Los barones del PP se movilizan para frenar el plan migratorio de Sánchez y Junts

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en coordinación con Génova, estudian “todas las vías” para frenar el decreto del Gobierno que reforma la Ley de Extranjería, y que incluye el reparto de 4.000 menores migrantes pactado con Junts. Desde ir a los tribunales a las instituciones comunitarias. “Estamos estudiando la letra pequeña”, exponen las fuentes consultadas en las distintas regiones, todas muy críticas. “Ha sido una decisión impuesta y partidista”, denuncian.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en mover ficha públicamente. “La política migratoria de Sánchez es un lastre para España y para Europa”, advirtió en sus redes sociales, anunciando que elevará el decreto a los tribunales y a la Unión Europea. Unas vías a las que también se refirió el aragonés Jorge Azcón, que habló de “desigualdad y xenofobia”, o el murciano Fernando López Miras.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también expresó su rechazo al acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. En un tono muy contundente, apostó por una “inmigración regulada” y acusó al Gobierno central de “enviar inmigrantes como los paquetes de Amazon”.

Uno a uno, todos los Gobiernos populares se manifestaron en contra. Según el Ejecutivo balear, “no encontramos ni espacios ni profesionales” para cuidar a los menores. “Ya lo hemos puesto en manos de la Abogacía de la Comunidad para ver qué acciones podemos emprender, aquí acoger más es materialmente imposible”, aseguraron desde el equipo de Marga Prohens. En el mismo sentido se manifestó el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que apuntalando su giro en inmigración, dejó claro que “no tolerará” el reparto de menores propuesto por el Gobierno.

“El Ejecutivo ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores”, denuncian en la dirección nacional del partido, que coordina junto a sus comunidades la ofensiva política.

Las cifras

Aunque desde el Ministerio de Infancia aseguran que todavía no hay “datos cerrados”, la última proyección de la cartera de Sira Rego refleja que Madrid recibiría 806 menores, Andalucía 795 y la Comunidad Valenciana 478. La comparación con el anterior reparto es inevitable. Y desde Génova recuerdan que en su día lo apoyaron a pesar de las consecuencias. “Por aceptar ese reparto, Vox se fue de los gobiernos autonómicos. Lo que han acordado ahora con Junts rompe cualquier proporción”, denuncian desde la dirección.

En Génova también lamentan que el Gobierno haya optado por pactar con los independentistas antes de llegar a un acuerdo “con el principal partido de España”, aunque los intentos en este sentido fueron un fracaso . “Preferían un decreto con Junts antes que una ley con el PP”, critican.

En el partido de Feijóo insisten en que sin financiación ni recursos adecuados, las autonomías no pueden asumir la acogida en condiciones dignas. “Nos negamos a recibirlos si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías. Son personas, no paquetes”, sostienen fuentes populares.

El portavoz de la formación en el Congreso, Miguel Tellado, también se manifestó sobre las condiciones en las que se pretende alojar a estos menores: “Lo que ha pactado el Gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña”, recriminó en rueda de prensa.