En una entrevista con Artículo14, Àgueda Micó, diputada de Compromís, reclama al Gobierno una inyección de aproximadamente 1.500 millones anuales para compensar la infrafinanciación valenciana, si quiere contar con su apoyo para los Presupuestos para 2025. Y para la futurible votación de las normas necesarias para desarrollar el pacto entre el PSC y ERC en Cataluña. “No vamos a ayudar a que otras comunidades mejoren su financiación y no pase con la nuestra”.
Portavoz adjunta del grupo plurinacional Sumar, Micó (Ollería, 1978) apuesta por reformar cuanto antes el sistema de financiación autonómica, incluso sin el PP, y esgrime la literalidad el pacto de gobierno PSOE-Sumar, que contempla compensar a los territorios infrafinanciados mientras se cocina esta modificación.
La exsecretaria general de Més-Compromís (antes Bloc Nacionalista Valencià) confía en que, si el PSOE no cumple, los otros 25 diputados del grupo Sumar voten junto a los dos de Compromís contra las cuentas públicas. Disecciona los “incentivos” que pueden guiar a Junts per Catalunya, y critica decisiones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o del titular de Transportes, Óscar Puente.
Compromís ha dicho que no apoyará ni la “financiación singular” catalana ni los Presupuestos para 2025, si antes no se aborda la “infrafinanciación valenciana”. Su formación ya ha aprobado tres presupuestos de Pedro Sánchez, ¿por qué se plantan ahora?
Compromís es un proyecto político de estricta obediencia valenciana. Defendemos los intereses valencianos, pero también somos un proyecto político de izquierdas, ecologista y feminista. Dar apoyo a un gobierno de izquierdas en un momento en el que la derecha y la extrema derecha quieren acabar con el Estado de bienestar es importante, pero no podemos hacerlo a cualquier precio. El acuerdo de coalición con el PSOE establece que habrá una reforma del sistema de financiación. Como hacen falta unas mayorías más amplias, también pusimos en ese acuerdo que, hasta que esa renovación del sistema se diera, habría una compensación de la infrafinanciación valenciana.
Nosotros no tenemos nada en contra de los acuerdos bilaterales que pueda hacer el PSOE con otros partidos. Entendemos la situación concreta de Cataluña y que ellos presionen para solucionar los problemas que tienen allí. Nosotros hacemos lo mismo. Lo que decimos es que, sin que se cumpla el acuerdo de gobierno con el PSOE, sin acabar con esa infrafinanciación valenciana, nosotros no vamos a ayudar a que otras comunidades mejoren su financiación y no pase con la nuestra, porque lo hemos pactado con el PSOE. Hemos demostrado que para nosotros es importante que haya gobiernos progresistas, pero esto no es gratis. La gente nos vota porque quieren que defendamos los intereses valencianos, es nuestra obligación hacerlo.
Si no se garantiza esta compensación, independientemente de la posición que se fije en el resto del Grupo Sumar, ¿los dos diputados de Compromís votarán en contra de los presupuestos?
Sí. De hecho, cuando establecimos estas condiciones para dar apoyo al Gobierno, no eran sólo condiciones de Compromís, sino que eran de todo el grupo parlamentario plurinacional, porque todos asumimos el documento negociado con el PSOE. En principio nosotros contamos con el apoyo de los 27 diputados del grupo plurinacional para conseguir que ese objetivo se cumpla. En todo caso, nosotros no formamos parte de Movimiento Sumar. La nuestra es una relación de coordinación, una relación horizontal en la que nos hablamos de igual a igual con el resto de partidos, cada uno desde nuestra independencia. Independientemente de lo que hagan el resto de partidos, nosotros no podemos dar nuestro apoyo si esa condición concreta no se cumple. No es difícil. Si el PSOE quiere puede cumplir lo recogido en el acuerdo de gobierno y hacer esas compensaciones.
¿Creen que el PSOE quiere cumplir? En esta legislatura apenas han aprobado una docena de leyes. El PSOE tampoco ha explicado en qué consiste ese acuerdo en Cataluña que tanto les complica a su vez su vida interna, ni ha detallado su hoja de ruta para este curso.
La legislatura es complicadísima y la gobernabilidad también. No hay una mayoría progresista en el Congreso. Algunas veces, partidos como Junts han votado con el PP y con Vox, porque su planteamiento político no es el mismo que tiene el Gobierno. También es verdad que el PSOE ha llevado al Congreso algunas propuestas sin haberlas consensuado con el grupo Sumar, como la ley para la abolición de la prostitución. Sin tener los apoyos es muy imprudente llevar determinadas leyes a la Cámara. Llegar a acuerdos y lograr mayorías va a ser complicado, pero al final la política también es hacer de la necesidad virtud y conseguir equilibrios, cumpliendo con los acuerdos a los que has llegado. Creo que no es incompatible el pacto del PSOE con ERC con el cumplimiento del acuerdo que tiene el Gobierno con Compromís.
