El juzgado de instrucción número tres de Catarroja trata de dilucidar la responsabilidad penal en la gestión de las administraciones públicas ante los eventos meteorológicos del pasado 29 de octubre.
Estas son las claves que analiza la jueza Nuria Ruiz Torralba para esclarecer 227 presuntos homicidios imprudentes:
¿Qué se investiga?
El objetivo de la instrucción es descubrir si las administraciones públicas pudieron haber gestionado mejor la prevención y los avisos para evitar las consecuencias mortales del evento meteorológico extremo.
En concreto, pone el foco en el mensaje Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 cuando la mayoría de personas ya habían fallecido entre las 18:00 y las 20:00.
Además, el contenido del mensaje enviado a todos los teléfonos de los habitantes de las zonas más afectadas no recomendaba subirse a zonas altas, lo esencial para evitar ser arroyado por la riada.
El texto del SMS fue el siguiente: “Alerta de protección civil. Por las fuertes lluvias y como medida preventiva, se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X @GVA112 y en À Punt”.
Por todo ello, la jueza determinó que el mensaje enviado fue “tardió y erróneo”. Además, incidió en que “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, que la AMET venía avisando días atrás y hubo instituciones que sí actuaron como la Universidad de Valencia que suspendió las clases para evitar un mal mayor.
Asimismo, Torralba puso el énfasis en que los medios de comunicación estuvieron difundiendo estas alertas. En particular, APunt, medio local que se mencionaba en el propio mensaje de alerta como canal oficial.
Por ello la jueza considera que “carecería de sentido que lo que se calificó́ como canal de información para avisos, no fuera visto en sus previsiones meteorológicas por los propios responsables de emergencias.”
¿Quién está imputado?
Por el momento, solo hay dos cargos imputados: la entonces consellera de Justicia Salomé Pradas y el secretario autonómico de emergencias Emilio Argüeso.
Ambos han declarado recientemente en los juzgados y han descargado la responsabilidad en el Gobierno Central. Echan la culpa a la Conferencia Hidrográfica del Júcar, dependiente del ministerio de Transición Ecológica porque creen que no avisó correctamente del riesgo de desbordamiento de los barrancos. Asimismo, los dos exculparon al president, Carlos Mazón.
La situación de Mazón
A nivel procesal la situación del president está en un limbo. Al ocupar el cargo del jefe del Consell está aforado, por tanto, solo lo podría investigar el TSJ de la Comunidad Valenciana si la jueza enviara una exposición razonada. Varias acusaciones han pedido la declaración de Mazón como testigo pero Torralba lo ha rechazado porque tampoco descarta su implicación directa en los hechos. Así que para preservar su “derecho a la defensa” ha ofrecido a Mazón declarar voluntariamente como investigado. Por el momento, lo ha rechazado.
Las distintas versiones que ha ido dando sobre qué hizo el día de la DANA o dónde estaba no influyen en su responsabilidad penal.
No estaba obligado a estar presente en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI). Pero las pesquisas de la jueza están enfocadas en conocer si el mensaje de EsAlert se envió tarde por orden del president o porque Pradas estaba esperando su orden. Es ahí donde sí podría existir responsabilidad penal de Mazón.
Extremo que gana fuerza tras conocerse las llamadas que intercambiaron Mazón y Pradas ese día. En los momentos más críticos entre las 19.10 y las 19.36, el president estuvo ilocalizable y las conexiones telefónicas que intentó establecer la consellera aparecen como “canceladas”.
No fue hasta las 19:46 -cuando más muertes se estaban produciendo- cuando Mazón contactó con Pradas. Y lo más relevante, justo un minuto antes del envío del mensaje del Es Albert, a las 20:10, mantuvieron la última conversación de apenas un minuto.
¿Responsabilidad autonómica o estatal?
En el auto de imputación de Pradas y Argüeso, la jueza dejó claro que la competencia para la gestión de la dana era autonómica, que correspondía a ellos “alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de las precipitaciones”.
Este mismo viernes, la magistrada reiteró esta postura. En un auto en el que rechazaba la petición de una acusación popular para investigar por qué no se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, incidió en que “el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población”.
¿En qué situación queda la delegada del Gobierno?
Pilar Bernabé fue la representación del Gobierno Central en el CECOPI. Por el momento, ha declarado como testigo. Ante la jueza, reconoció que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del riesgo del desbordamiento del barranco del Poyo sino que centraron sus avisos en la presa de Forata.
Si bien, apuntó que la Generalitat Valenciana tenía acceso al estado del caudal “cada cinco minutos” a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). También aseguró que llamó a Pradas, a las 12.23 horas – ocho horas antes del envío del mensaje de alerta a la población- para ofrecerle a la UME y que contactó con Mazón con un teléfono que no era suyo porque lo tenía “estropeado”.
Tras su testifical, la Asociación Liberum, personada como acusación popular, pidió a la jueza imputar también Bernabé porque consideran que con su declaración reconoció la responsabilidad de la CHJ.