Esta semana el Tribunal Supremo abrió una investigación contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos. La circunstancia es inédita. Nunca un fiscal general había estado imputado en la historia de la democracia.
Así ha sido la cronología de los hechos, paso a paso:
El 23 de enero la Sección de Delitos Económicos de la fiscalía provincial de Madrid abrió una investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue el resultado de una denuncia de la Agencia Tributaria que sospechaba que González Amador había cometido delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
El 2 de febrero el abogado de González Amador se puso en contacto con la fiscalía provincial de Madrid por correo electrónico para ofrecer un pacto. En el asunto del mail ponía: “propuesta de conformidad penal”. En ese mensaje, González Amador reconoció haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades por más de 350.951 euros y aceptó una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros. Esto fue rechazado por la Fiscalía que denunció en el juzgado a la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.
El 8 de marzo, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez informó a Julián Salto, el fiscal de delitos económicos encargado del caso, de la relación que mantenía González Amador con Ayuso y le pidió una copia de la denuncia.
El caso de la pareja de Ayuso saltó a la prensa el 12 de marzo y un día después la presidenta compareció ante los medios calificando la denuncia de “un caso turbio de todos los poderes del Estado” y lamentando que su pareja estuviera sufriendo “una investigación fiscal salvaje”.
Quién ofreció un pacto
Algunos medios empezaron a publicar que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador. La información se la proporcionó a los periodistas el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En un intento de lavar la imagen de la pareja de la presidenta, filtró el correo electrónico de la discordia, pero alteró el orden de los factores haciendo que pareciera que el ministerio público había sido quien ofreció ese pacto. Pero lo cierto es que había sido justo al revés: el abogado de González Amador había ofrecido primero ese acuerdo.
A última hora del 13 de marzo Julián Salto volvió a recibir la llamada de la fiscal jefe, Pilar Rodríguez. Quería el hilo de los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal. No lo pedía ella, sino que era orden de la fiscalía general que, además, solicitaba que se elaborara “una nota de prensa para desmentir una información que está circulando por las redes”.
Esa misma noche, antes de la publicación de la nota de prensa, la Cadena Ser publicó la información verídica: “El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos fiscales para evitar el juicio”, en ella hacía referencia a los correos, pero esta vez sin tergiversar. Alguien los había filtrado.
García Ortiz y la batalla del relato
A pesar de que la información correcta ya estaba publicada, al día siguiente, el fiscal general insistió en la redacción de esa nota desde la oficina de prensa de la fiscalía para desmentir, oficialmente, el bulo creado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
La fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Adriana Lastra, mostró reticencias ante esta nota de prensa. No vio bien airear los detalles del acuerdo de conformidad con González Amador. Pero García Ortiz instó a que se publicara: “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla”, aseveró.
Finalmente la nota se publica y el 3 de abril González Amador interpuso una querella contra Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, por, presuntamente, revelar secretos al difundir en esa circular de prensa datos de carácter reservado: “Nadie duda de que si González Amador tuviera una relación sentimental con una persona distinta o no tuviera ninguna, jamás habría padecido que se revelara la denuncia de la fiscalía antes de ningún proceso penal, el contenido de sus acciones tributarias y la cronología de las comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y el abogado”, reza la querella.
Días después García Ortiz defendió públicamente a Pilar Rodríguez: “Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, aseveró en un acto.
Cómo se publicó la nota de prensa
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió investigación para dilucidar cómo se gestó la publicación de esa nota de prensa. En julio pidió al Tribunal Supremo que abriera una investigación contra García Ortiz (El Supremo es el único que puede imputarle porque al estar al frente de la fiscalía general es una persona aforada y solo puede ser juzgada por el Alto Tribunal).
Llegamos así a esta semana. El Supremo falló a favor de la apertura de esa investigación contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. También quedó imputada Pilar Rodríguez por los mismos hechos. Pero el Alto Tribunal no vio delitos en la difusión de la controvertida nota de prensa. El Supremo abrió la investigación para dilucidar quién filtró los correos previamente. Es decir, quién dio a la Cadena Ser esos mensajes en el orden cronológico correcto antes de que se emitiera la nota. Consideran que en la nota en sí no hay delito porque cuando se publicó, la información ya llevaba horas publicada en la Cadena Ser y otros medios.
Quién hizo la filtración
Por tanto, no desvelaba nada nuevo. Pero los magistrados sí consideraron relevante investigar quién fue la fuente de esas informaciones periodísticas que permitieron publicar los correos electrónicos. El problema es que a esos mensajes tuvieron acceso decenas de personas porque la pareja de Ayuso envió el correo a una dirección a la que tienen acceso muchas personas dentro de la fiscalía. Por ello, es muy difícil demostrar que fue García Ortiz la fuente.
La reacción de García Ortiz fue emitir un comunicado horas después diciendo que se queda por el bien de la institución: “Tengo el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”, reza el escrito. Y convocó para el día siguiente a la cúpula fiscal para dar explicaciones.
La respuesta de gran parte de la carrera fiscal fue pedirle la dimisión. Sobre todo por parte de la Asociación de fiscales y de la Apif, ambas conservadoras. Sostienen que es incompatible estar imputado con seguir al frente de la fiscalía. Solo le respalda públicamente la Unión Progresista de Fiscales.
“Ni investigado ni imputado”
Horas después, en una entrevista en el Radio Televisión Española, García Ortiz, volvió a defender su decisión de no irse: “No estoy investigado ni imputado. Lo que viene a decir el auto es que el Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado”, y aseguró que él no filtró ninguno de esos correos. La reacción de Ayuso es llamarle “caradura” y de “usar la televisión pública para seguir difamando”.
Este jueves se reunió por la mañana con la junta de fiscales. Los fiscales de sala (la mayoría progresistas) avalaron la decisión de García Ortiz. Por la tarde convocó al Consejo Fiscal, allí 7 de los 11 vocales (todos conservadores) le pidieron la dimisión o que reconsiderara la decisión. Pero García Ortiz sigue firme en su convencimiento de que seguir al frente de la institución pese a estar imputado es lo mejor.