La sombra de la corrupción y el fin de Lobato sacuden al PSOE a las puertas de su congreso

Una gestora se pondrá a los mandos del partido en Madrid hasta que se celebre el cónclave regional. En la causa que afecta al hermano del presidente también está imputado el líder del PSOE extremeño

Tapar una vía de agua en la proa mientras se abren otras dos en la popa es ya la tónica habitual para el Gobierno. No hay día tranquilo y las cuestiones que afectan directamente a su círculo particular es lo que más preocupa a Pedro Sánchez, que este miércoles acudió al Congreso para defender a capa y espada su gestión de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana y para señalar de nuevo las responsabilidades del Ejecutivo de Carlos Mazón.

Cuando salió de la Cámara Baja ya había dimitido el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Su hermano, David Sánchez, había sido citado a declarar como imputado y, como él, el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo. El Gobierno, que preveía una suerte de paseo militar tras la intervención sin límite de tiempo del presidente, enmudeció.

Y todo, a las puertas del 41 Congreso Federal, que el PSOE planeaba celebrar en Sevilla desde este viernes para revalidar el liderazgo de Sánchez. A partir de ese día, la Ejecutiva del PSOE madrileño queda formalmente disuelta, y en manos de una gestora que corresponde nombrar al secretario de Organización estatal del partido, Santos Cerdán. Noventa días después del cónclave el PSM tendrá un nuevo líder, pero las heridas abiertas están lejos de cerrarse.

La batalla entre el exsecretario general y la dirección ha sido total desde la noche del domingo, cuando se conocieron las informaciones que pusieron a Lobato en la picota. Han sido tres años de mando en los que ha tenido crecientes encontronazos con Ferraz, y desde hace meses se especulaba con el posible despliegue de una candidatura alternativa para arrebatarle el timón. La desconfianza de Sánchez era conocida, ya tenía un pie fuera.

Desde que se conoció que el exlíder socialista madrileño había registrado ante notario los mensajes que intercambió con una asesora de Moncloa, sobre las informaciones filtradas que afectan al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, Ferraz lo consideraba políticamente muerto. Había perdido apoyos a chorros, y este miércoles comunicó su renuncia con una carta de la que no avisó previamente a la dirección del partido, según dos fuentes de la cúpula de Ferraz.

La consigna oficial era no dar un golpe sobre la mesa y esperar su dimisión, si bien él mismo había denunciado las presiones a las que se había visto sometido por parte de su propia formación, que hoy respira con alivio. “Al final uno tiene que asumir las cosas que hace”, resumía un socialista con galones de mando.

Ni se espera que se vuelva a presentar, ni todavía están claros los tiempos para desplegar la operación Óscar López, el ministro de Transformación Digital que Ferraz aspira a situar a los mandos de la nave madrileña. Por lo pronto, Lobato declarará este mismo viernes en calidad de testigo ante el Tribunal Supremo , en el marco de la investigación por la filtración que afecta a la pareja de Ayuso. No estará en el cónclave, pero no saben qué esperar de su declaración.

La causa supone un verdadero dolor de cabeza para el PSOE y es la que ya ha provocado la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según el Gobierno, no hay “nada” en esos whatsapps que pueda dañarles. Ni creen que puedan salpicar a López, ni estiman que vayan a comprometer a otros integrantes del Ejecutivo.

Los frentes se amontonan, y la defensa ante la investigación a la corrupción se salda, de nuevo, con silencio o disparando en dirección contraria, preferentemente hacia el cuartel general del PP. Ocurre también con el caso Aldama: más allá de repetir que no hay nada que afecte al actual Ejecutivo en el marco de esta causa, en Moncloa guardan silencio.

“¿Usted puede darme lecciones? Pocas, pero ninguna le voy a aceptar de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante”, respondió Sánchez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado sobre el caso Aldama en la sesión de control.  También reprochó al presidente de los conservadores que crea más al presunto comisionista que a la AEMET. Del fondo del asunto, ni una palabra.

El estado anímico del presidente

La sombra de la corrupción y las declaraciones de Aldama, según Moncloa, no les preocupan más de la cuenta. Esto es, más allá de invadir la agenda pública, opacar sus mensajes y dificultar que recuperen la iniciativa política. Otra cosa es el frente que afecta a Begoña Gómez. En su entorno reconocen que lo que afecta directamente a su esposa sí es particularmente duro para Sánchez.

Tras meses de informaciones sobre sus actividades, su hermano también se ha visto citado a declarar como imputado. Y, con él, el líder socialista en Extremadura, Miguel Gallardo, también presidente de la Diputación de Badajoz, y otras siete personas. El músico David Sánchez deberá declarar el 9 de enero ante el  Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el marco de las diligencias abiertas por presuntas irregularidades en la contratación del hermano del presidente.

Ni en el PSOE ni en el Ejecutivo han querido hablar sobre este caso. “Vamos a esperar”; “ha sido una semana muy intensa”, despachaban desde el Gobierno. En Sumar, el socio minoritario de la coalición, tampoco querían posicionarse tras la imputación del hermano del presidente. Si han mantenido un perfil muy bajo tras las declaraciones ante el juez de Víctor de Aldama, en las que disparó incluso contra el número tres socialista, de nuevo en esta ocasión han optado por el silencio.

Y, en lo que respecta a los socialistas extremeños, hubo que esperar hasta última hora de la tarde para conocer un comunicado de la formación que lidera Gallardo. Presumieron de la colaboración de la Diputación con la Justicia, reclamaron evitar los “juicios de valor” y las “sentencias mediáticas”, para “no invadir el derecho a la defensa”. Y cargaron contra el PP, al que acusaron de utilizar de forma “partidista” el procedimiento. “Esta estrategia demuestra una clara intención del PP de emponzoñar el debate político en nuestra región, con afirmaciones que carecen de rigor y responsabilidad”, zanjaron. De nuevo, sobre el fondo de la cuestión, ni una sola palabra.

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