Hubo que votar una medida, una sola en siete meses, en una de sus primeras sesiones de trabajo. Ha habido 31 sesiones en esta legislatura, 30 en la anterior. El nuevo pacto de Estado contra la violencia machista estaba aún muy verde, apenas habían empezado a avanzar en la subcomisión correspondiente en el Congreso, y aún no se había construido la dinámica de funcionamiento de la que presumen hoy todos los grupos políticos. “De esa medida nunca más se supo, no sé ni quién la propuso”.
Una de las diputadas que trabajó en el nuevo acuerdo contra la violencia machista explica a Artículo14 que no volvieron a votar en ninguna ocasión, porque todos los avances los sustentaron en acuerdos. “Cuando nos atascábamos dejábamos la medida en cuestión pendiente, hablaba todo el mundo y se buscaba una nueva versión que recogiera todas las sensibilidades”.
El acuerdo político para renovarlo data de la anterior legislatura, ha habido que esperar un año y medio de la actual para lograrlo, pero hoy el pacto está a sólo un paso de convertirse en realidad. El informe de la subcomisión, aprobado este lunes en la comisión correspondiente, parte ahora al pleno, donde está previsto que aterrice ya en la última semana de este mes, o la primera de marzo.
Las diputadas han culminado meses de trabajos discretos sin disparar unas contra otras públicamente. Entre críticas a las insuficiencias que cada una aprecia en el texto, pero con un ambiente y unas dinámicas que ven difícil de trasladar a otros órganos de la Cámara Baja. 34 votos a favor, 3 en contra, con todos los partidos unidos “a pesar de Vox”, y evitando golpes bajos.
En el camino, el borrador de las medidas, elaborado por el grupo socialista, ha sido objeto de tres revisiones completas, asegura una de las impulsoras del pacto. Y otras iniciativas, las más polémicas o difíciles de acordar entre las 462 que incluye -algunas reeditadas del antiguo pacto y otras novedosas-, cuatro ocasiones o más.
El grueso de las partes coinciden en varios aspectos: el pacto es insuficiente para todas. Su aprobación no garantiza su aplicación, y ahora llega la fase de poner el foco en las administraciones que deben aplicarlo. PSOE y PP han llevado la voz cantante en algunas cuestiones, al ser los grupos más numerosos, pero las formaciones más pequeñas han transmitido, a calzón quitado, sus líneas rojas. Y las decisiones se han tomado por consenso, cediendo.
“En muchas cosas hemos perdido, no hemos sido capaces de convencer. La mayoría PSOE-PP se nota”, concede una diputada. También desliza que, en este periodo de trabajo lejos de cámaras y micrófonos, a puerta cerrada, ha logrado “entender mejor” algunos de los planteamientos de otras parlamentarias, sus “perspectivas”.
Incluso desde las posiciones políticamente antagónicas: “Siempre se ha hablado sobre diferencias concretas, ideas, maneras de entender los servicios públicos, qué priorizar o cómo”. “Sin descalificaciones”, apunta.
El debate sobre cómo reflejar la prostitución en el texto fue uno de los más difíciles. “La prostitución nos partía por la mitad”, asume una parlamentaria, que recuerda que siempre hubo mayoría del PSOE y el PP a favor de un texto claramente abolicionista. Pero “se entendió que tenía que ser un documento en el que todo el mundo se viera reflejado”, acepta.
Aquí, el enfoque de los dos grupos más grandes chocó con el de Sumar, Bildu, ERC, y Junts, y una parlamentaria rememora que el PNV jugó un papel fundamental para que el informe quedara tal y como está hoy: considerando el proxenetismo como una forma de violencia sobre la mujer, pero no la prostitución como tal. Cómo considerar la prostitución es la madre de las divisiones en el movimiento feminista, y lograron soslayarlo con esta fórmula.
