qué medidas concretas echan en falta en el acuerdo? Medidas que no se hayan incluido para permitir el acuerdo.
Respuesta: Principalmente, todas las que podrían considerar la prostitución una violencia contra las mujeres. Esa ha sido la gran renuncia del Partido Socialista en el pacto. Hay algunas medidas muy puntuales, algunas muy específicas, sobre la trata. Y otras que abordan cómo conocer mejor el fenómeno de la prostitución, informar a todas esas mujeres y tratarlas de la mejor manera posible para que conozcan sus derechos, para darles alternativas a la prostitución. No hemos conseguido que se reconociera como una violencia específica contra las mujeres y ha sido doloroso. Pero hemos entendido que podíamos seguir trabajando ese tema al margen del pacto, y que era la única manera de que el acuerdo saliera.
Pregunta: ¿Eso quiere decir que van a volver a presentar la proposición de ley contra el proxenetismo? La que les tumbaron el año pasado.
Respuesta: No hemos decidido el siguiente paso, pero el grupo socialista no va a dejar ese tema. Es una prioridad, pensamos que es una violencia que sufren muchísimas mujeres, y está en nuestra mano avanzar. Por supuesto no basta con ponerlo en una ley, tenemos que trabajar sobre todo con los hombres, para que entiendan que lo que están comprando son cuerpos de mujeres. Que ninguna mujer quiere ejercer la prostitución, que la única característica común de la prostitución es la vulnerabilidad. Y que cualquier mujer que pueda salir de ese entorno, a la que se le garanticen unas condiciones de vida dignas, lo va a hacer.
Pregunta: El pacto alude al proxenetismo como violencia contra las mujeres, y reclama la ley de trata pendiente ya de la anterior legislatura. Pasó la primera vuelta en el Consejo de Ministros hace casi un año, y aún no ha llegado a segunda.
Respuesta: Se está trabajando intensamente en el Ministerio, ha recibido muchas aportaciones en la fase de consulta pública. Es una ley importante, delicada, que va a cambiar absolutamente el enfoque hacia esas víctimas. Creo que la mayoría de los grupos del Congreso entienden que es realmente necesaria. A pesar de que hay diferencias ideológicas y de concepto, creo que podremos trabajar y avanzar.
Pregunta: ¿Qué medida de las 461 elegiría?
Respuesta: Me gustan mucho las del ámbito sanitario. Una muy interesante pasa porque los profesionales de la atención primaria puedan reflejar correctamente en las historias clínicas cualquier episodio que se considere menor, porque a largo plazo puede ayudar en una valoración ante un juez. Puede ser el caso de mujeres que atraviesan depresiones, que tienen lesiones físicas que se pueden entender de menor gravedad. Si eso lo puedes analizar a lo largo de los años, a lo mejor te está dando un histórico que, de cara a presentar pruebas en un juicio, demuestra que esa mujer lleva muchos años padeciendo violencia.
Pregunta: En la parte judicial hay una propuesta para mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas, para que un juzgado no tome una decisión sobre un caso sin saber si se ha dictado una resolución previa o una orden de alejamiento. ¿Cómo no se ha hecho antes?
Respuesta: Con las comparecencias de los expertos hemos detectado que tenemos herramientas muy buenas, pero que a veces no están conectadas entre sí. Por eso hay muchas medidas que van en esa línea, para garantizar que los juzgados de familia y los juzgados de violencia sobre la mujer se puedan comunicar. A veces puede estar decidiéndose sobre una custodia sin tener en cuenta que hay un proceso sobre violencia, o lo mismo con el tema de la violencia económica. Y hay otras medidas para que los juzgados se comuniquen mejor con la Policía, o para plantear que los servicios sociales municipales se integren en VioGén. A veces son los primeros conocedores de situaciones de las familias a las que no tiene acceso nadie más, porque no hay denuncia.
Pregunta: Una de las novedades es precisamente esa regulación de la violencia económica. ¿Cómo se va a regular y cuándo?
