El 41 Congreso socialista celebrado este fin de semana en Sevilla concluye con un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez pese a los muchos problemas judiciales que le rodean. A pesar de esa imagen de unidad y de fuerza política, los frentes judiciales van a continuar poniendo en muchos a prietos al jefe del Gobierno.
Aquí una guía para entender todas las investigaciones judiciales que de una forma u otra afectan a Pedro Sánchez.
Caso Koldo
Es el caso que apunta a más cargos del PSOE. Está imputado el ex ministro de transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, su ex asesor, Koldo García y otros altos cargos del ministerio como el director general de personal de Adif, Michaux Miranda, el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y el ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.
La trama principal la instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, pero también tiene su vertiente en el Tribunal Supremo que instruye el magistrado Leopoldo Puente en todo lo que atañe a Ábalos por su aforamiento. Asimismo, el caso Koldo se entremezcla con la trama de los hidrocarburos que instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz porque el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, está siendo investigado también en esa instrucción.
La investigación tiene muchas variantes, pero la principal es la que investiga el cobro de comisiones ilegales en la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia a la empresa Soluciones y Gestión liderada por el empresario Juan Carlos Cueto. Víctor de Aldama y Koldo García intermediaron supuestamente en las adjudicaciones de dinero público a esta empresa para vender material sanitario a diferentes administraciones públicas en las que estarían el ministerio de Transportes, el Gobierno balear liderado entonces por la socialista Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso y; el Gobierno canario presidido en esos años por Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política territorial.
También se investiga si la trama medió en el rescate de Air Europa, empresa en la que Víctor de Aldama fue asesor y que el Gobierno de Sánchez evitó que cayera en banca rota tras el parón de la pandemia con un rescate en el que insufló 475 millones de euros de dinero público. Durante la crisis sanitaria el Ejecutivo rescató varias empresas, pero lo que está bajo la lupa es si en el rescate de Air Europa hubo alguna irregularidad o favoritismo gracias a los tejemanejes de la trama. En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) se hace referencia a conversaciones mantenidas por el entramado con la entonces ministra de economía, Nadia Calviño, para conseguir este rescate.
Por otro lado, en la instrucción de Ismael Moreno también se cuela el ‘Delcy Gate’. Según el informe de la UCO, Víctor de Aldama habría intermediado con el Gobierno de Nicolás Maduro para conseguir tender puentes con el Ejecutivo de Sánchez. En ese ejercicio tuvo lugar una visita de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez a España en 2020. La recibió Ábalos y no pudo salir del aeropuerto de Barajas porque sobre ella pesan sanciones de la Unión Europea que le prohíben pisar suelo europeo.
En el informe de la UCO también aparecen supuestos pagos en especie que la trama habría abonado al ex ministro de Transportes como la compra de un chalé en la Alcaidesa para que disfrutara la familia de Ábalos y el pago de un alquiler en el centro de Madrid a Jessica Rodríguez, entonces pareja del exministro.
Pero no queda ahí. Víctor de Aldama se encontraba en prisión provisional por la trama de los hidrocarburos hasta hace apenas dos semanas. El conseguidor y piedra angular del caso empezó a tirar de la manta para conseguir su libertad condicional. En su declaración confesó que entregó 15.000 euros a Santos Cerdán, actual número 3 en la Ejecutiva socialista y 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero, reelegida número 2 en la ejecutiva del PSOE este mismo fin de semana. Eso sí, está pendiente que Aldama aporte pruebas ante el juzgado sobre todo lo declarado para su puesta en libertad.
Además, la empresaria Carmen Pano ha empezado a confesar a diferentes medios de comunicación que entregó bajo orden de Aldama 90 mil euros en bolsas de plástico en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Aunque esta parte aún no está judicializada.
