El nuevo pacto de Estado contra la violencia machista está a punto de ver la luz. Distintas fuentes parlamentarias aseguran que la subcomisión que trabaja en la actualización y ampliación del acuerdo en el Congreso de los Diputados prevé culminar sus trabajos durante la próxima semana, con idea de que el texto definitivo llegue al pleno durante el mes de febrero.
Una única diputada plantea que el aterrizaje en el hemiciclo se retrase hasta marzo, pero no ve opciones de “bloqueo”. La subcomisión es probablemente el espacio en el que más acercan posiciones los partidos de todo el arco parlamentario.
De hecho, el enfrentamiento entre las fuerzas del Gobierno, PSOE y Sumar, y el PP, ha ganado decibelios en los últimos días a cuenta del naufragio del decreto ómnibus y el correspondiente reparto de responsabilidades entre facciones. Las posiciones están más que enfrentadas, pero los trabajos para impulsar el pacto de Estado siguen en marcha. Lejos, hoy por hoy, de estas lógicas.
Hay previstas dos reuniones, martes y miércoles, en las que distintas fuentes aspiran a concluir el informe y así remitirlo a la comisión correspondiente. Será la primera vez que trascienda oficialmente el contenido del acuerdo, que aspira a generar el consenso entre todas las fuerzas políticas, menos Vox. La subcomisión, que en enero pisó el acelerador para reunirse dos veces por semana, trabaja lejos de cámaras y micrófonos.
Si se cumplen los plazos, la idea es que el texto sea debatido en la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia Machista poco después, y que los distintos partidos puedan formular votos particulares. El acuerdo, ya convertido en dictamen, deberá pasar después a uno de los plenos previstos para febrero. Esto es, antes de la fecha simbólica del 8 de marzo, día internacional de la mujer.
Inicialmente se proyectó que el pacto estuviera listo a finales de 2024, pero los grupos acordaron por unanimidad extender los trabajos por un máximo de tres meses, con intención de no agotar esta prórroga.
Distintos partidos sostienen que la prioridad es que el acuerdo sea completo y genere el mayor entendimiento posible. Siempre, obviando al partido de Santiago Abascal, al que todas las fuerzas acusan, con mayor o menor crudeza, de torpedear los trabajos.
Como avanzó Artículo14, el texto incluye más de 400 medidas, propuestas que aspiran a tener un desarrollo legislativo y otras que afectan a ámbitos como la formación. 290 han sido reeditadas, y el resto son de nuevo cuño.
Tras acoger las comparecencias de 45 expertas y expertos de distintos ámbitos, el grupo socialista elaboró un borrador sobre el que los grupos han ido haciendo aportaciones, y que han repasado medida a medida.
Su construcción se ha abordado desde tres ejes fundamentales de trabajo: la violencia en entornos digitales, la económica y la violencia vicaria. Según el primer informe de evaluación del cumplimiento del pacto (2018-2022), de 290 medidas se han culminado el 65,5%, el 29,3% está en camino pero incompletas, el 3,2% se han incumplido y el 2% no han sido evaluadas.
La prostitución, la parte “más controvertida”
Como ocurrió en la anterior ocasión, la prostitución es probablemente la materia en la que se identifican más diferencias, más posturas “desencontradas”, como explica una diputada. La cuestión “más controvertida” sobre la que pactar.
El ejemplo más claro de las divergencias entre los distintos grupos se vio cuando se debatió la admisión a trámite de la proposición de ley que el Partido Socialista llevó a pleno en mayo. La iniciativa para prohibir el proxenetismo sólo fue apoyada por el PSOE, el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria. Acabó descarrilando.
Son diferencias políticas que vienen de lejos, que ya se daban entre los partidos que redactaron el primer pacto. Y que todas las partes aspiran a superar. Se dan también en el feminismo, y básicamente dividen a los partidos entre quienes consideran que la prostitución debe ser abolida, y quienes entienden que debe regularse.
Se repite, aquí, el mismo escenario que ya se dio durante la preparación del primer acuerdo, en 2017, cuando la prostitución generó un debate considerable. También se ha operado con un esquema similar que entonces: priorizando las cuestiones menos espinosas, retrasando así las materias más complejas.
A diferencia de lo que ocurre en las comisiones, cuyas sesiones se retransmiten por streaming, los debates de las subcomisiones tienen lugar a puerta cerrada. Esto ha permitido que las diputadas de distintos partidos y signos políticos alaben el trabajo de sus compañeras del lado opuesto del hemiciclo.
Es uno de los escasísimos espacios de trabajo en el Congreso en el que, hasta el momento, todas las partes ponen mucho más énfasis en lo que les une que en lo que les separa.