Es la segunda vez que Carles Puigdemont consigue burlarse de la justicia española. Según el secretario general de su partido, Jordi Turull, la afrenta fue aún más grave de lo que pensamos. En declaraciones a RAC1 aseguró que el expresident llevaba en territorio español desde el martes. Que pasó en Barcelona más de día y medio para después emprender su segunda huida y regresar a Waterloo como si nada, burlando la orden de detención vigente contra él, a los Mossos y, en general, al Estado español.
Siete años han pasado desde que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena intenta tomar declaración a Puigdemont como imputado en la instrucción del proces. En un principio, se le investigaba por los delitos de sedición y malversación. Con la reforma del código penal pactada entre ERC y PSOE, el delito de sedición se transformó en desobediencia para el expresident. Tras la ley de amnistía, también acordada entre el Gobierno y ERC, el Supremo entendió que la desobediencia quedaba eliminada del historial de Puigdemont. Pero el Alto Tribunal consideró no amnistiable el delito de malversación por el que podría cumplir una pena de 12 años de prisión. Por eso, Llarena mantiene la orden de detención nacional que debería, según fuentes judiciales, “tener movilizados a los servicios de policía de La Guardia civil, de la Policía Nacional y de todos los cuerpos autonómicos”, para su detención inmediata en el caso de que cruzara la frontera como ocurrió este jueves.
Sin embargo, parece que algo falló o no se planificó bien con la aparición estelar de Puigdemont obligando a Llarena a pedir explicaciones a los Mossos y al Ministerio de Interior: “Que informe sobre cuál era el operativo aprobado y dispuesto para su detención; sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial; así como de los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo”, reza la providencia de Llarena.
Fuentes del CNI indicaron a Artículo 14 que “no se estaba haciendo ninguna monitorización” de la llegada de Puigdemont. Algo que contradice al director general de los Mossos, Pau Ferrer, que, en rueda de prens, aseguró que “se mantenían canales de información con inteligencia”. Alegaron desde los Mossos un error de cálculo: “Creíamos que el señor Puigdemont accedería al Palau del Parlament por la puerta más próxima a la estación de Francia. La situación cambió en muy pocos instantes”, aseveró Ferrer. Por su parte, el Conseller de Interior, Joan Ignasí Elena denunció: “No preveíamos un comportamiento tan impropio de quien fue la máxima autoridad del país”.
Ahora tendrán que remitir el pormenor del dispositivo fallido al Tribunal Supremo que, pese a su evidente malestar, por el momento descartan nuevas acciones: “No adelantemos acontecimientos, hay que ver cómo se ha orquestado la pantomima de ayer”, dicen las fuentes consultadas. Eso sí las explicaciones o las medidas legales que pueda interponer el Supremo no podrían ir dirigidas al Ministerio de Interior o a la Consejería de Interior: “Las responsabilidades penales no puede ser exigidas a organismos públicos. Únicamente pueden ser exigidas a las personas concretas que hayan participado en la fuga de Puigdemont o a quienes sean responsables de que no se haya ejecutado la detención”, explica el magistrado Joaquim Bosch.
¿Por qué no se puede detener a Puigdemont en Francia?
En este momento el juez Pablo Llarena solo tiene interpuesta contra Puigdemont una orden nacional de detención. Ahora mismo no hay activa ninguna euroorden porque, tras la reforma del Código Penal, Llarena desactivó la orden europea de detención que mantenía activa contra el expresident por el delito de sedición, ya que este desapareció del Código Penal.
En julio del año pasado, la Fiscalía pidió que se reactivará con los delitos que se le seguían imputando a Puigdemont: desobediencia y malversación. Sin embargo, Llarena lo rechazó. Pese a que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo retiró la inmunidad parlamentaria del líder de Junts dando vía libre al magistrado para volver a emitir una orden de detención europea, Llarena consideró que, como esa decisión iba a ser recurrida, era inútil emitir una nueva euroorden: “”Quedaría inmediatamente paralizada, antes de alcanzar su objeto, si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso; obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento”, rezaba el documento de Llarena en respuesta a la petición de la Fiscalía.
Esa decisión del TJUE llegará en septiembre de este año. Por eso, por el momento, en el Supremo descartan emitir órdenes de arresto internacionales. Y menos cuando Puigdemont ha estado presente en España y no ha sido detenido. Aseguran las fuentes consultadas que no creen que “ningún tribunal vaya a querer hacer lo que ve que nosotros no hacemos”.