Las presidentas autonómicas del PP lanzan su propio ultimátum al Gobierno central. Una reacción en bloque a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dejó entrever la posibilidad de conceder a Cataluña un nuevo modelo de financiación atendiendo a su “singularidad”. María Guardiola, Isabel Díaz Ayuso, Marga Prohens y María José Sáenz de Buruaga cargan directamente contra Pedro Sánchez. Hablan de una “injusticia total” que “rompe” con la igualdad entre españoles y exigen voz en una reunión entre el Gobierno y todas las comunidades.
Más concretamente, la líder del Ejecutivo extremeño, Guardiola, calificó como “una total injusticia” dicho “tratamiento especial” en financiación autonómica para Cataluña. Asimismo, lamentó que el presidente permanezca en el poder gracias a “tratos de favor a determinados territorios” que necesitan “menos que otras regiones castigadas con infrafinanciación”.
Un sistema, según la popular, que provoca un trato “totalmente injusto” para territorios como el extremeño, que están “infrafinanciados, sometidos a un éxodo de nuestros jóvenes y a los que les faltan infraestructuras de conexión”.
Por su parte, la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, señaló que el PSOE y, en concreto Sánchez, ha llevado su proyecto “a la ultraizquierda”. Un plan para cuya consumación ha decidido “romper con todas las reglas y los consensos básicos del 78”. Entre estas, destacó especialmente, se encuentran quebrar el principio de separación de poderes y de igualdad de los españoles ante la ley. Un acto de “barbaridad” con el que, desde Moncloa, “pretende comprar voluntades y pretende comprar elecciones”, apostilló.
Negociar “en el foro adecuado”
“No vamos a consentir que ninguna negociación permita sacar tajada a unos pocos en perjuicio de los demás”, en palabras de Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria. “Vamos a ser beligerantes al máximo y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, avisó. Según su equipo, el melón sobre la financiación se tiene que abrir “en el foro adecuado”, en relación al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Cabe recordar que si este se convocara, el Ejecutivo necesitaría el voto de una sola comunidad autónoma -que podría ser la catalana- para validar dicho tratamiento singular. Esto se debería a que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los sufragios en este foro multilateral, según explican a Europa Press expertos en financiación autonómica.
Con Marga Prohens a la cabeza, desde Baleares llevan meses esperando a que se reúnan los órganos pertinentes -como el mencionado CPFF o la conferencia de presidentes- para alcanzar un sistema de financiación “justo”. “Es un insulto a los ciudadanos de toda España, pero especialmente a los de Baleares”, denunciaron con respecto a los planes de Sánchez, sugeridos por Montero.
“Baleares es junto a Madrid y Cataluña la única que aporta netamente al sistema de financiación y la segunda en aportar en términos relativos, solo por detrás de Madrid y por encima de Cataluña”, subrayaron las fuentes consultadas por Artículo14. Asimismo, el Gobierno insular solicita, al igual que hace el catalán, la condonación de su deuda, que alcanza una cifra superior a los 8.000 millones de euros.
La denuncia es compartida por el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP y también por la dirección nacional. “Es corrupción política”, aseguró Juan Bravo, el responsable económico de Génova. Según las fuentes consultadas por este diario, el PP no descarta incluso acudir al Tribunal Constitucional si Sánchez sigue adelante.
Del lado del PSOE, la única presidenta es María Chivite, quien todavía no se ha pronunciado sobre esta cuestión. En el caso de la socialista entran en juego un importante factor, su autonomía -Navarra- ya cuenta con un sistema singular derivado de un régimen foral, donde destacan el establecimiento y la recaudación propia de sus impuestos. Una diferencia con sus colegas de otras regiones que sí se han mostrado muy críticos con el Ejecutivo. En concreto, tanto Castilla-La Mancha como Extremadura ya han avisado de que “no” consentirán un trato que beneficie a Cataluña.