Al poco de conocerse que Begoña Gómez iba a ser investigada judicialmente por tráfico de influencias, Pedro Sánchez estalló contra “la máquina del fango” en alusión a una amalgama de intereses políticos, mediáticos y judiciales confabulados con la idea de propagar bulos para destruir a adversarios ideológicos. Anunció Sánchez que se ponía manos a la obra para elaborar un “plan de regeneración democrática”, que, finalmente vio la luz en el Consejo de Ministros de este martes y que supondrá, si es que llega todo ello a materializarse, cambios en el sistema de medios de comunicación, modificaciones de la “ley mordaza” y reformas en la ley de Secretos Oficiales o el Código Penal. Las que siguen son las principales claves del mencionado plan.
“Transparencia” de los medios
- Se creará un registro de medios de comunicación para hacer pública la propiedad de los mismos y la inversión publicitaria que reciben.
- Se establecerá el deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
- Se reformará la ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.
- También se reformará la Ley de Publicidad institucional para garantizar que los sistemas de medición de la audiencia y la metodología cumplan “los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”. Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.
“Independencia” de los medios
- Se impulsará la ley de Secreto Profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes de los profesionales de la información
- Se procederá a la transposición de la directiva anti SLAPP (acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, Demanda Estratégica contra la Participación Pública) proteger a las personas que participan en la vida pública contra las demandas manifiestamente infundadas y los procedimientos judiciales abusivos
- Se introducirán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
- Se revisarán los mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos.
Calidad de la información
- Se aprobará una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
- Se reformará la ley orgánica de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la ley orgánica reguladora del Derecho de Rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
- Se abordará una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.
La supervisión del plan
- Se reformará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de medios de comunicación en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
- Se creará una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
El plan, más allá de los medios
Más allá de todas estas medidas relacionadas con el sistema de medios (propiedad, ingresos, pluralidad e independencia), el plan anunciado también incluye algunas medidas relacionadas con la transparencia del sistema político y de los procesos electorales.
- Se reformará el reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.
- Se reformará la ley del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas.
- Se reformará también la ley del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.