Los seis gobiernos que Vox amenaza con romper

El ultimátum del líder de Vox, Santiago Abascal, al PP provocado por la posible acogida de menores migrantes en las diferentes autonomías donde gobiernan conjuntamente podría hacer tambalear hasta seis gobiernos. En Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valencia, la Región de Murcia y Aragón, la mesa de gobierno está compuesta por integrantes de ambas formaciones. En Baleares, los populares gobiernan en minoría pero sellaron un pacto programático con Vox, que ostenta la presidencia del Parlamento.

Castilla y León, el primer acuerdo

El de Castilla y León fue el primer acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox. En marzo de 2022 ambas formaciones suscribieron un pacto con 32 acciones de gobierno, entre las que destacaron la aprobación de una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar o el impulso de una política de apoyo a las familias, “como institución básica de la sociedad”.

En materia de migración se optó por señalar la promoción de una “inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”.

Aquel primer contacto otorgó los de Abascal una vicepresidencia -la de Juan García-Gallardo– y tres consejerías: la de Industria, Comercio y Empleo, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Cultura, Turismo y Deporte. Asimismo, consiguieron presidir la Cámara autonómica.

Comunidad Valenciana, con Feijóo de presidente

Fue el primer acuerdo de la era Feijóo, aunque en puridad ya tuteló también el de Castilla y León, toda vez que ocurrió en esa transición desde que Pablo Casado fue defenestrado por los suyos al congreso extraordinario. El pacto valenciano no estuvo libre de complicaciones, pues en un primer momento, Carlos Flores, quien iba a ser vicepresidente, finalmente no lo fue por haber sido condenado 20 años antes al haber proferido insultos a su exmujer bajo el balcón de su vivienda o en la entrada del colegio de sus tres hijos menores de edad.

Después de aquel bache, de entre las principales medidas que se suscribieron con el acuerdo destacó la aprobación de una ley integral de protección a la familia que incluyera medidas para el fomento de la natalidad. En dicho texto programático también se incluyó la defensa de los “derechos de las familias”, así como la promoción de políticas que perseguirían “erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”.

Con respecto a la migración, se optó por poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de migración irregular con “especial atención a las mafias organizadas”.

Cabe recordar que Vox también obtuvo un destacado resultado del mencionado acuerdo. Además de hacerse con la vicepresidencia primera, consiguieron las carteras de Cultura y Deporte, de Justicia e Interior y de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como la presidencia de la Cámara autonómica.

Extremadura, pacto con intervención de Génova

En su momento fue el acuerdo más tenso entre ambas formaciones. En un principio, la presidenta extremeña, María Guardiola, se mostró reticente a llegar a un entendimiento con Vox. Un choque causado principalmente por el reconocimiento de la existencia de la violencia machista. La popular, antes de gobernar con dicha formación, llegó a calificarla como negacionista de dicha violencia. Finalmente, cedió espacio en su Ejecutivo, presionada por la dirección nacional.

En ese espacio se incluyó la entrega de una consejería a los de Abascal, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. De la alianza saliente destacó la defensa conjunta de los “derechos de las familias”. Asimismo, se fijó la eliminación de los discursos machistas, ya fueran en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

La alianza en Aragón

Fue uno de los múltiples acuerdos firmados tras los resultados del 28-M. En Aragón, PP otorgó la vicepresidencia primera, las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y las competencias de Agricultura, Ganadería y Alimentación a Vox. A su vez, como en muchas autonomías donde existe un tándem gubernamental entre populares y Vox, esta última formación se hizo con la presidencia del Parlamento.

En lo que respecta al pacto que firmaron ambos partidos, este fijó garantizar toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la “prevención, identificación de las causas y los perfiles repetidos de los agresores”. En este campo también se propuso la asistencia a las víctimas de “violencia intrafamiliar”, en especial a la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos, “así como la creciente violencia filio parental”.

Asimismo, como en Castilla y León o en la Comunidad Valenciana, se promulgó la derogación de la ley de memoria democrática regional. Una medida, en el caso de Aragón, cuyos trámites parlamentarios ya se han iniciado.

Baleares, pacto de Gobierno sin consejerías

Oficialmente ambos partidos firmaron un pacto de Gobierno. Aunque finalmente se tradujo en el impulso de 110 puntos programáticos y en la abstención de Vox en la sesión de investidura de la actual presidenta Marga Prohens. Por lo tanto, no se ha tratado un Gobierno al uso como los demás.

Con aquella alianza se llegaron a acordar medidas como la futura derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, buscando así “la reconciliación y evitando la manipulación”. Además se apostó por la erradicación de los discursos machistas, así como el apoyo y asistencia a las víctimas de la “violencia intrafamiliar”.

Con respecto a la migración, el acuerdo señaló la especial atención con la que se debía tratar el “problema de la inmigración ilegal” y “la persecución de las mafias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos”.

Región de Murcia, el último

Fue el último pacto gubernamental firmado entre ambas formaciones. En septiembre de 2023, apurando los tiempos parlamentarios, el PP entregó la vicepresidencia, la consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio y la consejería de Fomento a Vox. Génova también se implicó en la consecución del acuerdo.

En aquel documento se fijaron, entre otros objetivos, la promoción de políticas “que perseguirán erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”. Asimismo, en materia de migración, se apostó por coordinar a las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “prevenir la delincuencia, erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal”.

Además de las citadas comunidades, PP y Vox gobiernan en siete grandes consistorios, como Valencia, Valladolid, Toledo o Burgos, y en decenas de municipios.