La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha accedido a la petición de la defensas de los investigados en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos para que se cite a declarar como testigo a Alberto González Amador, novio de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, denegó, en auto de 27 de enero, la petición formulada por las defensas para que González Amador fuese citado como testigo previamente a la declaración de los dos fiscales investigados, que estaba prevista para finales del mismo mes de enero. Entonces, argumentó que la posición del querellante venía prefijada en la querella y por la actividad de su representación a lo largo de lo actuado, ante lo cual, una diligencia como su toma de declaración previa podía resultar perjudicial para el acusado.
La Sala de Apelación estima ahora parcialmente los recursos de los investigados y señala que no ve motivos para denegar la toma de declaración testifical de González Amador. “Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”, argumenta en el auto.
La resolución recuerda la Ley de Enjuiciamiento Criminal “determina que el sumario lo constituyen las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes. Desde este plano interpretativo, la declaración del querellante puede, sin duda, servir para constatar tales circunstancias“.
Por otra parte, el auto desestima los recursos de apelación del fiscal general y de la fiscal provincial en todo lo demás, ratificando la denegación del juez Hurtado de citar como testigos a una serie de periodistas, así como la petición de los investigados de que se requiriese la intervención y volcado del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. “No se vislumbra la necesidad de que su dispositivo telefónico, en tanto tiene la condición de testigo, deba ser objeto de un volcado”, señala la Sala de Apelación.