En el arranque del curso político, y como rezan las célebres palabras de Fray Luis de León al volver a las aulas de la Universidad de Salamanca, retornamos casi tal y como lo dejamos: “como decíamos ayer….” Otoño devuelve el discurso político vasco al punto previo al periodo vacacional. Los retos del nuevo Ejecutivo vasco encabezado por Imanol Pradales se podrían dividir en a dos escalas. La primera, de carácter interno, con asuntos puntales para la sociedad vasca como Osakidetza y vivienda. La segunda es la que implicará una negociación más allá de la Cámara vasca; las transferencias pendientes de cumplimentar recogidas en el Estatuto de Gernika de 1979, así como, la apertura del debate de una nueva era estatutaria para el siglo XXI. Sin embargo, la conformación del nuevo Gobierno vasco, con 15 consejerías, en las que solo repiten tres nombres, sigue arrojando coletazos polémicos para el principal partido de la oposición, EH Bildu.
A la Izquierda Abertzale, la designación de la consejera socialista María Jesús San José al frente del Departamento de Justicia y Derechos Humanos le ha escaldado. Bajo su responsabilidad se ubica la reciente recepción integral del traspaso de la gestión de prisiones, y del modelo vasco de reinserción del personal recluso, que cede el PNV en la nueva Administración. Esto incluye al centenar de presos de ETA que cumplen condena en las penitenciarias vascas. En un intento por hincar diente en la polémica, en uno de los asuntos troncales para el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha intentado remover el caldo entre los socios de Gobierno. Por un lado, al PNV le afea que haya cedido Justicia y Memoria a los socialistas, en un ademán por reflejar la debilidad de los jeltzales tras los resultados de las elecciones vascas, donde PNV y Bildu han empatado a 27 parlamentarios. Y, por otra parte, la desconfianza en la nueva conseja.
De momento, el silencio impera en Justicia, pero desde fuentes cercanas señalan la torpeza de un político veterano como Arnaldo Otegi al intentar meter el dedo entre los socios y poner en duda la capacidad socialista de gestión, así como, la nula influencia de la Izquierda Abertzale para incidir en la conformación del Ejecutivo, puesto que no tienen que pedir permiso a nadie, y mucho menos a la formación de Otegi para asumir responsabilidades de Gobierno.
No es la primera vez que el PSE-EE asume esta cartera. Más allá del Gobierno unicolor de Patxi López, donde esta responsabilidad recayó en la anterior secretaria de los socialistas vascos, Idoia Mendia, también en Gobiernos de coalición hubo consejeros de Justicia, como José Ramón Recalde (1991-1995) o Ramón Jauregui (1995-1997). Si bien es cierto que tras la desaparición de ETA, esta es la primera vez que la cartera vuelve a manos socialistas con el traspaso de la gestión de prisiones y con la perspectiva temporal de la gradual salida de estos presos al cumplirse los años de condena.
Los presos de ETA en cárceles vascas suponen entre un 8 y 9% de la población reclusa. Los condenados por delitos sexuales, en cambio, son el triple que los condenados por terrorismo. Sin embargo, este asusto sigue vibrando en las coordenadas políticas vascas por encima de cualquier otro problema dentro de los retos de aplicar un tratamiento, no solo punitivo, sino de reinserción social para las personas privadas de libertad.
En este sentido, la polémica que se arrastra, al menos en el discurso público interpartidos, es si los presos de ETA deben arrepentirse o no de sus delitos para optar a la libertad o la progresión de grado. Esta exigencia ha soliviantado a la Izquierda Abertzale que en boca de Otegi ha reclamado a San José que le aclare en que punto de la Ley se exige esto.
No es un debate sencillo, sobre todo si la política acaba por manosearlo con fines partidistas. Para aclararlo hay que echar mano de la Ley General Penitenciaria, en concreto el artículo 72:
la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo requerirá (…)que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades (…) que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista
Este artículo, como otros del régimen general, son abiertos a la interpretación. No existiendo ETA, ¿cómo se demuestra un abandono inequívoco de algo que ya no existe? El hecho de que la banda terrorista se extinguiera, ¿anula las responsabilidades por las que fueron condenados más allá del cumplimiento de la pena?