Entre las espinas clavadas, varios grupos destacan que les habría gustado que se considerara la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres -el PSOE defiende que estos casos deben abordarse como ejemplos de “mala praxis”-.
O que el ámbito de la pareja o la expareja, como lo acota la ley contra la violencia machista de 2004, no sea el único campo en el que se puede hablar de violencia de género. “Es estructural, se constata que existe una violencia contra las mujeres que excede del ámbito privado. Esto ha quedado un poco pendiente”, afirma una de las diputadas. “Aquí nos hemos quedado cortos”.
La manera de avanzar ha pasado por asumir un “ni para ti, ni para mí”, sostiene. Otra parlamentaria sostiene que entre sus recomendaciones “hay cosas muy sencillas y concretas de llevar a la ley”, aprovechando la necesaria transposición de la directiva europea 2024/1385. El pacto reclama servirse de esta adaptación de un mandato europeo a la legalidad española para “incorporar de manera específica la violencia económica en nuestro ordenamiento jurídico”.
Será más complejo mejorar la regulación de la violencia digital, aceptan. “Y llevará más tiempo”. Las medidas “de tipo jurídico”, “han requerido varias vueltas”, explican, al afectar de lleno a leyes ya en curso.
Todos los votos particulares han sido rechazados, salvo una modificación de carácter técnico, impulsada por Sumar. Los dos grandes grupos, PSOE y PP, no han presentado votos particulares -habrían tenido más fácil su aprobación por su tamaño-, y aseguran que no lo pactaron previamente. “Se entendió que no se debía modificar el consenso”, afirman.
Las diputadas de Vox, dedicadas a “ningunear los acuerdos”
La excepción que confirma la regla, en este caso, es Vox. Diputadas de todos los signos políticos, cada una con sus palabras, exponen que las parlamentarias de la formación de Santiago Abascal, la única que ha votado en contra del informe, se han dedicado “proactivamente al boicot y al ninguneo”.
“A veces nos incomodaban. Estábamos teniendo un debate y lo interrumpían. Se han dedicado a comentar, ningunear, a despreciar los acuerdos”, afirma una de las presentes en las deliberaciones. Otra parlamentaria alude al discurso de este lunes, en la comisión, para afirmar que lejos de los focos han sido aún “más irrespetuosas”.
“Nos interrumpían hablando de chiringuitos, era una táctica desestabilizadora. Y lo que hacíamos era ignorarlas, aunque llegaron a ser muy groseras”, abunda. Lamenta que hayan “desperdiciado la oportunidad de aprender algo”. “Todas hemos aprendido de las demás”.
Tras siete meses de trabajo, diputadas de distinto signo intercambian halagos. Una de ellas comparte la anécdota de que llegaron a tener a su disposición una cafetera Nexpresso, propiedad de una diputada socialista, que iban usando, compartiendo y devolviendo a su sitio distintas parlamentarias de la subcomisión.
Ha habido debates más tensos, días más “delicados”. Como cuando, a finales de octubre, la Dana asoló la Comunidad Valenciana. Los grupos debatieron y decidieron “seguir trabajando a puerta cerrada”. “Entendimos que era lo mejor que podíamos hacer”, afirma una parlamentaria. El PP no acudió, y siguieron avanzando en los trabajos. Días después, los conservadores “mandaron aportaciones”, y esa parte también “se acabó pactando”.
Una diputada insiste: en un contexto en el que las políticas de Igualdad “ya no generan el consenso que generaban”, con una corriente internacional que las cuestiona, es un éxito que sean capaces de llegar a un acuerdo de este calado. “Sabemos la importancia de luchar contra estas violencias”, celebra.
Otra parlamentaria, cuestionada por el motivo por el que sí son capaces de trabajar con sus adversarias políticas en este espacio de trabajo, mientras que otros son pasto de trifulca política, comparte su hipótesis: “Igual, que sea un espacio de mujeres que quieren proteger a mujeres tienen mucho que ver”.