Los partidos con representación en el Congreso de los Diputados trabajan para reeditar el pacto de Estado contra la violencia machista, y esperan que éste incluya más de 400 medidas, según trasladan fuentes de distintas formaciones a Artículo14. Aquí se incluirán las 290 iniciales (2017), revisadas y actualizadas -con algún descarte-, y las nuevas recetas que negocian en la subcomisión parlamentaria sobre esta materia.
A izquierda y derecha, desde las distintas fuerzas celebran la buena marcha de los trabajos. Y avanzan que la comisión, el órgano de trabajo del que pende la subcomisión, se reunirá este martes (tras el pleno) para votar la prórroga del mandato de la subcomisión durante algunos meses, previsiblemente hasta el 31 de marzo de 2025. “Hay que contar con el tiempo necesario para no agotar el margen”, apuntan. Esto supone que le texto no estará listo para el 28 de diciembre, cuando se celebra el 20 aniversario de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Pero no se agotará este plazo, aseguran. La decisión de extender los trabajos es compartida por todo el espectro político, que aspira a lograr “el consenso, a pesar de Vox”, en palabras de una diputada. La idea inicial pasaba por concluir su informe en diciembre, pero siempre se puso sobre la mesa la opción de acordar una prórroga, explican. Hay semanas en las que se reúnen en dos ocasiones, en encuentros que duran un mínimo de dos horas, y han llegado a extenderse durante cinco.
El método de trabajo pasa por revisar, una a una, las medidas e ideas recopiladas en un Excell por el Grupo Socialista. Ahí se incluyeron aportaciones de las parlamentarias y de los 45 comparecientes que han pasado por la subcomisión, y abarcan ámbitos como la prevención, la legislación y realidades como la violencia vicaria. Es la forma de operar que ya se empleó con el pacto inicial, rubricado en 2017, indican fuentes parlamentarias.
Ya han abordado debates como el uso del término feminicidio en el nuevo pacto, si bien se da por descartado porque esta terminología no aparece en el Convenio de Estambul. Una diputada apunta a que se ha puesto énfasis en abordar las situaciones habituales para las mujeres que residen en el ámbito rural, y que se ha “reforzado” todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia vicaria.
Ésta ya se mencionaba en el pacto anterior, y tras haberse introducido en la ley como violencia de género, hoy articulan “medidas para afrontar esta violencia”, que “preocupa especialmente” por los datos de los últimos años. Lo harán, explican, con el “enfoque de infancia” que “facilita” la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En función de las medidas que finalmente queden plasmadas en el pacto, se abordará seguidamente la discusión sobre el presupuesto.
En esencia, hay tres ejes fundamentales de trabajo: la violencia en entornos digitales, la violencia económica y la violencia vicaria. Los grupos sopesan incluir también medidas que puedan suponer un desarrollo legislativo en cuestiones como el acceso de menores a la pornografía. En marzo, el Gobierno creó un grupo interministerial para estudiar esta materia, con el fin de activar un sistema de verificación de la edad de los consumidores de pornografía, dificultando el acceso a los menores, para finales de 2024.
La actualización de los recursos destinados a este pacto, o el establecimiento de medidas contra la trata (el Consejo de Ministros aún debe aprobar en segunda vuelta su futura ley contra la trata y la explotación de seres humanos), son otros puntos que prevén abordar. Hay cuestiones que ya fueron sensibles en el primer pacto, y que lo siguen siendo hoy, como las que tienen que ver con el enfoque a adoptar ante la prostitución. Es una de las aristas más afiladas, pero todas las partes trabajan para buscar puntos comunes.
Según el primer informe de evaluación del cumplimiento del pacto (2018-2022), de 290 medidas se han culminado el 65,5%, el 29,3% está en camino pero incompletas, el 3,2% se han incumplido y el 2% no han sido evaluadas. La mayoría serán reeditadas e incluidas en el nuevo pacto, toda vez que muchas, como las que tienen que ver con la prevención, siguen y seguirán siendo necesarias, sostienen.
Alabanzas cruzadas entre izquierda y derecha
Todas las medidas incluidas en el borrador se están revisando de forma individual. Según distintas partes, son PP y PSOE, los grupos más numerosos, y por tanto los que tienen más recursos, quienes “marcan el ritmo” de la subcomisión que preside la socialista Lidia Guinart (también al frente de la comisión).
A diferencia de lo que ocurre con las comisiones, que se retransmiten por streaming, los trabajos de las subcomisiones no son públicos. La idea es que este formato permite avanzar sin la presión de estar bajo los focos, sin que los diputados se manden recados, conscientes de que todo está siendo grabado. Y sin que dediquen sus intervenciones a escenificar episodios pensados para ser distribuidos en sus redes sociales.
Esta ausencia de cámaras contribuye a generar un ecosistema inusual en la Cámara. En el que las diputadas de izquierdas alaban el trabajo de la parlamentaria Marta González (PP), o de Joseba Agirretxea (PNV). Y en el que en la derecha reconocen la labor de Andrea Fernández (PSOE) o a Gala Pin (Sumar-Comunes).
La nota polémica la aportan las diputadas de Vox, según varias fuentes presentes en la subcomisión. Hay quienes optan por ignorar sus salidas de tono -“Hay una especie de acuerdo tácito”-, y quienes optan por rebatirlas. En la izquierda aprecian una suerte de “cordón sanitario” para que “el negacionismo machista” no impida el avance de la comisión. En la derecha insisten en que el pacto saldrá y estará “a la altura” de su predecesor. Es único pacto de Estado que, a juicio de la mayoría de fuerzas parlamentarias, tiene ciertas garantías de éxito en una legislatura especialmente convulsa.