La Fiscalía Europea (EPPO) ha decidido asumir el caso de Begoña Gómez, tomando la responsabilidad de las investigaciones sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, relacionados con la adjudicación de contratos públicos. Se sospecha que estos contratos podrían haber involucrado el uso indebido de fondos europeos, lo cual justifica la intervención de la EPPO.
Primero, la competencia del caso pasa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a la EPPO. Esto significa que el juez Juan Carlos Peinado ya no puede continuar con las diligencias sobre las adjudicaciones que venía investigando, aunque podría plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo (tendría que hacerlo después de entregar el sumario). Este procedimiento asegura que la EPPO pueda investigar a fondo sin interferencias de jurisdicciones locales.
Uno de los efectos más inmediatos de este cambio es la suspensión de las comparecencias de testigos programadas, y potencialmente también la citación de la propia Begoña Gómez, que estaba señalada para el 5 de julio como investigada, aunque, por ahora, la mantiene.
A su vez, esta reestructuración puede llevar a una mayor discreción en la tramitación del caso, dado que la Fiscalía Europea no comunica públicamente las decisiones que adopta durante sus investigaciones. Además, sus procesos suelen ser más lentos, lo cual podría retrasar el avance y la resolución de la causa. La EPPO prioriza la recopilación exhaustiva de pruebas y la coordinación con agencias europeas, lo que prolonga la duración de las investigaciones.
Menos cobertura mediática
La Fiscalía Europea, que es una entidad independiente de la Fiscalía española, asume el caso al sospechar que podría implicar el uso indebido de fondos europeos, dado que las adjudicaciones bajo investigación podrían haber estado financiadas por estos fondos.
En este sentido, se ha solicitado a Red.es y otros organismos que entreguen los expedientes completos de los contratos adjudicados a empresas vinculadas a Begoña Gómez, para verificar si hubo irregularidades relacionadas con tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, la EPPO ha enviado a la Guardia Civil a recopilar pruebas en las oficinas de Red.es para asegurar la integridad de la investigación y la obtención de todos los documentos relevantes.
Y sobre todo, en el plano mediático, la asunción del caso por la Fiscalía Europea supone un cambio profundo e importante.
La EPPO opera con un alto grado de discreción y no suele comunicar públicamente sus avances o decisiones durante la fase de investigación. Esto contrasta con la mayor visibilidad y cobertura mediática que suelen tener los casos manejados por juzgados nacionales. La falta de información pública puede reducir la presión mediática sobre los implicados y evitar filtraciones que podrían influir en la percepción pública del caso. También supone mucha menos transparencia sobre los detalles del caso, que ya no podrán ser compartidos con transparencia por la prensa.
A su vez, esta falta de información impide que los medios y el público perciban en detalle el desarrollo del caso. Al haber menos información disponible, se reducen las especulaciones y rumores que suelen acompañar a investigaciones de alto perfil. Pero también disminuye la transparencia, creando un velo mucho más tupido sobre una investigación que involucra de manera casi directa al Gobierno de España, entorpeciendo la rendición de cuentas.
Un precedente de intervenciones
La Fiscalía Europea ya ha intervenido en otros casos en España. Un caso clave fue el de la defraudación en la venta de hidrocarburos, donde la EPPO asumió la competencia del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Esta investigación abordó un complejo esquema de fraude que afectaba a varios países europeos, lo que justificó la intervención del organismo europeo. Otro caso fue el de fraude de subvenciones en Getafe, donde la EPPO se impuso al Juzgado de Instrucción número 1.
En ambos casos, el Tribunal Supremo apoyó la competencia de la EPPO, subrayando su capacidad para manejar casos transnacionales con implicaciones financieras sustanciales. Un tercer caso involucró un fraude en el uso de fondos estructurales europeos en Andalucía, donde la EPPO trabajó en estrecha colaboración con autoridades locales para desentrañar una red de corrupción que desviaba fondos destinados a proyectos de desarrollo regional. En todos los casos, el de la EPPO fue un enfoque meticuloso, que resultó en investigaciones prolongadas pero luego profundamente detalladas.