El territorio arrasado por la DANA en la Comunidad Valenciana es equivalente al de las Islas Baleares. Y la población afectada, a la de Castilla y León. Estos dos datos dan muestra de la magnitud de la catástrofe que en las últimas semanas ha puesto contra las cuerdas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que no tiene intención de dimitir. Su plan, más bien, es seguir adelante con una única meta: reconstruir todas las zonas que quedaron devastadas por las riadas el pasado 29 de octubre. Para ello, reorganizará el Govern que encabeza. Según anticipan fuentes próximas de su entorno a Artículo14, no hay previsión de que rueden cabezas. Sí de que se cambie el organigrama para adecuar la estructura del ejecutivo autonómico a la misión de paliar los efectos del temporal más mortífero de las últimas décadas.
La DANA, en definitiva, marca un punto de inflexión en la legislatura. Obliga a cambiar las prioridades. Y para el nuevo periodo que se abre en el Govern suena al alza un nombre: Susana Camarero, vicepresidenta primera y responsable de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Las citadas fuentes confirman a este periódico que “va a tener un papel clave”, aunque eluden entrar en detalles. Entre otras cosas, porque sólo los sabe Mazón, y no los ha compartido con nadie. Será este jueves, durante su comparecencia ante las Cortes valencianas, cuando desvele cómo queda la segunda remodelación que lleva a cabo. Este verano, como consecuencia de la salida de Vox -ordenada por Santiago Abascal a raíz de la postura de Feijóo con el reparto de menores migrantes-, ya tuvo que mover algunas fichas.
Ayer el president confirmó que adecuará “toda la estructura del Gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción”. Lo hizo en una comparecencia ante los medios en la que, por primera vez, agachó la cabeza por la gestión de la crisis y entonó una suerte de disculpa: “Va a tener que llegar un momento, más pronto que tarde, en que todas las instituciones revisemos nuestra actuación. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin duda”.
El primero de los errores, admitió, fue “no haber prestado demasiada atención a la rambla del Poyo”. Aunque, añadió: “No es competencia de la Generalitat”. Pero la prioridad todavía es devolver cierta normalidad a las calles inundadas. “De las cuestiones políticas hablaremos a partir del jueves”, insistió Mazón.
Preguntado por sus “sensaciones políticas”, aseguró sentirse “respaldado por la responsabilidad” que ostenta y, también por su partido. En ese aspecto, la dirección nacional del PP, como ha venido publicando este diario en los últimos días, mantiene el cierre de filas con el barón valenciano. “Plantear una dimisión en este momento sería una irresponsabilidad”, reiteran desde la cúpula, donde se muestran molestos con las presiones mediáticas a izquierda y derecha para que Alberto Núñez Feijóo empuje por el barranco a su presidente territorial.
Si buena parte del debate gira en torno al previo de la gestión, el PP reprocha que nadie exija explicaciones a Emiliano García Page, Teresa Ribera o Pedro Sánchez sobre “con quiénes comieron” o “dónde estaban” el día en que unos seiscientos litros de agua cayeron a bocajarro sobre la Huerta Sur valenciana. Una de las mayores críticas que se realiza a Mazón es que, mientras el agua empezaba a desbordar algunas poblaciones, se encontraba incomunicado en una comida con una periodista. Pero el entorno de Feijóo no cree que se deba de abrir causa contra él por este hecho. Ni tampoco por una alerta que el presidente de Castilla-La Mancha “directamente no envió”.
El PP trata de equilibrar las responsabilidades entre el gobierno de Mazón y el de Sánchez. El argumento es que si tiene que caer un presidente autonómico por este episodio, también debería de caer el mismo Pedro Sánchez, por no tomar las riendas a tiempo como, contraponen en Génova, “hubiera hecho Feijóo de haber sido él el presidente del Gobierno en ese momento”. En la dirección popular la decisión es apostar por el pragmatismo y dar tiempo a Mazón, que pretende resarcirse con la consiguiente explicación pública y con un cambio en el Govern para afrontar lo que queda de legislatura.