El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, desde el que se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la dana.
EFE/ Kai Försterling

La jueza que investiga la gestión de la DANA ha rechazado la petición la acusación popular ejercida por la asociación Liberum para indagar por qué no se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, órgano dependiente del Gobierno central al que corresponde asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de seguridad nacional.

En un auto notificado este miércoles, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja deniega la solicitud para que se oficie al Gobierno central en ese sentido y critica la “manifiesta pasividad” del Ejecutivo autonómico.

La magistrada justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria de ese órgano “queda extramuros completamente del procedimiento penal” en curso y “carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones” sucedidos el pasado 29 de octubre de 2024.

La jueza añade que “carece de competencia” para analizar si el presidente del Gobierno convocó el citado consejo. El auto no es firme y puede ser recurrido en reforma y/o apelación.

Además, el juzgado ha pospuesto las declaraciones como testigos de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje de alerta, previstas inicialmente para el próximo 29 de abril, a los días 6 y 15 de mayo.

Declaración de Bernabé

Las últimas novedades del caso tiene  como protagonista a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien este lunes señaló en su declaración judicial como testigo que el día de la DANA en el CECOPI solo se habló del riesgo de la presa de Forata, no del barranco del Poyo, elemento que contribuyó a la inundación de la comarca valenciana L’Horta Sud. Bernabé admitió también que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo por la llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 19:05 horas. Para entonces, ya se habían producido fallecimientos.

Fue tras ese momento cuando la delegada del Ejecutivo pidió a la entonces consejera de Justicia Salomé Pradas que mandara la alerta a la población (ES-Alert) y la hiciera extensible a toda la provincia tras desbordarse el mencionado barranco, a lo que ella le contestó que esa situación se estaba dando en otros lugares.

La dirigente socialista reconoció por primera vez que nadie en el CECOPI habló del riesgo en el barranco de Poyo, que provocó la gran parte de las muertes en la fatídica jornada del 29 de octubre, pese a que al mediodía habían decretado la alerta hidrológica que nunca se desactivó. Tampoco lo mencionó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Más en concreto, Bernabé dijo, a preguntas del fiscal, que el aumento del caudal del barranco del Poyo se produjo sobre las 18:43 horas, cuando no estaban conectados en el CECOPI, y que durante la conexión solo se había hablado de la presa de Forata.