¿El grupo parlamentario ha abordado la posición en la votación en la Cámara Baja cuando se materialice el acuerdo con ERC?
Entiendo que lo trabajaremos cuando empiece a funcionar el Congreso. Los partidos que estamos en el grupo plurinacional queremos que este Gobierno sea más valiente, que haga políticas más de izquierdas y más a favor de la mayoría, y ésta es una parte de la negociación de los presupuestos. Después está esa pata plurinacional, que pasa por mejorar las cuestiones relativas a las inversiones territoriales. Que se contemple esa infrafinanciación y que haya una mejora en las inversiones es un objetivo compartido.
¿De qué importe estaríamos hablando?
El montante total de la deuda histórica por la ínfima financiación está calculado en unos 43.000 o 45.000 millones de euros. Es una barbaridad económica pero, si miramos dentro del sistema de financiación los montantes económicos que transfiere el Estado a las diferentes comunidades autónomas, estamos hablando de entre 1.400 y 1.500 millones más al año, para hacer que el País Valencià esté en la media de la financiación del resto de CCAA.
Lo que va a dejar de recaudar directamente el Estado, si se transfieren todos los tributos a Cataluña, será bastante más cada año. ¿Es un caso de voluntad política…?
Sí, pero no se va a dejar de recaudar. El hecho de que recauden las comunidades autónomas o recaude el Estado no implica que los mecanismos de solidaridad interterritorial no operen. ERC quiere que recauden sus impuestos, pero también que los sistemas de solidaridad interterritorial continúen. No se va a perder capacidad económica por parte del Estado. Lo más importante de la reforma del sistema de financiación es que tiene que conllevar que se reconozca lo que establece la propia Constitución. Que las comunidades desarrollamos las competencias básicas del Estado del bienestar, y que todas debemos estar mejor financiadas. Lo que deberíamos hacer es federalizar más nuestro sistema de financiación para que esté equilibrado con el sistema competencial que establece la Constitución. La Generalitat valenciana se endeuda todos los años para poder pagar hospitales y escuelas. No se trata de quitarse dinero entre comunidades autónomas, sino de que el montante de todos los impuestos que pagamos todos los que vivimos en el Estado se reparta mejor. Que el Gobierno central tenga menos recursos y todas las comunidades tengamos más. El PP o Carlos Mazón hablan de que esto va a romper España… Siguiendo esa lógica, España estaría rota desde hace muchos años, porque el sistema actual discrimina a muchas comunidades autónomas, como la valenciana. España ya está rota desde el punto de vista de la igualdad territorial y de los derechos. Deberíamos poder ir a un sistema mucho más descentralizado para todas las CCAA.
Si la derecha ha diagnosticado que se rompe España por la financiación singular catalana, ¿han faltado explicaciones por parte del PSOE? ¿Ha faltado pedagogía?
Siempre se puede hacer mejor, pero la crispación política es absoluta, y eso hace cada vez más difícil hacer pedagogía. Haciendo pedagogía la gente podría entender que querer conciertos económicos, o querer más financiación en las diferentes comunidades autónomas, no es una cuestión de robar a los españoles o de querer romper España. Es hacer justicia, lograr un sistema más acorde con el modelo territorial que marca la propia Constitución. Todo lo que ha pasado desde los años del procés ha crispado mucho, y eso hace que para el PP, para Vox o para Alvise, sea muy fácil hacer demagogia con el modelo territorial.
Al hilo de la crispación, si el PP y el Gobierno no se ponen de acuerdo para repartir 347 niños migrantes entre 47 millones de personas, ¿se dan las condiciones para una reforma de la financiación?
Es complicado, pero en el 2009 se pactó y se puede volver a hacer. Hay una cosa importante: la capacidad de aprobar una reforma del sistema de financiación depende de una mayoría del Congreso. No hace falta que el PP esté de acuerdo en la reforma si la mayoría de investidura somos capaces de ponernos de acuerdo. Si PP o PSOE hubieran querido cuando tenían mayoría absoluta, hubieran podido reformarlo. Es un tema delicado y todos queremos consensos amplios, pero el liderazgo político en esta cuestión lo deben tener las personas que gobiernan. Creo que el PSOE no quiere abordar un tema que es muy delicado porque la política está muy crispada. Lo entiendo, pero es una reforma que se tiene que abordar, sí o sí.
Por lo que mencionaba sobre Junts, ¿cree que el Gobierno ya ha asumido que tendrá que prorrogar los presupuestos de 2023? El discurso oficial de sus portavoces señala ya a los aliados como responsables de explicarse si no hay cuentas.
Cuando el PSOE llega al pacto para la investidura de Salvador Illa es consciente de que eso complica la relación con Junts. Creo que hoy Junts no tiene un contexto favorable para apoyar unos presupuestos. Después de lo que ha ocurrido en Cataluña, para ellos es difícil explicar ese apoyo. Posiblemente los portavoces del Gobierno ya estén empezando a intentar generar un relato. A asentar la idea de que no es culpa suya no poder aprobar unos presupuestos. No creo que Junts tenga incentivos políticos para dar apoyo a unas cuentas públicas en este momento.