Respuesta: Para mí es uno de los ejes fundamentales del nuevo pacto. Se propone hacer a través de la transposición de la directiva europea, igual que con la violencia digital. Pensamos que es una de las tareas que el Ministerio abordará en un plazo relativamente corto, y la parte de violencia económica es especialmente importante. Una de las comparecientes, una jueza, vino a explicar cómo los maltratadores utilizan a veces esa violencia como forma de venganza. Para cortar cualquier aspiración de la mujer a conseguir autonomía e independencia fuera de las redes del agresor. Por ejemplo, descapitalizando empresas, o incluso a la propia familia, vendiendo o traspasando propiedades. Ocultando ingresos, cortándole cualquier financiación y, por supuesto, no pagando las pensiones compensatorias que establecen los jueces. Eso supone un menoscabo presente y futuro, te están cortando tus posibilidades actuales, tu futuro y el de tus hijos.
Pregunta: Sobre la violencia digital, el año pasado la ministra Redondo anunció la puesta en marcha de una comisión interministerial para regular el acceso de los menores al porno. ¿Cuándo habrá avances?
Respuesta: La comisión de expertos emitió su informe con una serie de recomendaciones [en diciembre]. De hecho, las tuvimos en cuenta para redactar algunas de las medidas que hablan de violencia digital. Y ya existe un anteproyecto de ley sobre el acceso de los menores a contenidos no apropiados para su edad [aprobado en el Consejo de Ministros, en primera vuelta, en junio de 2024].
Tenemos que ir a una regulación de los contenidos a los que pueden acceder los menores. No es una cuestión de libertad, porque en el debate se planteó por parte de algunos grupos que, a lo mejor, se trata también de que cualquier persona pueda tener capacidad crítica. Los menores de según qué edad no pueden tener capacidad crítica para evaluar algunos contenidos que están recibiendo, que están suponiendo un impacto muy importante en la manera en la que están creciendo, en la formación de su concepción de las relaciones afectivas sexuales. Es imprescindible que ese acceso a contenidos, que cada vez son más violentos, esté regulado.
Pregunta: Hay críticas al acuerdo por parte de asociaciones y de víctimas. Algunas interpretan que el formato del pacto de Estado está anticuado, o cuestionan que se emitan unas recomendaciones que, en definitiva, luego otros tienen que implementar.
Respuesta: Todo es mejorable. Durante los trabajos hemos sido conscientes de que habría cosas que sería mejor hacerlas de otra manera, o más rápido. Pero el pacto tiene muchísimo valor, porque supone que sobre esos 461 puntos hay acuerdo, y que por tanto los podemos trabajar en el ámbito local, autonómico y nacional. Ahora cada uno tendrá que asumir su deber y su responsabilidad como firmante de este pacto, pero son muchas llamadas de atención a muchos sectores, muchos deberes que nos hemos puesto, los legisladores los primeros. No es justo quitarle el valor. No sé si tendremos otro pacto de Estado en esta legislatura, creo que tiene muchísimo valor.
Pregunta: El informe de ejecución del pacto (2023) dijo que se habían cumplido, en diferentes grados, dos tercios de las medidas. En su anexo sólo dan por cumplidas 60 medidas. ¿Se han alcanzado otras que no se incluyen? ¿Hay alguna forma de garantizar su cumplimiento?
Respuesta: Hay medidas que ya se cumplen, pero que se vuelven a integrar en el nuevo texto. No puedes eliminar medidas como las campañas de sensibilización, por ejemplo. Seguramente se han cumplido muchas más de las que aparecen como cumplidas, pero nos hemos querido poner la tarea de mantenerlas. Y, en cuanto a la evaluación del pacto actual, obliga a la Delegación del Gobierno contra la violencia de género a hacer un informe anual, que hasta ahora no teníamos. En un plazo de tres meses desde la aprobación del pacto, la Delegación tiene que establecer a quién corresponde cumplir cada una de las medidas. Se hizo con el pacto anterior, pero esta vez tienen un plazo muy corto para ello. Además, las entidades locales y las comunidades autónomas tendrán que hacer un informe anual del uso que le han dado a los fondos y llevarlo a sus respectivos plenos. Y se habilitará una plataforma informática en la que se vuelquen los datos de todas las entidades que reciben fondos, para que se pueda comprobar de una manera más ágil en qué se usan.
