La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este viernes que la negativa de Sumar a la reforma de la ley del suelo se debe a una “absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento” y de quien “no conoce qué significa el planeamiento urbanístico”. Una crítica a la otra formación del Ejecutivo cuya explicación ha basado en este argumento: “Sumar no tiene presencia municipal, entiendo que esto les importe poco, pero a mí me importa mucho”.
Así lo ha indicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia un día después de retirar la norma antes de que enfrentase su debate de totalidad, en la que el PP planteaba unirse a Sumar y el resto de socios para apoyar las enmiendas a la ley y dejar solo al PSOE en la que hubiese sido la segunda derrota parlamentaria de la semana.
Rodríguez ha hecho autocrítica sobre la decisión de llevar la norma al Congreso afirmando que no tuvo “en cuenta” el calendario electoral, pero ha reivindicado que, como ministra de Vivienda, no puede estar “pendiente de un calendario electoral en el que llevamos seis meses inmersos” porque, de hacerlo, no podría atender al problema de la vivienda.
La ministra ha reiterado que “confiaba” en el PP para aprobar la reforma porque junto al PSOE son “los dos grandes partidos” con una “gran presencia municipalista”, que son “quienes necesitaban de verdad esta norma”. Asimismo, ha asegurado que había hablado con la responsable de Vivienda del PP para que, después de las elecciones y una vez superado el trámite de la enmienda a la totalidad, los populares pudiesen mejorar el texto con enmiendas parciales.
Ha destacado que en España un 5% de los planeamientos urbanísticos son previos a 1977 y hasta un 33% se desarrollaron entre los años 1999 y 2007. Rodríguez ha subrayado que para implementar todos los requisitos de medio ambiente, movilidad sostenible, rehabilitación se no se pueden tener “normas del siglo pasado”.
También ha afirmado que, cuando se trabaja en un plan de ordenación urbanística, hay un período de participación pública y trabajo que puede durar años y que, con la norma, se busca proteger estos trabajos ante intereses “que no son legítimos en un momento dado y que incluso puedan ser económicos” y tratan de “echar para atrás” los planeamientos. Ha enfatizado que la norma busca obligar a demostrar que haya un interés legítimo para poder cuestionar los planes.
En otra entrevista concedida a Antena 3 minutos después, ha asegurado que la norma comenzó a trabajarse con el exministro del popular Íñigo de la Serna. “¿Confiaba en el PP? Sí, ¿Por qué soy una ingenua? No, porque esta ley la hemos trabajado con los ayuntamientos y las comunidades autónomas”.
En este sentido, ha insistido en que para esta norma “no confiaba en Sumar” porque se trata de una ley que “nos interesa, importa, hemos trabajado y cuidado los partidos con presencia municipalista” y apuntó que quizás otro de sus “pecados” es “haber confiado” en el PP.
Por otro lado, ha invitado al portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, a conocer ayuntamientos que están “teniendo problemas urbanísticos por falta de una ley como la que esta ministra ha propuesto para comprender de qué se trata” y recalcó que “ver el problema de la vivienda hoy con la perspectiva de hace 15 años es no haber entendido nada”.