“Más de lo mismo”, apunta con resignación un barón del PP. “Quieren foco”, afea otro. “Aquí ya llevan dando ruido desde hace tiempo”, añade un tercero. Y el contraste: mientras que en un gobierno regional piensan que el enésimo órdago de Vox es “un farol”, en otro aseguran justo lo contrario: “Para nada van de farol”. Lo que sí trasladan todos los presidentes territoriales que dependen de Vox en conversaciones con Artículo14 es su hartazgo por los continuos aspavientos. “Vox antepone la ideología a la responsabilidad y la utilidad pública en los parlamentos. Los políticos estamos para dar soluciones, no para suspenderlas”, lamentan por ejemplo desde la Junta de Extremadura.
Después de la abrupta ruptura de los gobiernos de coalición en cinco comunidades el pasado verano por la política migratoria de Alberto Núñez Feijóo, este miércoles Santiago Abascal volvió a poner el tablero autonómico patas arriba. Otra vez con el pretexto de las decisiones de la dirección del PP en política migratoria. Mismo modus operandi. Ignacio Garriga fue el responsable de lanzar el órdago: “Vox suspende las negociaciones presupuestarias con el PP tras su acercamiento al PSOE sobre política migratoria (…). Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos. A Vox no le va a temblar el pulso”.
Lo cierto es que la distancia entre PP y PSOE para alumbrar un pacto migratorio que ponga remedio a la situación límite que se vive desde hace meses en las Islas Canarias sigue siendo sideral. Todo el acercamiento que Vox ve una afrenta tan grave como para propiciar una nueva ruptura de relaciones -la enésima- consiste en una reunión este jueves a la que acudirá el portavoz del PP, Miguel Tellado, con el presidente canario, Fernando Clavijo (que gobierna en coalición con los populares) y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres para, de una vez por todas, alumbrar un pacto migratorio en el Congreso de los Diputados.
“Nuestra postura es clara. La pusimos por escrito en el acuerdo que firmaron Fernando Clavijo y Alberto Núñez Feijóo. No la vamos a modificar por las presiones de ningún partido político. Ni del PSOE ni de Vox”, apuntan desde Génova, donde también hay hastío y casi indiferencia con la actitud del partido verde. “Ni vamos a dejar de acudir a una reunión que es importante por la situación de Canarias, ni vamos a dejar de defender nuestra postura porque es diferente a la del Gobierno de España”. En cualquier caso, los populares ironizan con que las dos salidas al órdago lanzado por los de Abascal son positivas para sus intereses: “Es bueno saber que Vox apoyará nuestros presupuestos autonómicos salvo que el PSOE ceda en su política migratoria y asuma la nuestra”.
No obstante, en los territorios que dependen de Vox, seis en total, hay una mezcla de preocupación, indignación y pasotismo. “No aceptaremos chantajes”, aseguran. El punto a favor es que en todos ellos tienen aprobadas unas cuentas públicas, con lo que la gobernabilidad está garantizada hasta el final. Es más, salvo Castilla y León, donde el presidente Alfonso Fernández-Mañueco está en el tiempo de descuento y no descarta adelantar los comicios a después del próximo verano, ninguno de los barones piensa en una cita con las urnas. “Las elecciones serán cuando tocan, en 2027”, zanjan todos ellos.
El punto en contra es que ven coartada su acción legislativa. Especialmente grave en el caso de la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón tiene que sacar adelante toda una agenda legislativa para reconstruir las zonas devastadas por la DANA más catastrófica de la historia en la región. “Veremos si mantenemos nuestra intención de presentar presupuestos o prorrogamos”, señalan en el equipo del president, donde piden una reflexión a Vox.
La tesis más extendida entre las filas populares es que este nuevo fuego de artificio de Vox obedece a su necesidad de tener protagonismo. En un momento en el que la corrupción azota con dureza al Gobierno, y con la marca del PP resentida por la gestión de las riadas en la región valenciana, los populares creen que Abascal está buscando llevarse de calle el voto de castigo. Para Génova, este nuevo golpe de timón es una irresponsabilidad. “Vox, una vez más, al rescate mediático del Gobierno”, denuncian en la cúpula.