El acuerdo in extremis entre el Gobierno y Junts para recuperar las medidas sociales del decreto ómnibus ha acaparado titulares por las cesiones asumidas para garantizar la viabilidad del nuevo real decreto ley. Sin embargo, hay uno de los ángulos, una de las aristas del pacto que vende Junts per Catalunya, que ha pasado relativamente desapercibido.
En un comunicado remitido este martes, el partido de Carles Puigdemont explicitó que quedaban fuera del acuerdo las medidas de índole económica que contenía el decreto ómnibus original, entre ellas las entregas a cuenta por valor de varios miles de millones de euros que esperaban las comunidades autónomas. El texto condicionaba estas transferencias a una “redistribución diferente de los objetivos de déficit”, así como a la apertura de “una negociación seria sobre el concierto económico en Catalunya”. Se trata de dos requisitos que ni el Ejecutivo ni Junts han querido concretar.
En lo que toca a los objetivos de déficit para todas las administraciones, estos los marca la senda de estabilidad (hoy se aplica la de 2023). Y el Gobierno, que ya presentó una senda para 2025 que fue rechazada por Junts, se abrió públicamente a modificar estos objetivos si se garantiza los votos para aprobar nuevos Presupuestos. La senda está considerada la primera piedra del edificio presupuestario.
Este miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el acuerdo con Junts permite ser algo más optimistas sobre la viabilidad de las cuentas públicas. “Se pone de manifiesto que tenemos posibilidad de seguir encontrándonos”, afirmó, en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta). Como ella, otros ministros vendieron cierto optimismo tras la reconstrucción de los puentes con los de Puigdemont.
Hace escasas semanas, fuentes de Hacienda reconocían un mínimo margen para negociar la capacidad de endeudamiento de comunidades autónomas y ayuntamientos, y trataban de convencer de que estas entidades son las principales interesadas en la aprobación de unas nuevas cuentas públicas, para contar con más margen. Pero cualquier opción de abrir la mano en esta materia se condicionó a que cuenten con los votos necesarios en el Congreso.
Y, en lo que se refiere a la “negociación seria sobre el concierto económico en Catalunya”, a la que alude el comunicado de Junts, se trata de una pantalla que ni las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE ni las del PP quieren abordar. Y que supondría al Gobierno reabrir la caja de Pandora después de haber logrado enfriar esta cuestión.
Como reconoce un barón del PSOE, la “financiación singular” de Cataluña lleva inevitablemente a un callejón sin salida. Entre los socialistas hay quienes entienden que se pactó como una concesión a ERC, con el convencimiento por ambas partes de que tendría difícil aplicación.
Junts vincula estos dos frentes con la apertura de las conversaciones para facilitar que el dinero fluya hasta las comunidades autónomas que lo esperan, y el Gobierno no aclara si ha aceptado estos condicionantes.
Por su parte, desde el PSOE sostienen que no harán “ningún comentario” hasta que no haya “un acuerdo” en esta materia. “Eso formará parte de una negociación nueva con las partes del real decreto que quedan fuera del nuevo”, avisan.
A su vez, este mismo miércoles, Montero anunció que prevé convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas, previsiblemente durante el mes de febrero. Se trata de un encuentro que estaba previsto para enero, y en el que el Ejecutivo anunció que abordaría el escenario de las condonaciones parciales de la deuda a las comunidades autónomas.
Salvo que alcancen un nuevo pacto antes, llegarán a esta cita con las comunidades sin haberles transferido estos nuevos recursos. Desde Hacienda aseguran que las entregas a cuenta “no están relacionadas” con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Las comunidades autónomas reclaman estos recursos
Distintas comunidades autónomas han reclamado este miércoles los recursos que, hoy por hoy, no tienen fecha para ser transferidos a sus arcas, tras la derogación del real decreto ómnibus. Lo han hecho regiones gestionadas por el PSOE, como Castilla La-Mancha (571 millones de euros), y otras gobernadas por el PP, como Andalucía (1.828 millones) o Murcia (655 millones).
La cuestión es espinosa para el Partido Socialista, como reconoce un barón que no gobierna. Pero, si cabe, lo es más para el PP, que votó en contra del decreto ómnibus que sí incluía estas transferencias a las comunidades autónomas, y que este miércoles ha anunciado que votará a favor de su reedición como decreto cargado de medidas sociales. Y que no incluye las partidas comprometidas con los territorios.
En julio del pasado año, el Ejecutivo central anunció que en 2025 las comunidades autónomas recibirían 147.412 millones de euros en entregas a cuenta, un 9,5% más que en el ejercicio anterior. El plan es mantener esta promesa, pero tendrán que hacerlo a través de un decreto que todavía está por pactar.