Dice el entorno de Félix Bolaños que el ministro de la Presidencia responderá, en su condición de testigo, “a cualquier cuestión que se le plantee” durante la cita con el juez Peinado dentro de un mes, el próximo 16 de abril. Probablemente sea ese el momento en que, por primera vez, alguien del Gobierno asuma que dio la orden de contratar a Cristina Álvarez, la muy asesora de Begoña Gómez.
Hasta ahora nadie ha asumido la responsabilidad de poner bajo la nómina de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno a una asesora que, tal y como ha demostrado la investigación judicial, trascendió con mucho las funciones de organizar la agenda y el protocolo que van aparejados a Begoña Gómez por su condición de mujer del jefe del Ejecutivo. “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra”, escribió en un correo la asesora en busca de patrocinios para el máster que codirigía su jefa en la Universidad Complutense.
La sospecha de malversación
El juez Peinado se pregunta ahora si ha existido una malversación de Presidencia al por pagar a una asesora para las actividades privadas de Begoña Gómez y trata de esclarecer las circunstancias después del paso de la propia Cristina Álvarez por los juzgados en su condición de investigada en la causa contra la mujer del presidente (imputada por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias).
“Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos”, es todo lo que acertó a explicar Cristina Álvarez al juez durante su declaración, en la que admitió que no tuvo que pasar ningún tipo de proceso de selección para convertirse en directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
Lo cierto es que tanto la propia Cristina Álvarez como el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez nombraron a Bolaños como responsable máximo del departamento, pero todo fueron explicaciones difusas. El exvicesecretario de Presidencia aseguró al juez que no podía recordar quién le dio sus datos, ya que en esa época, cuando el primer gobierno de Pedro Sánchez se puso en marcha, tramitó cerca de un centenar de nombramientos. Añadió ante el juez que “nunca se le había visto por las dependencias de Moncloa” y no pudo dar detalles ni sobre su currículum ni sobre las órdenes de contratación.
La hiperactividad ante la Complutense
En todo caso, el juez cuenta en su poder con la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez, las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, la remuneración recibida y aplicación presupuestaria. La asesora, que sigue en su puesto de trabajo desde que fue nombrada en julio de 2018, negó ante el juez haberse servido de ese cargo en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.
Antiguos cargos de la Complutense han explicado al juez que el contacto que mantuvieron con Cristina Álvarez fue continuo. “Al final hablaba casi más con Cristina que con Begoña, quien se la presentó como una persona de confianza que le acompañaba”, explicó el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio.
Félix Bolaños se ha convertido en el segundo miembro del Ejecutivo citado como testigo por el juez Peinado. El primero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar -al afectar la causa a su pareja- el pasado julio, cuando el magistrado se desplazó al palacio de la Moncloa para interrogarle.