También se puede hacer la lectura inversa. Es decir, con el Gobierno de coalición sacan más medidas para Cataluña, aunque no puedan ponerse ninguna medalla por el pacto sobre fiscalidad. Donde tienen poder de presión política es en el Congreso. ¿No logran más objetivos con un Ejecutivo del PSOE que con uno del PP?
Eso está claro, pero que no se aprueben los presupuestos no quiere decir que vaya a haber un Gobierno del PP. Imagínate la situación de Junts, que no ha formado parte de los apoyos a Salvador Illa. Y lo que ha supuesto para ERC pasar de presidir la Generalitat a tener que dar su apoyo al PSC, que son sus adversarios políticos allí. Entiendo que en Junts pueden pensar que están en un buen momento para conseguir una mayoría de apoyos electorales independentistas, para quedarse el electorado de ERC. Para eso tienen que tener una posición muy dura en el Congreso. Entiendo que después de que la ley de amnistía esté ya en marcha lo siguiente para Junts igual puede ser conseguir una consulta popular para preguntar por la independencia, por ejemplo. En cualquier caso, el Gobierno no puede estar mirando solamente al partido político que más critica, que más difícil se lo pone. Es complicado entrar en un juego que nos lleve a todos los que apoyamos la investidura a ir a la presión continua para conseguir lo que ya hemos pactado con el Ejecutivo. Entiendo que aquí también habrá una negociación y que en último término Junts acabará pactando, pero van a presionar mucho más.
Sobre la agenda valenciana en ese Congreso tan difícil, ¿qué es lo próximo por impulsar?
Es básico que haya inversiones territorializadas en el País Valencià, porque tenemos una situación muy complicada con cuestiones como el transporte público. Por eso nos ha dolido un poco la actitud y las declaraciones de Oscar Puente cuando habla de que el cercanías y los trenes funcionan muy bien porque la gente continúa usándolos. La gente coge los trenes porque no tiene más remedio.
Ha dicho que es el peor ministro.
Debería controlarse un poco cuando habla, muchas veces es muy ofensivo. Tiene que ser mucho más respetuoso con todos los partidos que están dando apoyo al Gobierno, no nos lo están poniendo nada fácil. Para Compromís una cuestión básica es mejorar el transporte público valenciano. El cercanías, el de Rodalies, el que necesitamos la gente normal. No queremos la ampliación del puerto de Valencia, ni la del aeropuerto de Alicante. En un momento en el que estamos en sequía extrema, PSOE y PP continúan apostando por un modelo de especulación urbanística y de turistificación. El greenwashing que a veces utiliza el PSOE nos enerva mucho. Hay que hablar de políticas que apuesten por los servicios públicos esenciales. En estos momentos hay más gente trabajando que nunca, esto ha mejorado mucho gracias a las políticas de Yolanda Díaz, que es una gran ministra. A diferencia de Óscar Puente. Está trabajando para que la gente que más lo necesita pueda vivir mejor: la subida del SMI, la reducción de la jornada laboral…Los problemas de vivienda que tenemos, los problemas de conciliación, esto también hay que solucionarlo. Estas cuestiones son las que peleamos en el Gobierno y las que queremos que estén presentes en las negociaciones, de presupuestos y de otras leyes. No siempre lo conseguimos con el PSOE, esto es un problema también.
Ha mencionado la conciliación y al inicio recordaba el carácter ecologista y feminista de Compromís. Este verano han sido asesinadas 32 mujeres en manos de sus parejas o exparejas varones. ¿Qué está pasando? En su día fueron muy críticos con la formación del Gobierno valenciano, precisamente por los discursos negacionistas de Vox sobre la violencia machista.
Con el ascenso de la extrema derecha su discurso negacionista ha impregnado mucho a parte de la sociedad. Para solucionar la desigualdad más grave de toda la humanidad, que es la discriminación de género, hacen falta voluntad política y muchas inversiones, pero también consensos sociales. Desde hace unos años se están rompiendo los consensos básicos que teníamos para desarrollar inversiones dentro de los pactos contra la violencia de género. Parecía que el PP sí que quería participar, pero desde que han necesitado y necesitan el apoyo de Vox han cambiado totalmente. Va a ser difícil de solucionar mientras la derecha no quiera apostar por una igualdad real y por solucionar los problemas de la mayoría de las mujeres en todos los sentidos.
Por otra parte, lo que ha pasado en el Ministerio de Igualdad es que lo primero que han hecho ha sido traer la ley de abolición de la prostitución, que supone un debate muy complicado y que no ayuda a que se generen consensos. No están acertando en qué tipo de debates deberíamos tener o qué cuestiones deberíamos abordar. Deberíamos todos, conjuntamente, intentar cambiar las dinámicas sociales mayoritarias. Intentar acabar con este discurso de la extrema derecha. Lo veo muy difícil.