Las devastadoras secuelas de la DANA, tanto las irreparables como las materiales, han dejado en evidencia la magnitud del desafío económico y logístico que enfrenta la Comunidad Valenciana. La pregunta que surge con fuerza es: ¿de dónde saldrá el dinero para reconstruir todo?
Para muchos, incluida la administración autonómica, la respuesta principal parece inevitable: endeudamiento. Ante esta situación, el presidente Carlos Mazón reclama en la XXVII Conferencia de Presidentes dos iniciativas clave: un Pacto Nacional contra Inundaciones y la creación de un Fondo Extraordinario Nacional para Catástrofes. Estas propuestas buscan dar una respuesta estructural y evitar la improvisación frente a emergencias naturales de gran magnitud.
Mientras tanto, en el ámbito autonómico, el Consell trabaja contrarreloj para ajustar las cuentas del próximo año a las necesidades generadas por la DANA. Según advertía a principios de mes la vicepresidenta portavoz, Susana Camarero, la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2025 avanza “a marchas forzadas” para garantizar los recursos necesarios. El reto no solo es atender la reconstrucción inmediata, sino también asegurar una planificación sostenible que permita responder con rapidez y eficacia a posibles desastres futuros.
Número rojos
Los cálculos de la factura de la reconstrucción de Valencia tras la DANA apuntan a datos milmillonarios, por lo que afrontarla obligará a asumir un mayor endeudamiento de las arcas públicas. De momento, en 2025 la Generalitat Valenciana tendrá que afrontar el pago de 1.200 millones de euros en concepto de intereses por la deuda de casi 60.000 millones de euros que arrastra desde hace años. “Una cifra que seguirá creciendo”, alerta la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino. Merino exigió al Gobierno este jueves, 12 de diciembre, la movilización de 4.800 millones de euros de la Unión Europea para costear la recuperación de la DANA.
Ante a esta situación que la consellera ha calificado como “insostenible”, Carlos Mazón presenta hoy, 13 de diciembre, la propuesta de un “fondo de solidaridad” frente a catástrofes en la Conferencia de Presidentes en Santander. El presidente valenciano pondrá también sobre la mesa un “plan nacional contra inundaciones” para actuar sobre los 30 barrancos “con más peligrosidad en toda España”. Mazón pretende con ello que la experiencia que todavía se vive en casi 90 municipios valencianos no caiga en el olvido. “No aprender de esto sería un error”, manifiesta.
Estas dos propuestas del Consell llegan en un momento de crispación entre el Gobierno valenciano y central por lo que Merino ha definido como un “maltrato financiero”. “El Gobierno de España maltrata financieramente hablando a la Generalitat Valenciana y más ahora con la catástrofe que estamos viviendo”, afirmó este jueves la titular de Economía y Hacienda del Ejecutivo valenciano en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Valencia. Merino también ha criticado la magnitud de las ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los afectados por la DANA: “Cuando oigo lo de los 16.000 millones, me da la risa”.
El flujo del dinero
La consellera valenciana ha arremetido también contra Montero por “no permitir al gobierno autonómico conceder ayudas a fondo perdido”. Para justificar la petición de un nuevo fondo de financiación “urgente” ante catástrofes naturales Mazón proclamaba: “No puede ser que estemos con formularios y conflictos con administraciones para gestionar las ayudas en plena emergencia”. En el Consell se destacó como ejemplo de buena práctica la inyección de recursos a fondo perdido que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó a las comunidades autónomas durante la pandemia.
La responsable de la Consejería de Hacienda lamentó que, esta vez, la respuesta del Gobierno haya sido: “Endéudese”, y denunció que Montero rechazara más transferencias a la Comunitat. “No nos cabe en la cabeza que nos digan con esta tragedia que nos tengamos que endeudar más“, criticó Merino.
La Generalitat Valenciana ya afronta un incremento del gasto público por la devastación provocada por la DANA. Sin la posibilidad de una inyección directa, la deuda es la única alternativa clara del Gobierno que preside Carlos Mazón para financiar su reconstrucción y recuperación tras la catástrofe. En concreto, la consellera ha señalado que los presupuestos contarán con una “capa superior”, una ‘línea DANA’ que garantizará la llegada de dinero a través de mecanismos de endeudamiento. “Vamos a iniciar el año con una prórroga técnica y valoramos todos los escenarios”, comentó y asentó que el dinero iba a llegar a los afectados “sí o sí”.
Un fondo para evitar endeudamientos futuros
Es para evitar estas situaciones en el futuro que Mazón presenta el ‘Fondo Extraordinario Nacional para Catástrofes’. Constituido a través de una ley, el recurso evitará a las administraciones que tienen que afrontar una catástrofe endeudarse para hacer frente a los gastos, inversiones y ayudas. “Se ganará en inmediatez hasta que los mecanismos de respuesta de aseguradoras y Consorcio estén activados y cubrirá, parcialmente, aquellas contingencias no resueltas en los mecanismos de apoyo a las catástrofes naturales por falta de cobertura inicial”, explicó el president.
La Generalitat asegura que el fondo extraordinario permitirá eliminar burocracia, procesos lentos y discusiones competenciales, de forma que la respuesta para conceder ayudas, indemnizaciones y fondos de primera necesidad se dé de manera automática. El jefe del Consell asegura que el objetivo de estas propuestas es “arbitrar medidas y políticas para defendernos mejor de las catástrofes naturales, prevenirlas en la medida de lo posible y dar la respuesta más eficaz y eficiente posible en el caso de que se produzcan”.
El Pacto por la participación y protección de la sociedad
Carlos Mazón va a demandar en la Conferencia de Presidentes “consenso, diálogo y la participación de toda la sociedad civil”. Esto se recogerá en un ‘Pacto Nacional contra Inundaciones’ que prepare a los territorios contra los riesgos de las avenidas con las infraestructuras necesarias, “a la vez que mejoramos nuestros sistemas de alerta temprana, nuestros protocolos de protección civil y fomentamos la cultura de la emergencia”.
Mazón recalca la importancia de incluir las reformas legislativas necesarias, así como la ejecución de las 30 obras prioritarias para la defensa hidrológica –que según la Generalitat llevan años de retraso– por valor de 3.100 millones de euros en los puntos de mayor riesgo donde viven alrededor de 2,5 millones de personas. Además de la implantación de los medios tecnológicos que permitan la mejor gestión de la información tanto para prevenir riadas como para cuando éstas se produzcan.
El president añadió que para lograr una verdadera cultura de la emergencia y la autoprotección se requiere “armonización y reestructuración de las políticas de ordenación urbanística y del territorio, y fomento de la concienciación ciudadana a través de la educación”. El jefe del ejecutivo valenciano incide en que estas medidas “mejorarán tanto en la respuesta a las situaciones de emergencia provocadas por los fenómenos climáticos extremos, como en las medidas destinadas a la prevención para mitigar el impacto de estos fenómenos”.