Este miércoles, 29 de enero, se han cumplido tres meses desde que el paso de la DANA azotó la Comunitat Valenciana y las querellas contra la gestión de la catástrofe no dejan de crecer. Las personas afectadas buscan en la vía judicial una herramienta para exigir responsabilidades. “Como los políticos no han respondido, pedimos ayuda a los jueces”, manifestó el presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, Christian Lesaec.
La entidad de afectados por la dana presentó este miércoles una querella por las víctimas en los Juzgados de Instrucción de Valencia en nombre de más de cien asociados. El equipo jurídico encargado de la demanda, Vilches Abogados, señaló a cinco miembros de la Generalitat Valenciana y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar como responsables de los presuntos delitos de “homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro”.
El equipo jurídico nombró como culpables a quienes estuvieron al frente de la gestión de la crisis: Salomé Pradas, máxima responsable de Emergencias; Emilio Argüeso, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias; Alberto Javier Martín, director general de Emergencias; Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE); Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias; y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Vilches Abogados representa a más de cien familias querellantes, “víctimas de la inacción en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos”.
Para apoyar la demanda, los abogados presentaron un documento que recoge una investigación cronológica de 67 páginas con las “funciones y obligaciones que los querellados tenían, y las decisiones que no tomaron”. El equipo jurídico concluyó: “De haberse activado el sistema ES- Alert en el momento oportuno, no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia y que terminó con la vida de 224 personas, más las tres desaparecidas”.
“Se tiene que hacer justicia, y que esto no pueda volver a ocurrir”, recalcó el portavoz de las 340 personas asociadas. Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, explicó: “El objetivo de esta querella es que se abra un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades que tuvieron los querellados”. Según el directivo, la información aportada demostraría que a las 15 horas los querellados contaban con “datos suficientes para haber activado el sistema ES-Alert”. “Sin embargo, por causas que se desconocen, y que no se han explicado a la población, esa alerta a la población se envía a las 20.11 horas cuando ya el caudal del barranco del Poyo y el río Magro estaba completamente desbordado y habían llegado las riadas a las poblaciones”, lamentó Hernández. Tras la investigación, la asociación y sus representantes reclaman la declaración testifical del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
“Christian Lesaec expresó en nombre de los afectados el “desamparado” ocasionado por la falta de auxilio de las administraciones. “La falta de previsión, la inacción y la actuación tardía final hicieron que la población de estos municipios siguiéramos haciendo vida normal sin ser conscientes de la situación que estaba a punto de sobrevenirnos”, narró el presidente de la asociación de damnificados. Este sentimiento común entre las personas que sufrieron la catástrofe del 29-O se ha traducido en multitud de querellas.
La mayoría de las denuncias, desestimadas o paralizadas
Inicialmente se presentaron siete denuncias y querellas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su manejo de la situación. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) notificó el 13 de diciembre una providencia por la que acordaba acumular en la misma causa las siete denuncias. Pero el 23 de diciembre el TSJCV decidió inadmitir las demandas, siguiendo la recomendación del Ministerio Fiscal.
Por aquel entonces, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal afirmaron no apreciar en los relatos delos hechos “indicios objetivados que, con consistencia o solidez, pudieran llevar a declarar la competencia del Alto Tribunal valenciano para investigar al aforado en esta sede jurisdiccional”. No obstante, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana se mostró a favor de que la justicia abriera una investigación sobre las posibles responsabilidades en la gestión de la dana. El fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro respaldó que la causa fuera archivada y enviada a los juzgados ordinarios para investigar las posibles responsabilidades penales. Ortiz planteó también que, en el caso de que se apreciaran “indicios suficientes” de delito por parte de Mazón, se elevaría al TSJCV por su condición de aforado.
Además de denuncias archivadas, otras se han sobreseído temporalmente. Como las dos querellas interpuestas por el sindicato Manos Limpias contra responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias por su gestión de la dana. A pesar de que algunas investigaciones están en pausa, las acciones judiciales no cesan. Recientemente, la organización SOS Desaparecidos anunció que a principios de febrero presentará ante la Audiencia Nacional una querella por homicidio imprudente contra la Administración que cuenta con el respaldo de 150 familiares.
Comisión de investigación
Mientras tanto, este lunes, 27 de enero, Les Corts ha constituido la comisión que investigará las causas de las inundaciones. Aunque su trabajo avanza en paralelo a los procedimientos judiciales y sin vinculación directa con estos. La diputada de Vox Míriam Turiel fue elegida presidenta de esta comisión de investigación, constituida casi tres meses después de las inundaciones, mientras que el diputado del PP Vicente Betoret será su vicepresidente y la diputada del PSPV Alicia Andújar su secretaria.
La presidenta comunicó que confía en todos los grupos para que “esta comisión sea eficaz y se pueda saber qué ocurrió el pasado 29 octubre y los días siguientes”. Mazón, Salomé Pradas o los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Aemet son algunas de las comparecencias que los grupos parlamentarios también señalaron y a los que se les exigirá documentación, como la factura de la comida del president de la Generalitat el día de la dana o el registro de sus llamadas esa tarde. Los próximos meses serán clave para determinar si alguna de estas investigaciones se traduce en imputaciones o si, por el contrario, los jueces consideran que no existen responsabilidades penales en la gestión de la tragedia.