Pregunta: ¿Quiénes incumplen más el pacto? Porque al final son una serie de recomendaciones que se dirigen bien al Gobierno central, bien a las comunidades autónomas, bien a las entidades locales.
Respuesta: No es tanto un incumplimiento formal, que haya un deseo expreso o un boicot por parte de nadie, sino que realmente a veces no acabamos de profundizar por falta de formación. Había medidas en el pacto anterior que iban en la línea de evitar el SAP [síndrome de alienación parental]. El SAP se ha prohibido, pero se sigue aplicando. Tampoco se aplica siempre la perspectiva de género.
Pregunta: Vox llevó a la subcomisión a comparecientes a favor de considerar el SAP. Todos los grupos sostienen que se han dedicado a boicotear los trabajos, ¿qué lectura hacen?
Respuesta: Es incomprensible. En todos estos meses de trabajo, en ningún momento han tenido un enfoque respetuoso con las mujeres. Nunca, nunca. No hay posibilidad de acuerdo con ellas en ningún caso. Todos sus objetivos siempre pasan por intentar demostrar lo que funciona mal. Nosotros también queremos saber lo que funciona mal, pero desde un punto de vista constructivo, para mejorarlo. En su caso es sólo con el objetivo de demoler lo que hemos construido en estos 20 años. Lo dijeron en el pleno en el que se aprobó el pacto, cuando afirmaron que quieren pasar la motosierra a toda esta normativa. Habría que preguntar qué le ofrecerían a todas las mujeres asesinadas, apalizadas o anuladas por sus parejas, si realmente pasaran la motosierra.
Pregunta: Sumar acaba de presentar una iniciativa para modificar la Constitución y blindar el derecho al aborto. ¿Cómo la ven? El año pasado dijeron que no se daban las condiciones para tener este debate.
Respuesta: Nosotros lo incorporamos en nuestro congreso de Sevilla, en diciembre. Para nosotros debe ser un derecho fundamental. Otra cosa será como lo proponga Sumar. Tenemos la información de ahora mismo, de la rueda de prensa. El objetivo lo compartimos. Veremos en qué términos se plantea y cómo se lleva a cabo la negociación.
Pregunta: ¿Qué esperan de este 8M? ¿Cuál debería ser la reivindicación fundamental, teniendo en cuenta el repunte de discursos que niegan la violencia machista?
Respuesta: El enfoque siempre es el de la igualdad plena y efectiva. Estamos en un sistema que cada vez nos reconoce mejor los derechos. El año pasado aprobamos la ley de paridad. Este año ha sido el nuevo pacto de Estado. Se producen avances, pero tenemos que llevarlos al terreno. Y para llevarlos al terreno, ese contacto con la gente joven es fundamental. Tenemos que frenar el discurso negacionista.
Pregunta: No ha habido ningún otro pacto de Estado, sobre ninguna materia, entre que se firmó el anterior contra la violencia machista, en 2017, y éste, en 2025. ¿Por qué?
Respuesta: Estamos en una dinámica política en la que lo que parece que le da puntos a la oposición es conseguir que el Gobierno pierda votaciones. Si ese es el enfoque, absolutamente destructivo, nunca constructivo, es muy difícil que volvamos a conseguir una mayoría tan amplia como la de ayer [el miércoles]. Les pediría a los grupos de la oposición que encontremos puntos de acuerdo, porque la sociedad los está demandando.
Pregunta: ¿Y por qué aquí sí han encontrado esos puntos de acuerdo?
Respuesta: Espero que sea porque ha habido un compromiso sincero por parte de todos los partidos políticos, porque se ha entendido la gravedad y la necesidad de llegar a este acuerdo. Y que no haya sido por cálculo electoral de nadie. Espero que haya sido por eso.