El primer Gobierno de coalición de Pedro Sánchez presumía de haber aprobado cerca de 200 leyes. El actual apenas logró sacar 25 en su primer año de andadura -son 30 hoy-.
Y se ha puesto el reto de lograr luz verde para 16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos este 2025, pese al contexto de debilidad parlamentaria que le ha llevado a renunciar a presentar los Presupuestos para este año, para centrar sus esfuerzos en los de 2026.
Este optimismo regulador no evita que el congelador del Congreso de los Diputados vaya llenándose, y hay tres leyes que registran más de un año y un mes de prórrogas del periodo para presentar enmiendas. Esta etapa de la tramitación suele usarse para facilitar las negociaciones, de forma menos formal. Aunque también puede convertirse en una suerte de limbo.
De esas tres normas, sólo una lleva la firma del Ejecutivo: el proyecto de ley de familias. El plazo para presentar enmiendas se ha visto prorrogado en 43 ocasiones, y ya es la que más tiempo acumula en esta fase de tramitación.
El propio Sánchez, vendió las bondades de esta norma en octubre, en una comparecencia en la Cámara Baja en la que explicó la política migratoria del Gobierno.
Medio año después, el Gobierno ya ha aprobado una modificación legal para instaurar el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados ante la saturación de los centros de acogida en Canarias, pero sigue el Congreso sin impulsar la ley de familias. El texto salió del Consejo de Ministros el 28 de febrero de 2024, e inició su andadura parlamentaria en marzo.
El ministro ‘estrella’ entre las filas del socio minoritario, Pablo Bustinduy (el segundo más valorado del Ejecutivo, según el barómetro del CIS de abril), heredó esta ley de su antecesora al frente de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos).
Se trata de una norma que se redactó en 2022, y que en 2024 Sánchez se comprometió a desbloquear, pero que sigue varada seis meses después de que el presidente del Gobierno anunciara que moverían ficha para relanzarla.
Distintas fuentes parlamentarias afirman que una de las dificultades en las conversaciones entre los grupos tiene que ver con los recelos de distintos partidos nacionalistas, y en particular la formación de Carles Puigdemont, ante la posible invasión de competencias autonómicas.
Las negociaciones con Junts per Cataluña, apunta un diputado, siempre llevan su propio ritmo: “Va todo muy lento”, lamenta, aunque considera que hoy por hoy no puede hablarse de un bloqueo “deliberado”. “Los conflictos competenciales se han ido limando”, apunta otro parlamentario, que también señala al mismo partido.
Desde el Ministerio de Bustinduy se limitan a afirmar que la norma es “una prioridad” para el Ministerio y para el conjunto del Ejecutivo. “La aritmética en el Congreso es complicada y este Ministerio trabaja para que la ley de familias salga adelante cuanto antes porque es una ley que protege y mejora la vida de las familias en España”, abundan.
En su comparecencia parlamentaria Sánchez vendió que la norma “ampliará los derechos” de las familias monoparentales, numerosas, de inmigrantes y con personas con discapacidad, con el objetivo de “impulsar la natalidad”.
La ley busca establecer un marco para que las diferentes administraciones puedan implementar políticas de apoyo a las familias. Persigue reconocer las diferentes situaciones familiares que existen, mejorar la protección social de las familias y contribuir a garantizar la conciliación.
Mientras el Gobierno se pone nuevas tareas, algunos dirigentes de la alianza de partidos Sumar se llevan las manos a la cabeza por los retrasos en cuestiones como la respuesta a la crisis de la vivienda. También en lo que afecta a la ley de familias. El reparto de fuerzas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo es el que es, asumen.
Hace escasas semanas, la ministra de Sanidad, Mónica García, se preparaba para celebrar en el Congreso la aprobación del que sería el primer proyecto de ley del socio minoritario, la Agencia Estatal de Salud Pública. Junts sumó sus votos al PP y acabó tumbándola.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles impulsado por el ministro Bustinduy. En febrero, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya había celebrado la aprobación en primera vuelta de los anteproyectos de ley de dependencia y de discapacidad.
De ahí a que lleguen a segunda vuelta, pasen al Congreso y logren luz verde aún habrá que dejar pasar varios meses. Mientras tanto, la ley de familias de 2022 sigue esperando.