Dos años por delante. Es el tiempo que queda para que la Agencia Tributaria de Catalunya se encargue de la declaración de la renta de todos los catalanes. Eso es lo que han firmado en el preacuerdo entre ERC y PSC para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat. Es una de las claves en la cesión del 100% de los impuestos a la comunidad autónoma. Que para el 2026, la Hacienda Catalana se encargue del impuesto de la renta correspondiente al ejercicio 2025 de sus ciudadanos.
En la actualidad, son cuatro los impuestos que recauda el Estado. El impuesto de la renta, el IVA, el impuesto de sociedades que pagan las empresas por sus beneficios y los llamados impuestos especiales, entre los que se incluyen el impuesto a la gasolina, el tabaco, el alcohol o los billetes de avión.
Actualmente, la Generalitat solo tiene cedidos el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Estos porcentajes traducidos en números y según los últimos datos de 2022, supone que la Generalitat gestionó directamente casi 10.600 millones de euros de la Renta y otros 8.835 del IVA además de 713 millones de los impuestos especiales. En total, 26.344 millones de euros. Pero con la cesión del 100%, esos números serían mucho más abultados. Habría que sumar otros 28.000 millones del resto de porcentajes que todavía hoy no controla más el impuesto de Sociedades.
La única manera de que Cataluña pueda gestionar el 100% de los impuestos sería saliendo del régimen común de financiación y por lo tanto, sería necesario modificar la Ley LOFCA de financiación de las comunidades autónomas. Dejaría eso sí una cantidad, todavía sin especificar, en concepto de solidaridad con el resto de autonomías.
Este preacuerdo no solo preocupa a otras comunidades autónomas que se sienten discriminadas sino también a los funcionarios públicos. El sindicato CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha publicado un comunicado en el que asegura que “velará por las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado destinado en Cataluña, ante las consecuencias que se deriven del acuerdo alcanzado entre PSC y ERC. A la espera de conocer el contenido del acuerdo, ante el eventual traspaso de trabajadores del Estado a la Generalitat, estaremos vigilantes para garantizar la seguridad jurídica, la independencia profesional, la adecuación de funciones y por supuesto las mejores condiciones laborales para el colectivo afectado”.
El problema es que no está claro el grado de implicación de los funcionarios del estado, sobre todo de los inspectores de Hacienda, que son los que se encargan en este momento por ejemplo de la declaración de la renta de todos los españoles. Muy duros se han mostrado desde la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que hablan de “rechazo frontal y absoluto” al preacuerdo alcanzado y que va en contra del principio de igualdad entre todos los españoles.
“La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña. La coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente y, por supuesto, la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen. Todo ello, sin perjuicio de las consecuencias que puede acarrear en menoscabo de la seguridad jurídica para el tejido empresarial español y para los contribuyentes. Además, el concierto con Cataluña supone la desaparición de la Agencia tributaria de ese territorio rompiendo la institución que mejor funciona en la Administración pública. IHE pedirá responsabilidades por ese destrozo del sistema tributario y de la Agencia Tributaria al Gobierno y a la ministra de Hacienda quien lleva meses diciendo que no iba a existir un concierto económico con Cataluña”. En la hemeroteca podemos encontrar declaraciones de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero hace nieve meses en las que aseguraba que era “radicalmente falso” que el Gobierno fuera a ceder el 100% de los tributos a Cataluña. Nunca en ningún momento se ha planteado” aseguró. Contentar a una comunidad autónoma va a suponer el rechazo de las dieciséis restantes.