Nuevo choque jurídico por la amnistía. Ayer, los seis vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal -órgano que ayuda en determinadas funciones al Fiscal General- se desentendieron de las órdenes marcadas por Álvaro García Ortiz.
Una situación que se produjo después de un desentendimiento prolongado durante dos meses y medio a cuenta de las funciones que este consejo debe ostentar a la hora de realizar un informe sobre la viabilidad de la ley de amnistía.
Esta se suma a las múltiples quejas que estos seis vocales han realizado sobre las últimas actuaciones del fiscal general. Ahora, entre estos seis, tres son mujeres. Por ello cabe preguntarse: ¿Quiénes son las fiscales que han tomado la decisión de redactar este informe?
Beatriz Sánchez Carreras
Es la actual fiscal jefe de Las Palmas. Antes de ser elegida para este cargo en 2023, fue propuesta por el propio García Ortiz de manera discrecional ante el Gobierno.
En su currículum destaca su fuerte vinculación con la delegación fiscal en la provincia canaria. En 1990, Sánchez comenzó siendo fiscal de Menores y encargada de Protección a Víctimas. Diecisiete años más tarde fue nombrada fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer y en 2011, Decana de esta sección. Desde 2017 ostenta el cargo de fiscal jefa de la fiscalía provincial.
Isabel Gómez López
En 2015 llegó a la fiscalía de Cuenca. Allí tuvo que inmiscuirse en el caso de Laura del Hoyo y Marina Okarinska. Las dos mujeres asesinadas por Sergio Morate. Durante el proceso judicial, la fiscal reclamó 48 años para Morate, 17 y 23 más que lo que llegaron a pedir las acusaciones particulares. Una petición que, finalmente, coincidió con el criterio del juez, que sentenció al asesino a esos 48 años de prisión.
Eva Más Curiá
Es fiscal especializada en la actualidad en las secciones de vigilancia penitenciaria, trata de seres humanos y extranjería y cooperación internacional.
“Descortesía” de García Ortiz
Unas vocales que, junto a sus compañeros, alzan su voz ante García Ortiz. Y es que como ellos mismos declaran, se han dirigido al fiscal general en tres ocasiones para plantear el debate y aprobación del informe tal y como pidió el Senado, donde el PP tiene mayoría.
Sin embargo, como relata EFE, sus peticiones han sido “deliberadamente ignoradas” por el fiscal general, que solo les responde con “copias de las cartas remitidas al Senado declinando las peticiones de la cámara”. Algo que les resulta “inconcebible” y una muestra de “descortesía”, aunque les parece peor la “ocultación” de las peticiones del Senado, de las que aseguran haberse enterado por la prensa.
Ante esta situación y a fin de cumplir los plazos normativos, los vocales han realizado un borrador de informe para que pueda ser incluido en el orden del día del pleno del Consejo Fiscal del próximo 25 de abril para su debate y aprobación.
La propuesta, de 160 páginas, dice que “la Constitución no solo no reconoce expresamente la figura de la amnistía, ni como manifestación del derecho de gracia, ni tampoco como potestad especialmente atribuida a las Cortes Generales”.
“Por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional”, añade el texto.
Pero es que, además, “el diagnóstico de inconstitucionalidad se ve aún más acentuado si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de Justicia, sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura”.