El Gobierno se pone el parche antes de que haya herida -visible- con los Presupuestos Generales del Estado para 2024, y con su discurso dibuja dos bandos o posiciones claras. Por un lado está el bando de Pedro Sánchez, quienes quieren unas cuentas públicas para “resolver los problemas de la gente”, y por otro el de los grupos parlamentarios que tienen en su mano la aprobación del proyecto de ley que debería llegar al Congreso antes de octubre. Y que en escasas horas le han hecho llegar varios avisos sobre el elevado precio de sus votos.
Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, los partidos pueden “sumarse a unos nuevos presupuestos”, “mejorar vidas” o reconocer que “están a lo suyo”. El Gobierno, que fuera de cámara sí asume su debilidad parlamentaria y las “complejidades” que añaden a la ecuación los congresos de Junts y ERC (octubre y noviembre), redirige sus mensajes para tratar de afianzar bien esta distinción y elevar la presión sobre los grupos parlamentarios. Y para intentar que sean ellos los que paguen electoralmente la factura si no hay nuevas cuentas, por segundo ejercicio consecutivo. “Si están a lo suyo, tendrán que explicar a los ciudadanos por qué no desean que nuestro país afronte los problemas de la gente y que sigamos mejorando nuestro país”, señaló Bolaños el miércoles.
El recado para sus socios llega casi en paralelo a que estos lancen sus propias proclamas. Compromís, dentro del grupo Sumar, avisó este miércoles a Moncloa de que no podrán contar con ellos, ni para los presupuestos ni para sacar adelante la reforma legal que materialice el pacto entre el PSC y ERC en Cataluña, si antes no aprueba un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana. Los dos escaños de la coalición valencianista son vitales para el bloque de investidura, pero además su rechazo tensaría aún más el frágil equilibrio en el que vive Sumar, la alianza de partidos que tiene como referente a Yolanda Díaz.
El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, recordó además que su lealtad es “primero” con los valencianos que les votaron el 23-J, y después con la coalición de Díaz. La relación del partido de Baldoví con Sumar ha atravesado varios momentos de tensión, hasta alcanzar límites en la negociación de las listas para las elecciones europeas (9-J). Siempre han reivindicado su autonomía dentro del grupo, y en su espacio dan por hecho que podrían llegar a votar por libre en este escenario, con o sin la connivencia de Díaz. El movimiento sería duro para Sumar, pero para el Gobierno en su conjunto supondría un golpe aún mayor.
Sus palabras llegan, además, cuando aún resuena la advertencia de Junts el martes, durante la Diputación Permanente del Congreso: “No somos socios de este Gobierno”, avisó la diputada Marta Madrenas i Mir. Una carga de profundidad tras votar en contra del Ejecutivo o abstenerse en las 10 cuestiones sobre las que se pronunció la Cámara Baja. Ninguna de las peticiones de comparecencia del PP sometidas a votación salió adelante, ni siquiera las que tenían que ver sobre la “financiación singular” de Cataluña, pero Junts no quiso ahorrarse este gesto. “La realidad fue que ayer el Gobierno ganó todas las votaciones en el Congreso y el Partido Popular las perdió”, destacó Bolaños el miércoles, tratando de desplazar los focos.
Fue una pequeña victoria, pero ya saben que vienen curvas y que la opción de prorrogar las cuentas de 2023 gana enteros en las quinielas. Las negociaciones de los presupuestos de 2021, 2022 y 2023 ya fueron agónicas, cuando aún no dependían de Junts y sus socios de coalición tenían más peso. Y cuando tenían de su lado al exministro de Transportes y hoy diputado del grupo mixto José Luis Ábalos, que ocupa otro escaño necesario para el bloque de Sánchez.
El que fuera número tres del PSOE hasta 2021, con una influencia notable en toda su estructura, manifestó el lunes su enfado con su sucesor en el Ministerio, Óscar Puente. Consideró “improcedente”, “de tribunal de honor”, la auditoría interna que encargó el nuevo ministro sobre la trama Koldo, y según distintos medios dejó en el aire su apoyo al Gobierno en el futuro. Cuestionado por Artículo 14, prefiere no aclarar sus próximos pasos, si bien ya ha acusado antes a su partido de haberle dejado en la estacada.
Además de Ábalos, en el mixto están los cuatro diputados de Podemos, el partido que hace poco más de un año aún formaba parte del Gobierno. Los morados dan por muertas las cuentas incluso antes de que vean la luz y apuntan a una prórroga de las ya vigentes. El PSOE ni siquiera les ha sondeado sobre los futuribles presupuestos, y públicamente avisan de que no los apoyarán si instauran nuevos “recortes”. Estos cuatro votos tampoco serían fáciles de lograr; Podemos ya dejó caer un real decreto ley del Ejecutivo, y también ha dejado claro su malestar con un Gobierno instalado en la “inacción”, del que no espera grandes avances.
Hay otras alianzas que parecen más probables, como la relación estable con el PNV, pero la fragmentación del arco parlamentario hace necesarios prácticamente todos los escaños a los que puedan mover a su causa. En Moncloa afirman que trabajan con la “posibilidad” de aprobar unas nuevas cuentas, y el giro discursivo evidencia que conocen su complejidad.
En las filas de uno de los socios parlamentarios teorizan, incluso, que a Sánchez no le interesa contar con unos nuevos presupuestos: primero, porque tendrían que apretarse el cinturón del gasto, ante los toques de atención de Bruselas. España salió del procedimiento de déficit excesivo en junio, evitando sanciones, pero la Comisión Europea volverá a evaluar la situación en otoño. Y segundo y más importante, porque asumen que pactar con ERC y con Junts en este contexto es buscar la cuadratura del círculo.