El Pleno del Congreso de la semana que viene debatirá y votará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para superar su tramitación parlamentaria.
La Junta de Portavoces de este martes ha acordado la inclusión de este punto en el orden del día de esa sesión plenaria, concretamente el jueves, día 26, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El pasado julio, el Congreso rechazó con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts dichos objetivos, que sirven de preliminar para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Ahora, y tras haber pasado las elecciones catalanas que tensionaron las negociaciones entre PSOE y Junts, la Cámara Baja se volverá a pronunciar sobre la misma senda de déficit. Los de Carles Puigdemont, de momento no se han mostrado abiertos a variar su voto de julio.
Cuatro debates de la senda
Será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.
En esas dos ocasiones, el Congreso no supuso un escollo y los objetivos superaron el trámite de la Cámara Baja. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la senda ambas veces. Eso obligó al Ministerio de Hacienda a recurrir a un informe de la Abogacía del Estado para sortear el veto de la Cámara Alta y elaborar los Presupuestos con los objetivos que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea en abril de 2023 dentro del Programa de Estabilidad.
De hecho, los objetivos remitidos a Bruselas son el plan B del Gobierno para seguir la tramitación presupuestaria si las Cortes no respaldan la próxima semana la senda propuesta por el Gobierno, que establece un déficit público del 2,5% en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.
Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió que ese plan B recortará en 11.500 millones de euros la capacidad de gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Es por esto que la ‘número dos’ del PSOE dijo que quien no apoye esos objetivos se pegará “un tiro en el pie” allá donde gobierne porque contará con menos recursos.