El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) publicó este viernes, 17 de enero, el ‘Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia’, un informe que plantea varias cuestiones sobre los efectos de la catástrofe y el futuro de la provincia afectada. Uno de los focos del estudio apunta a la infravaloración de los daños ocasionados, que ascienden como mínimo a 17.000 millones e incluso podrían alcanzar los 20.000 millones, según los cálculos de sus investigadores principales. Además, señala el “limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas” como uno de los causantes de la magnitud de las pérdidas.
Desde que el barro se convirtió en protagonista de todas las portadas, la lluvia de cifras ha frivolizado los miles de millones de euros en pérdidas. Sin embargo, esta cantidad empieza a materializarse en forma de estudios que advierten la gravedad, e inexactitud, de estos datos. El Ivie apuntó en la presentación de su informe que, en la valoración del impacto inicial sobre el PIB realizada en 2024, la estimación de las pérdidas en los municipios afectados se enfrenta a la falta de “información regular a nivel municipal”. La investigación arroja “abultadas diferencias” en el impacto pronosticado en el recorte del crecimiento del PIB, que confirman la “incertidumbre que todavía existe en los cálculos”.
La perdida de la riqueza será mayor de lo esperado
El proyecto encargado por la Generalitat Valenciana observa que la destrucción de activos privados y públicos (viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales, industriales y agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras de todo tipo) se traducirá en una pérdida de riqueza mayor que lo que reflejará la caída del PIB al principio. De hecho, director y fundador del Ivie, Francisco Pérez, señaló: “El PIB no es la variable más adecuada para medir el impacto de la dana”. Esto se debe a que al ser una magnitud bruta no tiene en cuenta la destrucción de los activos. “Estos deberían ser la referencia fundamental para estimar el alcance de las ayudas directas necesarias, dado que las pérdidas de riqueza (activos) son muy superiores a las de los flujos económicos (PIB)”, manifestó Pérez.
Según las investigaciones, en los 89 municipios afectados por las inundaciones (se excluye la ciudad de Valencia) se localiza el 35% de los activos de la provincia, cuyo valor equivale a 85.900 millones de euros. Partiendo de ese porcentaje, con las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja sobre los daños en los activos de las empresas, que son 13.000 millones de euros, más los 2.900 millones de euros en destrucción de infraestructura que cifra el Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana, vehículos, y unos “reducidos porcentajes de daños en el stock de viviendas”, la publicación del Ivie calcula las pérdidas en sobre el 20% de los activos totales. En ese escenario planteado, la magnitud de las pérdidas “superaría fácilmente los 17.000 millones de euros”, una cifra muy superior a las previstas. El director adjunto de investigación del Ivie y catedrático de Análisis Económico en la Universitat de València, Joaquín Maudos, eleva esta cantidad hacia los 19.000 millones, a los que, apunta: “Añadiría el PIB que el BBVA- Research estima en una décima, es decir, en 1.500M más, por lo que nos vamos a 20.000 millones de pérdidas”.
Voluntarios ayudando tras la DANA
Frente a esto, los investigadores valencianos aconsejan firmemente ayudas a fondo perdido. No obstante, “estas ayudas solo cubren una parte reducida de los daños”, como corroboran los datos aportados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un comunicado el pasado jueves, 16 de enero. El documento detalla la naturaleza de los 18.364 millones anunciados hasta ahora en ayudas. “Hay que tener cuidado en su interpretación”, avisa Maudos, y prosigue: “Si comparas las cifras de los daños con lo que hay que devolver faltan como mínimo 9.000 millones de euros por cubrir”.
El futuro de la Comunidad
El Informe del Ivie destaca que, además de las pérdidas iniciales de activos, la dana tendrá consecuencias más allá de 2024, en forma de limitaciones para el desarrollo normal de las actividades en 2025, y necesidades de reconstrucción y recuperación. La dimensión de estos impactos, tanto negativos como positivos, dependerá del volumen y orientación de las ayudas a las zonas afectadas, y la resiliencia de la economía y la sociedad valencianas. Francisco Pérez cifró en “4 o 5 años” el tiempo que tardará en recuperarse Valencia, “en caso de que se pudieran dedicar a la reconstrucción por completo”.
Además de la destrucción de la riqueza, Joaquín Maudos apunta otras consecuencias económicas graves: “Los 89 municipios concentran el 40% de la población, el 35,6% de las empresas, el 30,7% del empleo y el 29,7% del PIB de la provincia de Valencia. La zona representa una de las mayores concentraciones de empleo industrial, comercial y logístico de la Comunitat Valenciana, por lo que la interrupción de la actividad o las alteraciones de los flujos de actividad, a lo largo de los meses en los que prolonguen sus efectos, supondrán fuertes impactos en el empleo y el PIB”.
Esta puerta al futuro abre otro debate sobre la necesidad de abrir la mente ante la reconstrucción. El economista plantea lo imperativo de comunicar confianza a las grandes empresas que tuvieron que cerrar, para que no se vayan de Valencia y a las que tenían pensado invertir aquí, “que piensen que algo así no puede volver a suceder”. “Hay que comunicar un plan de acción de manera inmediata que tranquilice y aporte esperanza”, comenta sobre el cambio de imagen que ha tomado Valencia de ser un buen territorio para el emprendimiento a una zona inundable. Este paradigma aterriza en un momento crítico y podría determinar el futuro del tejido productivo de la Comunitat Valenciana.
Fuentes del gobierno de Mazón reclaman que el Consell reclamó al Gobierno de España un paquete de medidas de 31.402 millones para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la DANA. Ante la infrafinanciación y la situación precaria de la Comunitat, el director del Ivie subraya: “El dinero debe venir de fuera”, a lo que el director adjunto apuntala: “Las ayudas han de ser cuantiosas e inmediatas”.
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El peligro de la falta de inversión
La inversión no solo garantizaría la recuperación, también “ha de enfocarse en la prevención”. De hecho, “los daños de la dana se agravaron por el insuficiente esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas”, sentencia el documento presentado por la fundación. El informe destaca el contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, por un lado, y el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años en la provincia de Valencia, por otro.
La mayor parte de las inversiones hidráulicas las realizan las Administraciones Públicas y las Confederaciones Hidrográficas, pero los datos aportados en el estudio muestran cómo se produce un fuerte ajuste a la baja a partir de 2009, como resultado de los recortes en las inversiones públicas que tienen lugar en España para controlar el déficit público al estallar la crisis financiera, que nunca ha llegado a recuperarse. De unas cifras anuales situadas en el entorno de los 200 millones de euros, se pasa a menos de 50 millones al año a partir de 2011, lo que supone una caída del 75% que se prolonga hasta los años más recientes. El equipo investigador dilucidó que la consecuencia de “ese bajo esfuerzo inversor” en infraestructuras hidráulicas es que “se aplazan los nuevos proyectos y ni siquiera se cubre la depreciación del capital acumulado previamente”. “Los efectos de esta insuficiente política de inversiones son más graves por las características del territorio, particularmente vulnerable a las inundaciones y entre los más amenazados por los crecientes riesgos derivados del cambio climático y los eventos climatológicos extremos”, declaran.