Caso Begoña Gómez
En el Congreso de este fin de semana en Sevilla sorprendió también la aparición entre vítores y aplausos de Begoña Gómez, mujer del presidente que está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El magistrado Juan Carlos Peinado investiga en los juzgados de Plaza de Castilla la actividad laboral de Begoña Gómez. Su actividad profesional se desarrolla en el marco de los negocios y de buscar financiación para proyectos empresariales. Las sospechas llegan cuando hay indicios de que se valió de su estatus de mujer del presidente del Gobierno para favorecer esa actividad profesional.
Por un lado, Peinado investiga posible tráfico de influencias en la concesión de una cátedra por parte de la Universidad Complutense sobre Transformación digital. Por ello, también está imputado el rector de la Universidad, Joaquín Goyache, que en su declaración cuando aún era testigo afirmó que se reunió con Gómez en el Palacio de la Moncloa para cerrar la concesión de esa cátedra, pero negó cualquier tipo de tráfico de favor.
En el marco de la concesión, también se indaga sobre cómo consiguió financiación para la cátedra de Reale Seguros y Fundación La Caixa. Las pesquisas tratan de dilucidar si estas corporaciones pusieron dinero porque la cátedra estaba codirigida por la misma mujer del presidente del Gobierno. De ahí que el juez haya llamado a declarar el próximo 20 de diciembre a Cristina Álvarez, asesora del palacio de la Moncloa que habría mediado con empresas para conseguir financiación para la cátedra que codirigía Gómez.
Por otro lado, Peinado investiga si Begoña Gómez incurrió en apropiación indebida e intrusismo con la gestión de un software elaborado para su cátedra. Telefónica, Indra y Deloitte desarrollaron la aplicación informática de manera gratuita. La herramienta está valorada en 150.000 euros que ni Gómez ni la Universidad abonaron a dichas empresas. Sin embargo, la mujer del presidente registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de una empresa que ofrece este software y de la que la Universidad Complutense de Madrid dijo no tener conocimiento.
La segunda pata de la investigación son unas concesiones públicas que recibió su compañero de máster Juan Carlos Barrabés gracias, presuntamente, a unas cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente. La empresa de Barrabés, Innova Next, consiguió once contratos públicos valorados en 20 millones de euros, en teoría, gracias a la intermediación de la mujer del presidente del Gobierno. Por ello, también está investigado en el caso el empresario Juan Carlos Barrabés.
El último bloque de las pesquisas es dilucidar si hubo tráfico de influencias en la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de empresa para ponerle al frente del África Center, una plataforma que buscaba promover el emprendimiento en el continente.
Caso del hermano de Sánchez
Otro frente judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su hermano, David Sánchez Pérez Castejón, ha sido llamado a declarar el próximo 9 de enero en el juzgado número 3 de Instrucción de Badajoz. La jueza Beatriz Biedma le investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. También están imputados otros ocho trabajadores de la Diputación de Badajoz investigados en el caso entre los que está el socialista Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura.
En este momento, la investigación se centra en dilucidar si el puesto de Coordinador de Conservatorios que ostenta Davíd Sánchez Pérez Castejón en la Diputación de Badajoz se creó ad hoc para el hermano del presidente del Gobierno.
Caso del fiscal general
Es cuestión de tiempo que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado llame a declarar a Pilar Sánchez Acera, asesora del ministro Óscar López en el caso de la filtración de datos de la pareja de Ayuso. Una instrucción en la que está imputado por un delito de revelación de secretos el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero que pronto salpicará también al Palacio de la Moncloa y que ya ha causado un terremoto en el PSOE de Madrid con la dimisión de su hasta el pasado miércoles, secretario general, Juan Lobato.
De hecho, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reclamó ya al Supremo la imputación de Sánchez Acera tras la declaración de Lobato y después de conocerse, por las conversaciones de Whatsapp, que Sánchez Acera envió a Lobato información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes de que se publicara en prensa.
Está por ver si Sánchez Acera recibió esa información fiscal directamente de la Fiscalía general lo que podría imputarla por un delito de revelación de secretos.