El debate en torno a la acogida de los migrantes menores no acompañados no ha hecho más que empezar. Si bien la semana pasada se produjo la ruptura de los pactos autonómicos entre PP y Vox debido a la acogida de esos menores, este lunes se abrió un segundo frente político: el registro en el Congreso de la proposición de ley para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería. Una modificación legal que haría obligatorio el reparto de menores migrantes desde autonomías saturadas, cuya capacidad superase el 150%, a aquellas que estén por debajo de esa cifra porcentual.
La proposición de ley ya cuenta con 153 síes. Pues además de conocerse los votos favorables del PSOE, Sumar y Coalición Canaria -propulsores de la iniciativa- para pasar el primer trámite parlamentario, se conoció el sí del PNV. La formación que gobierna en la autonomía vasca apoyará, “en cualquier caso”, la toma en consideración, aunque propuso “más mejoras”. Unas medras que por el momento no desvelan, pero que, aseguran, “el Ejecutivo ya conoce”. Por el contrario, las negativas de Vox (33), Junts (7) y ERC (7) en este asunto son más que conocidas.
Cabe recordar que la toma en consideración de la propuesta de ley, según señala Europa Press, está prevista para el martes 23. En este punto se haría un debate y una posterior votación con la que se decidirá si el texto legal avanza a la respectiva comisión -para ello harían falta más síes que noes– o se rechaza.
Un movimiento “poco serio”
Ahora bien, la forma que ha adoptado la migración en el Congreso de los Diputados ya es un mal comienzo, en opinión del PP. El portavoz popular Borja Sémper criticó en la comparecencia posterior al Comité Ejecutivo Nacional como “poco serio” el hecho de haber presentado una proposición de ley y no una propuesta de ley. La razón: que la segunda permitiría realizar informes preceptivos técnicos y un debate “mucho más solvente”.
Asimismo, Sémper criticó la apresuración con la que el Ejecutivo está actuando en torno a este tema. “Tenemos el convencimiento de que el Gobierno no quiere ni abordar ni solventar un problema. Lo que quiere es repartir culpas y responsabilidades”, agregó.
Las circunstancias recuerdan a la proposición de ley que el PSOE trató de sacar adelante para eliminar el proxenetismo. Los socialistas dependían, y ahora también, del PP. Bien sea a través de una abstención o a través de un sí. Aunque, por el momento, los populares no desvelaron el sentido de su voto para no contribuir a la política de “ultimátums”, señaló su portavoz nacional.
Lo que sí revelaron fueron sus exigencias para dar continuidad a la vida del texto legal: declarar un “plan nacional de inmigración”, el cual, según la formación, llevan pidiendo seis meses. Dentro de este, subrayó Sémper, se debería incluir una oferta de recursos y financiación a las autonomías, un mayor control de las fronteras o una mayor involucración, instada por el Gobierno, de Europa para ayudar a adoptar medidas. “No solo hay que proporcionarles una cama, sino que hay que proporcionarles una propuesta vital“, añadió.
Incluso, al hilo de esta cuestión, Sémper aseguró que el Ejecutivo “está dispuesto a hacinar a inmigrantes en centros de acogida” ya que “no ofrece medidas y recursos materiales para que esto no suceda”.
Una conferencia de presidentes
Según el portavoz de la formación, el PP exige una solución “completa, seria y solvente, que no piense solo en el día de hoy, sino que piense a medio y largo plazo”. Asimismo, pidió la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos “mañana” para que el presidente Pedro Sánchez hable con ellos acerca de las condiciones que les ofrecerá para poder acoger a migrantes menores de manera “humanitaria y razonable”.
Con todas estas exigencias sobre la mesa, Sémper amenazó: “Si el Gobierno no hace todo esto tendrá un serio problema con el PP”.
Una postura que, por su parte, fue criticada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El miembro del Ejecutivo instó al PP a marcar un “perfil propio” en política migratoria, además de acusarle de tener un discurso en Canarias, Ceuta y Melilla y “otro diferente en otros territorios”.
Canarias
A su vez, el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), mostró una visión ciertamente diferente al PP, con quien gobierna en la autonomía. Pues calificó la modificación del artículo 35 como “seria, contundente y que puede dar respuesta a la necesidad inmediata de los niños que llegan a Canarias”. Incluso señaló que “está trabajada con los distintos portavoces (de la Cámara Baja)”.
Aunque como el mismo Clavijo indicó, el buen entendimiento de los populares canarios con el partido insular en esta cuestión no significa un entendimiento automático con el PP nacional. No obstante, el líder autonómico se mostró positivo para efectuar esa reforma: “Creo que con la ruptura con Vox, el PP está más libre para alcanzar acuerdos de Estado”. Asimismo, se mostró predispuesto a hablar sobre posibles modificaciones de la ley de extranjería, pero lo primero es “atender la emergencia”.