La investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos se encamina a un choque judicial sin precedentes entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. La defensa del máximo responsable de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ultiman el recurso de amparo ante el tribunal de garantías, según ha podido saber Artículo14, para solicitar la nulidad de la causa al entender que se vulneraron sus derechos en el registro de su despacho.
Ante este escenario desde el Tribunal Supremo, donde el magistrado Ángel Hurtado instruye la causa, señalan a este periódico que la “maniobra” de García Ortiz colocará al Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ante una “prevaricación de libro” si admite el citado recurso. “Sería delinquir”, apostilla un magistrado que recuerda que al amparo solo puede ir tras la última resolución de la jurisdicción ordinaria.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece ante el Senado para presentar la memoria de la Fiscalía del año 2023 este martes, en Madrid.
El recurso de amparo está regulado en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dicta que “las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso”.
Para ello, es necesario que se cumplan varios requisitos: que se hayan agotado todos los medios de impugnación dentro de la vía judicial, que la violación del derecho sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos y que se haya denunciado formalmente.
En el caso de García Ortiz es evidente que la primera de las premisas se incumple dado que el procedimiento está en fase de instrucción. Su defensa tiene la opción de solicitar la nulidad de la entrada y registro en su despacho y en el de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, ante la Sala sentenciadora del Supremo en cuestiones previas y en el juicio oral si finalmente prospera la causa.
Hasta el momento solo se ha pronunciado el instructor ordenando el registro y la Sala de apelaciones del Supremo, confirmándolo tras concluir que “existen indicios que permiten adoptar esta medida (el registro del despacho), están motivados y expresados en los autos cuestionados, pues tales indicios son, no solamente suficientes, sino exhaustivos, y han sido valorados tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como por la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, como por el propio magistrado instructor”.
Pedro Sánchez, el presidente del Constitucional Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Senado Pedro Rollán y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante un acto en el Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del Día de la Constitución, este viernes en Madrid.
Incluso una vez dictada la sentencia por el Supremo, antes de acudir en amparo al Constitucional, se podría plantear la nulidad de la propia resolución si se considera que han vulnerado derechos fundamentales. García Ortiz no ha sido ni juzgado ni condenado por lo tanto no podría, según marca la ley, acudir a una jurisprudencia de carácter subsidiario como el tribunal de garantías.
“Cándido decide”
¿Por qué el fiscal general presenta entonces su recurso de amparo en este momento? En términos judiciales busca evitar el probable enjuiciamiento dado que tanto su defensa como la Abogacía del Estado esperan que el Constitucional aboque a pleno -donde siete de los doce magistrados son progresistas- la admisión y resolución del amparo y dicte medidas cautelares que frenen la investigación.
En el propio tribunal de garantías hay nerviosismo entre los magistrados que en privado admiten que no se dan las condiciones para admitir a trámite el recurso del fiscal general. “Cándido decide”, señalan los más críticos con el presidente del TC que advierten de que un nuevo choque de legitimidades con el Supremo tras lo ocurrido con la rebaja de penas en el caso de los ERE “será acabar con la Justicia”.
En el Supremo las críticas son mucho más duras aunque tienen el mismo protagonista: “Si Cándido permite esto habrá terminado con la igualdad ante la ley, con la seguridad jurídica y con la propia ley”, lamentan quienes advierten que si un “tribunal político” usurpa la funciones al Supremo “será el Gobierno quien acabe dictando sus propios decretos con forma de sentencia del TC e inventando nuevas leyes a voluntad de cada caso”.
La defensa de García Ortiz lleva días estudiando el recurso que previsiblemente se acelerará después de que ayer el juez Hurtado asegurase en un auto que es una “evidencia” que el fiscal general del Estado “ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles”.