Carles Puigdemont pincha en hueso. El Gobierno ha rechazado este lunes la enésima exigencia del líder de Junts, que ahora reclama a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza a cambio de negociar sus 7 votos para los Presupuestos Generales del Estado para 2025. “No hay intención ni necesidad”, fue la contundente respuesta de La Moncloa.
Más allá de esta consigna, las palabras del ala socialista en el Ejecutivo y del propio partido se han medido al milímetro: primero, porque las conversaciones son tremendamente sensibles, y sólo entienden esta actuación como un golpe en la mesa para ganar fuerza negociadora. O para escenificar que son duros de roer, de cara a sus votantes.
Y, segundo, porque la iniciativa concreta que Junts ha presentado ante el Registro del Congreso de los Diputados posiblemente ni siquiera pase su primer filtro, la calificación por parte del órgano de gobierno de la Cámara. Fuentes jurídicas parlamentarias anticipan a Artículo14 que, a tenor de los precedentes, la proposición no de ley (PNL) de Junts, difícilmente será calificada por la Mesa, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría. Son estos partidos los que controlan sus ritmos, y por tanto pueden retrasar durante meses y semanas las iniciativas, o acelerarlas.
Puigdemont tuvo que reconocer este lunes, en la rueda de prensa en la que presentó este órdago, que lo único que su partido puede hacer es pedir un gesto político. En este caso, reclamar a la mayoría del Congreso que, a su vez, inste al Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza.
Recuerdan que el artículo 112 de la Constitución ya delimita que esta es una potestad exclusiva del presidente, que tiene en su mano activarla previa deliberación en el Consejo de Ministros. “Hay cero posibilidades de que la Mesa la califique”, afirman las fuentes consultadas.
Que la Mesa rechace dar luz verde a la tramitación de una iniciativa no es nuevo. En este caso podría hacerse, indican, como ya se ha hecho con las múltiples comisiones de investigación registradas por formaciones de izquierdas para tratar de indagar sobre las actividades o el patrimonio del Rey emérito, Juan Carlos de Borbón.
Esto es, amparándose en informes elaborados por los propios letrados del Congreso, que no son vinculantes, pero sí proporcionan un armazón jurídico. El órgano de gobierno de la Cámara ya ha alegado reiteradamente que no tiene potestad para investigar al jefe del Estado, y en este caso el procedimiento sería similar.
Teniendo en cuenta que los grupos parlamentarios ya cuentan con la posibilidad de presentar una moción de censura para descabalgar a un Ejecutivo, las fuentes consultadas sostienen que la iniciativa de Junts previsiblemente acabará en vía muerta.
La moción de censura, la herramienta por la que Sánchez llegó inicialmente al poder, requiere de los votos de al menos 35 diputados para iniciar su andadura. A Junts le faltarían 28, pero también un candidato a la Presidencia que expusiera un programa de gobierno.
En el PSOE no creen que los de Puigdemont vayan a asumir el coste de abrir la puerta a la expulsión del Gobierno de coalición para entregarle las puertas de La Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, con el coste que esto podría tener para ellos en Cataluña. Una cosa son los gestos, las aproximaciones, y otra costear una factura que se antoja tan elevada.
Por eso, ante las cámaras apenas se han limitado a reclamar “tranquilidad”, “calma”, y a negar la principal premisa del expresident, prófugo de la Justicia desde hace 7 años por su rol en el procés catalán. Así lo explicó Enma López, concejala en el Ayuntamiento de Madrid y flamante incorporación en la Ejecutiva federal, que replicó a Puigdemont que Sánchez sí “cumple” lo pactado. “Pedro Sánchez es de fiar, igual que todo el PSOE. El Gobierno cumple lo que pacta y tenemos tres años por delante”, sostuvo. Las conversaciones se mantienen, y lo previsto es sellar próximamente un acuerdo para transferir competencias en materia de inmigración a Cataluña.
Desde Sumar, el socio minoritario de la coalición, Ernest Urtasun consideraba “completamente fuera de lugar” la exigencia de Puigdemont. El ministro de Cultura también aprovechaba para hacer un llamamiento a acelerar la negociación para aprobar cuanto antes las cuentas públicas.
En esto, la respuesta del PSOE sí iba por un carril paralelo. Pero iba acompañada por un nuevo recordatorio de que la voluntad de Sánchez, que es quien tiene en su poder el botón nuclear del adelanto electoral, es agotar la legislatura. Con o sin Presupuestos. Desde Moncloa destacaban este lunes que tratarán de aprobarlos, pero incidieron en que aún cuentan con la gasolina de los fondos europeos, y que pase lo que pase apurarán hasta 2027, cuando el presidente aspira a revalidar La Moncloa.
El Ejecutivo reconoce estar aguardando a que ERC celebre este fin de semana la segunda vuelta de sus primarias antes de hacer más movimientos. Tienen que medir los pasos, saben que la mayoría es más que frágil. Pero la intención es obviar (casi) por completo lo que consideran bravatas de Puigdemont.