Desde Justicia niegan haber exigido ninguna condición que no se le pida a cualquier otro recluso conforme a lo que dice la Ley. Ni por exceso, ni por defecto se va a tratar a los presos de ETA como colectivo, sino de manera individualizada. Inteligencia, prudencia, sensibilidad y compromiso con el cumplimiento de las leyes, ya que llegado el momento en el que los presos salgan, sería conveniente que lo hicieran sabiendo que su estancia fue producto de causar una injusticia para, por consiguiente, avanzar en la necesaria empatía de reintegrarse en la sociedad. Se preguntan desde el Departamento si a Otegi o Sare (red de apoyo a los presos de ETA) se les ocurriría pedir a un agresor sexual o a un corrupto que no se arrepintieran.
¿Por qué en el caso de los condenados por terrorismo es diferente?
Los reclusos de las cárceles vascas son evaluados por las Juntas de Tratamiento. Un proceso en manos de técnicos que valoran la posibilidad de progresar a un régimen abierto o a permisos. Según datos de Sare, las Juntas, desde agosto del año pasado a la actualidad, han autorizado 34 progresiones. El Gobierno vasco ha concedido 32, de las que el Ministerio Fiscal recurrió 6, un 16%, siendo denegada una de las mismas.
Otro de los objetivos de la Consejería que encabeza María Jesús San José es reforzar los mecanismos de comunicación con las víctimas, ya que son una parte muy importante de este proceso. Esto no significa que deban compartir las decisiones necesariamente, se abren a las críticas y a mantener un canal de escucha e información permanente.
La patata caliente que supone este Departamento tampoco ha escapado a las críticas del Partido Popular. Javier de Andrés, presidente de los populares vascos, ha denunciado la inacción tanto del Ejecutivo vasco, como del PNV, en cuyas manos recae el Gobierno de la mayoría de instituciones, así como de la Izquierda en el conjunto de España por no legislar en contra de la exhibición en el espacio público de fotografías de presos de ETA. Una reivindicación, la de los populares, que en numerosos casos se ha topado en la justicia y con los límites de la libertad de expresión.
Desde el entorno de San José no quieren entrar al trapo de quien busca foco, aunque están convencidos de que De Andrés, que ha ostentado en el pasado la responsabilidad de ser el Delegado del Gobierno en el País Vasco, tiene un conocimiento profundo de la Ley y del marco en el que se deben desarrollar las actuaciones policiales. Son repetidas las desestimaciones por parte de la Audiencia Nacional al recurrir, por ejemplo, una comida popular en favor de los presos de ETA o la mera exhibición de una fotografía. Que no sea un delito, no exime de una reflexión colectiva como sociedad sobre este asunto. Banalizar el pasado reciente, ocupando espacios públicos con el retrato de los victimarios, no puede borrar el dolor tan inmenso que causaron, la democracia se la juega en cosas como esta. Sin embargo, puede que la reivindicación de los populares no haya caído en una piscina sin agua, ya que desde el grupo socialista en la Cámara de Gasteiz podría elevarse la petición de incluir en la Ley de Víctimas del Terrorismo la exhibición acrítica de carteles con presos de ETA.
El Instituto Gogora por la memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dependiente de San José, y la designación de los componentes del consejo de dirección, es otro plato caliente en este momento. PNV y PSE se han reservado el nombramiento de cuatro de los cinco miembros. El quinto lo ceden a EH Bildu que aspiraba a dos representantes, el forense Paco Etxebarria y Pili Garaialde, hija de una víctima de la Triple A. Al quedar fuera Garaialde, EH Bildu ha acusado a las fuerzas de gobierno de haber excluido a las víctimas del terrorismo de Estado y estudian su continuidad dentro de Gogora.
Por segundo año consecutivo, el Gobierno vasco ha celebrado el Mandela Eguna (el día de Mandela), con el impulso internacional de la ONU, con el fin de reivindicar la reinserción de los presos, así como poner en valor la labor del personal que trabaja en las cárceles. El primero para el lehendakari Pradales y la nueva consejera San José, donde deslizó las líneas de su actuación política. Didáctica y sensible con las víctimas, al mismo tiempo que hay que hacer saber a los presos que la responsabilidad de su situación no es de quien los detiene, del tribunal que los condena o del Gobierno, sino de quienes es su momento decidieron delinquir. Al asumirlo, podrán dejar atrás su pasado y preparase para un futuro en el que tengan igualdad de oportunidades.