Fue histórico pero breve. Apenas dos minutos duró la declaración de Pedro Sánchez. “El juez le preguntó si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Le ha preguntado si se acogía a su derecho a no declarar. Le contestó que sí. Estas han sido sus únicas intervenciones, y ya el juez dio por terminada la diligencia”, resumió el acontecimiento histórico el abogado de Begoña Gómez. Antonio Camacho dijo que el presidente había estado “tranquilo” y no se atrevió a prever el siguiente escenario porque, aseguró, el juez Juan Carlos Peinado es “imprevisible”.
Si bien, el siguiente capítulo de esta historia lo firmó el presidente del Gobierno, o más bien la Abogacía del Estado en representación del jefe del Ejecutivo. Apenas dos horas después de que saliera el juez Peinado del Palacio de la Moncloa, se publicaba la querella contra el magistrado por prevaricación.
Pedro Sánchez considera que la institución que preside ha sido “agraviada” por el juez Peinado. Un texto firmado por la abogada del Estado denunciando algunas prácticas de la instrucción del magistrado que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La querella critica las filtraciones de autos y providencias, así como los vídeos de las testificales. También la “inconcreción” de la investigación.
Pero sobre todo lo que pone en cuestión es que Pedro Sánchez fuera llamado en calidad de esposo cuando a su mujer se le investiga por un delito de tráfico de influencias porque este delito “exige la presencia de una autoridad y de una relación personal entre esta y quien no es autoridad. Por tanto, el tipo delictivo objeto de investigación, en el caso de que mi representado tenga algo que aportar, está necesariamente vinculado con el ejercicio de su cargo”, explica la querella del presidente del Gobierno contra Peinado.
Precisamente eso es lo que se le puede “cuestionar” al juez Peinado según reconocen fuentes del Tribunal Supremo a Artículo 14. Aseguran que ha tenido “un error en la forma” y que podría “haber hilado más fino” porque si lo cita como esposo pierde el sustento de seguir investigándolo por tráfico de influencias.
Sin embargo, las fuentes consultadas del Alto Tribunal aseguran que la querella “no tiene ningún recorrido porque un defecto de forma no tiene por qué ser delito”. “Muy poco” margen, añade otra destacada fuente jurídica.
El magistrado Joaquim Bosch también ve “improbable” que pueda prosperar la querella interpuesta por Sánchez. “No basta que un juez instructor haya adoptado decisiones jurídicamente incorrectas. Además, se debe acreditar que el juez ha incurrido en la conducta dolosa de dictar una resolución injusta a sabiendas”, explica el juez, que prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomará una decisión sobre la querella más allá de septiembre.
Situándonos en la pantalla de una hipotética admisión a trámite y de la apertura de diligencias, Bosch asegura que no tendría efectos en el caso de Begoña Gómez más allá de que Peinado sería apartado de la causa.
La Abogacía del Estado, a debate
Las críticas políticas sobre la querella no se hicieron esperar. En concreto, Vox acusó a Sánchez de utilizar a una institución del Estado para su beneficio personal y solicitó al Congreso la documentación necesaria para que la Abogacía del Estado se querelle en nombre del presidente.
No lo entiende así Ignacio González Vega. Para el magistrado, está justificado que la Abogacía del Estado firme la querella porque el órgano “actúa en defensa de las autoridades y los cargos públicos”. Explica que por ejemplo a todos los policías nacionales los defiende la Abogacía del Estado. Opinión que comparte con Bosch: “La actuación de la Abogacía General del Estado es jurídicamente admisible, al partir de la premisa de que se ha causado un daño a la actuación del presidente del gobierno (y no a Pedro Sánchez como ciudadano particular)”, aclara el magistrado, en declaraciones a este periódico.
Desde el Ejecutivo fue la portavoz Pilar Alegría la primera en comentar la querella. Aseguró que trata de “defender la institución de la Presidencia del Gobierno” independientemente de quién ocupe el Palacio de la Moncloa para que no se vuelvan a producir más “montajes” como el que, a su juicio, se produjo este martes.
Sin embargo, hay temor en Moncloa de que la causa que empezó investigando a Gómez termine con la imputación del presidente, como informó este periódico. Fuentes del Gobierno no descartan que el juez Peinado eleve la causa al Alto Tribunal para que valore su eventual imputación tras la declaración de este martes.