Los partidos se dan dos meses para sellar el nuevo pacto contra la violencia machista

Los trabajos para la renovación del pacto de Estado contra la violencia machista encarrilan su recta final en el Congreso de los Diputados. Distintos grupos presentes en la subcomisión que aborda esta materia prevén encarar en los próximos días la reunión en la que empezarán a esbozar su informe, que debería estar listo en diciembre, según el plazo original.

De ser necesario, los plazos pueden prorrogarse, y la máxima que repiten fuentes de los distintos grupos a Artículo 14 es alcanzar el “consenso” más amplio posible. Salvo con Vox, que acostumbra a exponer su “negacionismo” en esta subcomisión, nadie espera grandes problemas para lograr un acuerdo, y la etapa que se abre es fundamental para construirlo.

El debate se articulará sobre un borrador elaborado por el grupo socialista, en el que se incluirá la revisión de las medidas ya aplicadas, las que aún están por desplegar, así como las nuevas propuestas. Según el primer informe de evaluación del cumplimiento del pacto (2018-2022), de 290 medidas se han culminado el 65,5%, el 29,3% está en camino pero incompletas, el 3,2% se han incumplido y el 2% no han sido evaluadas.

Tras acoger 45 comparecencias de expertas y expertos, profesionales de la judicatura o de la Policía, (26 en la anterior legislatura, y 19 en la actual) los grupos tienen que vertebrar ahora las nuevas medidas, legislativas y no legislativas. Si avanzan a buen ritmo, estarán listas cuando se cumplan 20 años desde la aprobación de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

En esencia, hay tres ejes fundamentales de trabajo, que afectan a la violencia en entornos digitales, la económica y la violencia vicaria. Sobre esta última, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reiterado su llamamiento a incluirla en el marco del pacto de Estado, y todo apunta a que así será. De hecho, se estudiará definir oficialmente la violencia vicaria, pero también la económica.

Los grupos sopesan incluir también medidas que puedan suponer un desarrollo legislativo en cuestiones como el acceso de menores a la pornografía. En marzo, el Gobierno creó un grupo interministerial para estudiar esta materia, con el fin de activar un sistema de verificación de la edad de los consumidores de pornografía, dificultando el acceso a los menores, para finales de 2024.

La actualización de los recursos destinados a este pacto, o el establecimiento de medidas contra la trata (el Consejo de Ministros aún debe aprobar en segunda vuelta su futura ley contra la trata y la explotación de seres humanos), son otros puntos que las partes prevén abordar. En el acuerdo original, rubricado en 2017, también se incluyeron iniciativas relacionadas con el sector audiovisual o con las redes sociales, y todo apunta a que ahondarán en esta línea.

Las partes se muestran cautas, destacan la “sensibilidad” de esta materia, y se reconocen mutuamente la voluntad de diálogo y acuerdo. Todas, con la excepción de Vox, que pone la nota discordante en esta subcomisión, en la que distintas fuentes reconocen que despliega el mismo discurso que ya expone públicamente. Hay cuestiones que se prestan al combate partidista, pero todos los partidos del arco parlamentario insisten en dejar fuera de este espectro lo que tenga que ver con estos trabajos.

A diferencia de lo que ocurre con las comisiones, que incluso se retransmiten por streaming, los trabajos de las subcomisiones no son públicos. La idea es que este formato permite avanzar sin la presión de estar bajo los focos, sin que los diputados se manden recados, conscientes de que todo está siendo grabado.

Todos los partidos de la Cámara Baja, con la excepción de la ultraderecha, aprobaron en abril la creación de esta subcomisión, integrada por 15 diputadas y diputados. Como avanzó este diario, es la socialista Lidia Guinart quien debe presidir la comisión y la subcomisión que avanza estos trabajos en la recta final para renovar este acuerdo. Éste, junto con el pacto de Estado contra la pobreza infantil (mucho más incipiente), es uno de los escasos acuerdos de gran calado que hoy se contemplan viables, en una legislatura marcada desde el primer minuto por el enfrentamiento bronco en el Parlamento.

La semilla del pacto

En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero prometió que la ley contra la violencia machista sería “la primera” ley que llevaría al Parlamento. Cumplió. La norma estableció que la violencia de género “se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Diez años después, en 2014, el PSOE abanderó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) que instaba al Gobierno a promover la creación de un pacto de Estado en esta materia. Entre otras cuestiones, planteaba “reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias dotadas para este fin”. PSOE, Convergencia i Unió, UPyD y el grupo encabezado por Izquierda Unida, Izquierda Plural, pactaron una enmienda transaccional (conjunta) que fue rechazada por el PP, entonces con mayoría absoluta. La PNL fracasó, y otra iniciativa similar decayó en el Senado en 2015.

No fue hasta 2016 cuando PP y PSOE acordaron crearan una subcomisión dentro de la Comisión de Igualdad, sembrando la semilla que germinaría en 2017. En septiembre de ese año el pleno alcanzó un pacto, que salió adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto. Hoy, dejando al margen al partido de Santiago Abascal, nadie contempla quedarse fuera de este acuerdo.