Fumata blanca. El Gobierno logra el ansiado pacto con Junts para ceder a la Generalitat de Cataluña algunas competencias en materia migratoria. Es el paso que permite encarrilar el resto de las negociaciones con los independentistas catalanes, y se traducirá en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que rubrican conjuntamente los partidos que celebran este entendimiento.
PSOE y Junts han registrado esta iniciativa a primera hora de este martes. El pacto alcanzado pasa porque los Mossos d’Esquadra gestionen puertos y aeropuertos. También les permite que trabajen en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil. La Generalitat, por su parte, adquirirá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extrajeros (CIEs), así como las devoluciones de extranjeros.
“Los acuerdos en esta legislatura se cierran de hoy para mañana”, afirmaban hace escasos día desde el Ejecutivo. Se referían así a la tensión a la que les someten sus socios, y en particular a las dinámicas de Junts per Catalunya. Las dinámicas que han forzado la paralización de importantes leyes, y hasta las negociaciones para encarrilar los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
En la montaña rusa en la que se ha convertido la legislatura, hoy el Ejecutivo se muestra prudentemente optimista sobre el futuro de las cuentas públicas, y por tanto de la legislatura.
Para llegar a este punto, han llevado con gran discreción las conversaciones sobre el pacto en inmigración, casi sin revelar detalles. Durante la tarde del lunes, había voces que avanzaban que el texto llegaría pronto, apenas horas antes de que trascendiera.: “Falta poco”, aseguraban desde Ferraz.
Y había otras fuentes que deslizaban que la materia a abordar versaba sobre las formas, sobre cómo presentar y comunicar un acuerdo ya zanjado. Desde los canales oficiales sólo llegaba silencio.
Hasta este lunes, incluso primeros espadas del Ejecutivo habían anticipado que el pacto era inminente en varias ocasiones, sin que se confirmaran sus previsiones. Llevaban haciéndolo al menos dos meses, desde diciembre.
Más de un año de negociaciones
Se trata de una promesa que rubricaron hace más de un año, y ha atravesado momentos muy complejos, con cuestiones como la que afecta al nuevo encaje de los Mossos d’Esquadra en el control de fronteras. También han abordado que la Generalitat participe en las labores de expedición del Documento Nacional de Identidad (NIE) y el Pasaporte.
La letra pequeña de las conversaciones es desconocida incluso para dirigentes con galones, y algunos advierten de que hay líneas que no podrán “traspasar” con este acuerdo. Con reservas, uno de ellos advertía un cambio de actitud por parte de los neoconvergentes en las últimas semanas.
Y afirmaba que Junts demostró que no tenía “todas las cartas” la semana pasada, cuando puso fin a su órdago con la cuestión de confianza. Esta retirada, sumada al pacto con ERC para condonar más de 17.000 millones de euros de la deuda catalana, ha permitido que el Ejecutivo vea allanado el terreno para llegar hasta hoy.
Hay otras voces socialistas con conocimiento de las conversaciones que anticipan, desde hace más de tres semanas, que Junts tenía voluntad de acuerdo. Que han repasado conjuntamente los textos, casi punto por punto. Y que la vocación de pactar siempre tuvo más fuerza que las soflamas que pudieran lanzar desde los medios.
Desde el socio minoritario también se mostraban optimistas, a pesar del desconcierto que les generaban los silencios de Junts. Pero advierten de que, con la rebaja de las hostilidades, no se puede considerar “que se haya cristalizado una tendencia”. Esto es, que nadie puede descartar sorpresas, giros de guion y amenazas, más o menos veladas, por parte de la formación de Puigdemont.
Los Presupuestos, listos
En el ala socialista del Gobierno asumen estas incertidumbres. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene listos desde hace tiempo los Presupuestos y la senda de gasto, como explican fuentes de su Ministerio. Y espera a que Junts bendiga el pacto en materia de inmigración para dar el pistoletazo de salida a su tramitación.
En esta andadura, como en el acuerdo en materia de inmigración, se ha demostrado que a la tercera no siempre va la vencida. Montero ya llevó la senda de déficit al Congreso en septiembre, para retirarla ante la certeza de que Junts la tumbaría.
El Gobierno incumplió el mandato constitucional de llevar las cuentas al Congreso antes del 1 de octubre, y en estos meses ha amagado en varias ocasiones con no tramitarlas, ante el calvario parlamentario que le espera si inicia este camino. Por un lado, los primeros espadas del Ejecutivo afirmaban que el acuerdo con los grupos era posible; por otro, iban deslizando que, de no lograr unas nuevas cuentas, seguirían funcionando hasta 2027 con las actuales, las prorrogadas de 2023.
El último plazo que marcó el propio Pedro Sánchez, que planteó presentar las cuentas públicas en el primer trimestre del año, les deja con algo más de tres semanas de margen.
Antes, tienen que dar luz verde a la senda de déficit y a los Presupuestos en Consejo de Ministros, y de ahí las cuentas se remitirán al Congreso, donde tienen prioridad frente a cualquier otra iniciativa. Difícilmente pasarán todas las etapas en la Cámara Baja en menos de dos meses, y menos con la Semana Santa a la vista.
Las negociaciones, más largas que la de la amnistía
Ha habido iniciativas polémicas, jurídicamente difíciles de articular (ésta también lo es), que no han provocado tanta discordia ni incertidumbre. La ley de amnistía fue sometida a votación en el Congreso -y tumbada por Junts en su toma en consideración- en enero de 2024, por primera vez. Esto es, algo menos de dos meses después de la investidura de Sánchez.
El acuerdo sobre inmigración ha sido, hasta hoy, el gran obstáculo para volver a alcanzar velocidad de crucero. Su aprobación facilitaría las cuentas, al menos en lo que toca a los 7 votos de Junts. La activación de la maquinaria para impulsar quitas de deuda, tras el pacto con ERC sobre la deuda catalana, es otro avance.
Por parte de Podemos, sin embargo, las advertencias a Sánchez no han cesado. Este mismo lunes, en su habitual rueda de prensa, recordaron al Ejecutivo sus condiciones para negociar los Presupuestos: que el Gobierno rompa con Israel y que rebaje los alquileres, por ley, un 40%. Pablo Fernández, coportavoz del partido, los recitó en la comparecencia en la que se refirió a Donald Trump como un “delincuente fascista”, y en la que abogó por la salida de la OTAN.
El Ejecutivo prevé resolver el frente abierto con Junts de forma inminente, para después avanzar a esta y a otras pantallas. Sabe que los morados no tienen ningún interés porque la legislatura se prolongue.