La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a declarar como investigado a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa donde se indaga si el empresario cometió dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.
De esta manera, la instructora del caso estima el recurso presentado por el PSOE y Más Madrid, al que se adhirió la Fiscalía, que mediante un escrito solicitó que se tomara declaración a González Amador.
En este, el Ministerio Público esgrimió que no se pueden retrasar más las comparecencias del empresario y los otros investigados debido a que el plazo de instrucción de doce meses se está agotando -vence en marzo- sin que aún se haya oído a los encausados, por lo que “no se puede conocer si es necesaria la prórroga de la causa” ni qué diligencias solicitar.
Declaración suspendida
La jueza Iglesias suspendió la declaración del novio de Ayuso, prevista para el día 29 del pasado mes de noviembre, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.
“La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no sólo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada”, alegó la defensa de González Amador.
Cabe recordar que las comparecencias fueron inicialmente previstas para el pasado 24 de junio, pero también fueron aplazadas a instancias de la acusación popular, que representan el PSOE y Más Madrid, tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos.
Al respecto, la jueza acordó abrir en octubre una pieza separada para investigar si el empresario habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para ocultar unos ingresos con el Grupo Quirón.
La instructora aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una “operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria” en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.