La vicepresidente y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno ofrecerá una “financiación singular” a Cataluña y negociará con Esquerra Republicana (ERC) la condonación de 15.000 millones de euros. Todo ello “dentro de un modelo válido para todas las comunidades”. Este ejercicio de trilerismo económico, fiscal y político ha levantado una auténtica polvareda de protesta en otras comunidades pues es difícil de adivinar cómo lo singular se acunará en lo general. Lo justifica por lo de siempre, las nunca explicadas “peculiaridades” catalanas.
El presidente Sánchez apadrina la misma idea. Y uno, ingenuamente, se pregunta ¿cuál es la singularidad de un catalán respecto a otro español? No hallo una respuesta razonable, salvo que la voraz Generalitat les penaliza con hasta 15 impuestos propios, frente a un máximo de 6 que sufre otro español que habite bajo otra Administración. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene ninguno. Otro hecho singular: la Generalitat administra 360 entes públicos en sus presupuestos entre consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles. Y TV3 alimenta 7 canales para ilustrar al espectador catalán. Y un tercero, exhibe el mayor déficit fiscal de todas las comunidades; es decir, gasta a manos llenas.
Angel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), es el economista que más y mejor ha analizado tan complejo asunto como el sistema de financiación autonómica y el lloro sempiterno de Cataluña. De la Fuente, que en varias ocasiones ha mostrado su escepticismo respecto a los números exhibidos por la Generalitat, ha declarado que ”Cataluña ha estado cerca de la media en términos de financiación por habitante ajustado. En mi opinión, esto es razonable”.
El sistema de financiación autonómica es un engranaje nada fácil de entender y menos de explicar. Conceptualmente financia los servicios públicos de las autonomías. España tiene dos sistemas de financiación regional. Uno, que se hunde en la guerra carlista, es el denominado foral o de concierto del País Vasco y Navarra. Ellos recaudan y comparten lo que les da la gana. Es el sueño húmedo de los independentistas catalanes. El segundo para el resto es el de régimen común. El Estado recauda y financia sus competencias y complementa las de las comunidades. Todo ello invocando a ese principio de solidaridad que articula los países.
El Estado retiene el impuesto de sociedades y cede a las autonomías el 50% de IRPF e IVA, el 58% de los impuestos especiales y el 100% de los que podríamos llamar menores. El reparto se realiza acorde con el criterio de población ajustada: mayor de 65 años, en edad escolar, acogida al sistema sanitario y dispersión demográfica en el territorio. Para asegurar la financiación se han creado varios fondos, como son el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y los de Convergencia. Mariano Rajoy creó en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que las autonomías puedan endeudarse sin recurrir a los mercados. Fue agua de mayo. Sobre todo, para Cataluña, que recibió más de 70.000 millones que, ahora, quiere que el gobierno se los condone. Andalucía pidió unos 25.000 millones y Madrid, nada.
Sólo hay tres comunidades que aportan más que reciben. Son Madrid, con 6.313 millones; Cataluña, con 2.168 millones, y Baleares, con 334 millones. El resto, con Andalucía a la cabeza, con casi 5.000 millones, reciben más que lo que aportan. Otra forma de medirlo es la financiación efectiva por habitante. La media nacional se sitúa en 2.963 euros. Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia se sitúan por debajo de ese listón. A juicio de muchos, estas serían las autonomías infra financiadas. Cataluña, por supuesto, lo supera, situada en el mismo peldaño que Madrid.
Pero mientas se alimenta el debate, las autonomías siguen gastando más que nunca. Los datos del primer trimestre se elevan por encima del 6% sobre el ejercicio anterior, más que crecimiento de PIB e inflación juntos. Murcia y Andalucía superan los dos dígitos. Cataluña, siempre a la cabeza a la hora de gastar, se acerca al 8%.
El independentismo catalán, osado como pocos, anhela el historicismo trasnochado y foral de la financiación de vascos y navarros. Son modernos para todo, menos cuando se trata de demostrar el apetito por la pela. Para ello, disponen de una segunda carta en la mesa. Se llama principio de ordinalidad. Su padre fue el conseller socialista de la Generalitat Antoni Castells. Estuvo del 2003 al 2010 al frente de Economía. Esos siete años le dieron para inspirar el Estatut de 2010 y para alumbrar el principio de ordinalidad. Maquiavélico donde los haya. Si Cataluña es de las primeras en aportar tiene que ser de las primeras en recibir. Así entiende el principio de solidaridad, pero menos, un socialista catalán.
Pero volvamos a la singularidad. Como a nadie se le escapa la auténtica singularidad procede de los acuerdos de investidura suscritos por el PSOE con ERC y Junts. Ahora está en juego la presidencia de Salvador Illa. Los votos, siempre sufridos, tienen un precio.