El ultimátum del Ministerio de Juventud llegó ayer, 31 de marzo, con el objetivo de que las autonomías informaran sobre los migrantes que atienden para diseñar un nuevo reparto. Según ha podido saber este periódico, excepto Aragón, el resto comunidades dirigidas por el PP sí han remitido sus cifras a la cartera de Sira Rego, pero lo han hecho con la amenaza de recursos judiciales bajo el brazo. “Cumplirán con la ley, pero también con los intereses de sus ciudadanos”, subrayan desde la dirección del PP, que considera la propuesta “injusta” y “arbitraria” de base.
El aragonés Jorge Azcón se negó incluso a enviar la información al Gobierno central. “Hemos recurrido esa petición y pedido cautelares”, explicaron fuentes de su Ejecutivo. “Hasta que no se pronuncien sobre las cautelares no vamos a mandarlos”, dejaron claro desde Zaragoza, ante el requerimiento del ministerio.
En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya dio un paso adelante la semana pasada al anunciar que llevarán el plan migratorio al Tribunal Constitucional. “Estamos al límite de ocupación”, denuncian fuentes del Ejecutivo autonómico, que cifran en “2.400 menores” los acogidos actualmente en la región.
También Juanma Moreno en Andalucía, una de las comunidades que más menores acogería según la propuesta inicial del Gobierno, ha enviado sus datos al Ministerio. En 2024, la Junta de Andalucía atendió un total de un total de 2.615 menores migrantes no acompañados.
Otras comunidades autónomas, como Baleares, Galicia, Valencia, o Castilla y León han decidido enviar las cifras al Gobierno, aunque no renuncian recurrir a la vía judicial. Algunas como la Generalitat Valenciana lo tienen claro. “Vamos a recurrir”, aseguran fuentes cercanas al president, Carlos Mazón. Otras, como Castilla y León, responderán una vez el Gobierno se haya manifestado al respecto. “En Castilla y León tenemos 130 plazas para menores migrantes no acompañados y a día de hoy tenemos acogidos 178. En 2024 se atendió a 275 menores migrantes no acompañados”, detallan desde el equipo de Mañueco. Y añaden: “Estamos estudiando el recurso, pero primero esperamos noticias del Ministerio”.
En Extremadura, María Guardiola también ha remitido sus datos al Ejecutivo central, informando de que en 2024 ha acogido a 126 menores migrantes y que su ocupación efectiva está en el 111,2%. Aunque ha cumplido con el plazo, desde el entorno de la presidenta se percibe malestar por la presión añadida a una región que, según fuentes del Ejecutivo autonómico, “ya está haciendo un esfuerzo considerable”.
Por su parte, Murcia eleva el tono de la crítica. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, afirmó el viernes que los menores migrantes no acompañados acogidos actualmente en la región “exceden un 220%” la capacidad de los recursos disponibles. “Es insostenible”, apuntan fuentes del Gobierno murciano, que ven en el plan de reparto una “solución insuficiente” para una crisis que desborda sus medios.
Génova coordina la estrategia
En paralelo, la dirección nacional del PP lleva días en “contacto permanente” con sus barones para coordinar la respuesta, según fuentes de Génova. El portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, dejó claro este lunes que las comunidades gobernadas por el PP “cumplirán la ley” y acatarán el reparto, aunque lo consideren “injusto”. Eso sí, ha matizado: “No ser insumisas a la ley no significa que luego no puedan recurrirla ante los tribunales”.
“Seguimos en contacto con todas nuestras comunidades”, aseguran en la dirección nacional. Dejan claro que dan total libertad a sus territorios para que respondan al Gobierno. “Reclamarán todos los recursos disponibles para albergar a esos menores”, aseguran fuentes populares a este periódico. “Avalamos su hoja de ruta, aunque la respuesta es suya”, sentencian en Génova.