Era lo esperado. Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Partido Popular que intenta dilucidar si hubo tratos de favor por parte de la Universidad Complutense con Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno. Lo que sí sorprendió fue su alegato inicial.
Hasta la fecha, nunca le habíamos escuchado hablar en público sobre su causa judicial. Había sido su marido, el presidente del Gobierno, quien le había defendido ante los micrófonos achacando a la “máquina del fango ultraderechista” y “los bulos” su investigación judicial. Argumentario que ella misma asumió y verbalizó al comienzo de la cita de este miércoles. Señaló que la “colección” de denuncias de la que parte la investigación judicial contra ella, responden a una campaña de “bulos y difamaciones” con un “evidente objetivo político”. “Sólo hay que fijarse en la lista de denunciantes”, incidió Gómez, que zanjó su mensaje reivindicando que “más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio”.
Después de eso, semblante serio y silencio ante un catálogo de preguntas formuladas por la diputada del Partido Popular, María Mercedes Zarzalejo . Pese a ser una comisión de investigación política y, por tanto, alejada de los juzgados, en su interrogatorio de 22 preguntas, la diputada del PP hizo una radiografía a toda la parte de la investigación judicial contra Begoña Gómez que atañe a su relación con la Universidad Complutense. En primer lugar, le preguntó por los asuntos por los que se le imputa un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios por haberse beneficiado de ser la mujer del presidente del Gobierno para obtener una cátedra y dinero para su desarrollo.
Zarzalejo hizo referencia a su vínculo con el organismo, al proceso que atravesó para conseguir codirigir la cátedra y el máster. Insinuó que, sin titulación universitaria, la “pasarela” para adquirir tales puestos fue ser la mujer de Pedro Sánchez.
Asimismo, le preguntó por cómo se gestaron las reuniones con el rector de la Universidad en el palacio de la Moncloa. También quiso la diputada conocer el sueldo que cobraba por la cátedra y los másteres. Por otro lado, algunas de las cuestiones fueron dirigidas a cómo consiguió que grandes empresas invirtieran dinero para la cátedra y, por ello, le preguntó por su relación con Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Aparte le requirió una aclaración sobre los entresijos de un evento en San Petesburgo en el que coincidió con Hidalgo y Víctor de Aldama el conseguidor de la trama Koldo.
Otro bloque de preguntas fue dirigido a dilucidar los actos por los que el juez Juan Carlos Peinado le imputa dos delitos de intrusismo y de apropiación indebida debido a un software que desarrollaron tres empresas a coste cero para su cátedra. Lo elaboraron gratuitamente las compañías Indra, Telefónica y Google como herramienta didáctica para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez.
Está valorado en 150.000 euros que no abonó a dichas empresas. Sin embargo, Gómez registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de una empresa que ofrece este software y de la que la Universidad Complutense de Madrid dijo no tener conocimiento. Las preguntas de Zarzalejo fueron dirigidas precisamente a si Gómez se quiso apoderar de la herramienta que se financió con fondos de la Complutense.
También quiso saber por qué ella tenía facultades para cerrar ese tipo de contratos y si el software llegó a existir y funcionar. Un bombardeo de interrogantes a los que Gómez permaneció impasible. De la misma forma, reaccionó a la treintena de preguntas de la diputada de Vox, Ana Cuartero, que incidió en los mismos asuntos y apuntó directamente a que Pedro Sánchez, era el “autor material” de los hechos que motivaban la comisión de investigación.
De interrogatorio a interrogatorio
El mismo día del paseíllo de Gómez en la Asamblea madrileña, el juez Juan Carlos Peinado emitió dos autos para librar a la mujer de Sánchez del paseíllo previsto para el próximo lunes en los juzgados de Plaza de Castilla.
Peinado quería notificar presencialmente a Gómez que su instrucción se amplía y ahora también se le investiga por intrusismo y apropiación indebida, al asumir la querella de Hazte Oir que considera que pudieron cometerse delitos en la gestión del software mencionado.
En un escrito, Antonio Camacho, abogado de Gómez, alegó la imposibilidad de acudir a la cita porque el próximo lunes 19, Gómez tiene en su agenda un viaje a Brasil para acudir a la cumbre del G20. Añadió Camacho que la mujer del presidente ya está enterada de los nuevos delitos que se la imputan: “Mi representada tiene perfecto conocimiento de la citada querella”, reza el documento.
Recurso que Peinado aceptó modificando la forma de notificar la querella y enviando al Letrado de Justicia al Palacio de la Moncloa el mensaje. Un auto en el que Peinado apuntó a que Gómez podría haber cancelado su viaje a Brasil y apostilló: “Begoña Gómez tiene una especialísima relevancia social, por su condición de esposa del actual Presidente del Gobierno de España, lo que da lugar, a que se le tenga en cuenta para que sea objeto de consideración, con especiales privilegios, que la distinguen de cualquier ciudadano en quien no concurren dichas circunstancias”.
Por último, emplazó a Gómez para una nueva declaración el próximo 18 de diciembre a las 10 de la mañana, día donde tendrá que volver a escuchar una retahíla de preguntas que también puede negarse a contestar como ya hizo en su primera declaración ante Peinado de julio.