cerco judicial

Las dos altos cargos de Moncloa que han puesto en jaque a Sánchez

Las colaboradoras de Óscar López y de Begoña Gómez -ambas en el entorno de la presidencia del Gobierno- están cada vez más cerca de los tribunales

Cristina Álvarez y Pilar Sánchez

Las últimas revelaciones, por una parte, sobre el caso Begoña Gómez y, por otra parte, sobre la filtración de Moncloa al líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, de la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso sobre su fraudes fiscales amenazan con aumentar los problemas judiciales que ya tiene la presidencia del Gobierno.

Y es así porque tanto el juez Juan Carlos Peinado —que instruye el caso Begoña Gómez— como el Tribunal Supremo —que instruye la causa abierta contra el fiscal general del Estado relacionada con la filtración que sufrió Alberto Gómez Amador (pareja de Ayuso)— podrían citar en breve, según fuentes judiciales consultadas por Artículo14, tanto a Cristina Álvarez (la asesora de Moncloa que trabaja al servicio de la mujer del presidente del Gobierno) como a Pilar Sánchez Acera (que fue directora de gabinete del exdirector de Gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora ministro de Transformación Digital, Óscar López).

Ambas ocuparon puestos relevantes en el Complejo de la Moncloa como cargos de confianza. Cristina Álvarez lo hace todavía como directora de Programas (una función adscrita a la secretaría general de la Presidencia del Gobierno) que, en realidad, es un puesto creado para prestar asistencia a la mujer del presidente del Gobierno. Mientras que Pilar Sánchez ha cambiado de aires, puesto que es la mano derecha de Óscar López y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le resituó el pasado mes de septiembre como ministro de Transformación Digital y para la Función Pública. López, cabe recordarlo, fue un estrechísimo colaborador de Sánchez como director de su Gabinete entre julio de 2021 y septiembre de 2024.

El rastro de Cristina Álvarez

Por partes. El juez Peinado ha tenido la ocasión de comprobar a partir de hechos contrastados que las actividades económicas de Begoña Gómez se desplegaron con la asistencia de su asesora a Moncloa. Se sabe de ella que pidió recursos a Reale para financiar el máster de Transformación Competitiva, que acompañó a su jefa a multitud de reuniones en la Complutense para despachar asuntos como la memoria económica del curso y, más recientemente, ha quedado en evidencia que también se involucró en cuestiones de gestión.

Por ejemplo, la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM dirigió un correo con copia a Cristina Álvarez informando de la necesidad de que “el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña”, en referencia al pliego por el que se investiga a Gómez por un presunto delito de intrusismo.

El rastro de Pilar Sánchez Acera

En el caso la mano derecha de Óscar López, falta por conocer el testimonio que ofrece ante el Supremo este viernes el líder socialista de Madrid, Juan Lobato, que ha desvelado en las últimas horas que registró ante notario una conversación de mensajería con Pilar Sánchez Acera después de que esta le hiciera llegar el correo que el abogado de la pareja de Ayuso había enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos reconociendo su doble fraude fiscal.

Sobrevuelan, por tanto, varias dudas que afectan a esta antigua alto cargo del Complejo de la Moncloa. Existe, por una parte, la sospecha razonable de que reenviara este correo a Lobato con la intención de que lo mostrase durante la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la sesión que correspondía, por fechas, al 14 de marzo.

Pero, si es así, ¿cuándo exactamente accedió Sánchez Acera al correo electrónico que incluía la admisión de delito fiscal por parte del abogado de Gómez Amador? ¿Lo consiguió de manos del fiscal general del Estado, el investigado Álvaro García Ortiz?

Cabe recordar que Sánchez Acera fue diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid desde 2015 a 2022 y que en la mayor parte de este período ocupó la responsabilidad de portavoz adjunta del grupo entre junio de 2015 y junio de 2021; y entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022.

También es pertinente recordar que usó sus redes sociales para difundir una información de la cadena SER relativa a que los fiscales progresistas no veían delito en el quehacer del fiscal general del Estado:

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