Mercedes Alaya tiró del hilo y destapó el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país. 680 millones de euros con los que la Junta de Andalucía subvencionó a empresas en lo peor de la crisis económica de 2008, en teoría, para sufragar los ERE de sus empleados. Alaya descubrió que muchos de los beneficiarios de esas ayudas nunca habían trabajado para las empresas a las que decían pertenecer. Y que todo era un entramado fraudulento de desvío de dinero a las arcas de los afines del PSOE andaluz. Ahora, la mujer más temida por el socialismo queda cuestionada por el Tribunal Constitucional.
La cúpula política de la Junta de Andalucía en esos años fue condenada, en su mayoría, por prevaricación y malversación. Entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán condenados a 9 años de inhabilitación y 6 años de cárcel respectivamente.
La sentencia del Supremo de 2019 queda ahora cuestionada por el Constitucional que anula casi en la totalidad las penas de Chaves y Griñán y pide al juzgado competente que redacte una nueva sentencia porque considera el Alto Tribunal que se vulneraron derechos fundamentales. En concreto el derecho a la legalidad penal y la presunción de inocencia.
Una decisión que se une a la rebaja de penas de otros 6 exaltos cargos sentenciados. Entre ellos, la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez a la que anularon el delito de prevaricación por el que cumplía 9 años de inhabilitación. También resolvió los recursos de Carmen Martínez Aguayo, extitular de Hacienda y número dos de Griñán y Francisco Vallejo exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, que cumplían 6 y 7 años de prisión respectivamente y que fueron puestos en libertad este mes.
El informe de la Junta
La clave para que la jueza Alaya determinara que había delito en la gestión política de estos dirigentes fue un informe encargado a unos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, órgano dependiente en aquel momento, del exministro popular, Cristóbal Montoro. En el informe, se consideró que los presupuestos de la Junta de esos años fueron elaborados de forma “fraudulenta” para financiar los ERE investigados.
Alaya fue muy criticada por el encargo de esos informes que vertebraron sus conclusiones en la fase de instrucción de los ERE. El fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, llegó a decir que no cabía “la designación de un perito para elaborar un dictamen de naturaleza técnico-jurídica”.
En parte, la sentencia final se basaba en ese informe que apuntaba a la elaboración de los presupuestos como el punto de inicio para urdir la trama. Y eso es precisamente lo que rebate ahora el Constitucional. El Tribunal de Garantías determina que los proyectos de leyes o las leyes, en este caso la de Presupuestos, no pueden considerarse en ningún momento ilegales: “Si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor”, explica el Alto Tribunal.
La conexión con Mercede Alaya
Este periódico se ha intentado poner en contacto con Mercedes Alaya para conocer su valoración de las resoluciones del Constitucional, pero fuentes del Tribunal superior de Justicia de Andalucía informan que lleva un año de baja por una neuralgia del nervio trigémino y que está muy apartada del foco. En realidad, ella siempre fue reservada, incluso en la época en la que sus imágenes entrando a los juzgados de Sevilla abrían los Telediarios nacionales. Llegó a tener hasta un club de fans en Facebook, con 45 mil seguidores que aún hoy sigue abierto y que tuvo actividad hasta 2020. En él se defendían los pasos de Alaya frente a las críticas de un sector que siempre consideró que había lawfare en su instrucción.
Solo se conoce una entrevista a los medios de comunicación. La realizó el periódico ABC en 2018 antes de conocerse la sentencia del Supremo. En ella apuntaba ya a la falta de independencia judicial de nuestro país y señalaba que le apartaron de la macrocausa de los ERE para darle un puesto en la Audiencia Provincial de Sevilla por “el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas”.
Preguntada sobre por qué el PP iba a tener interés en que no siguiera tirando de la manta, Alaya volvía apuntar a la poca independencia judicial: “Había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía, sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE.”, aseveró Alaya. Reconoció en la entrevista que en la instrucción de la causa había un compromiso personal: “Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento”.
Incompatibilidades
El caso que le costó siete años de instrucción a Alaya fue revisado por magistrados muy cercanos a los ERE por unas razones o por otras. Por eso el PP pidió que se apartaran de las resoluciones por incompatibilidades cinco de los siete magistrados del Constitucional favorables a anular parte de las condenas.
Para empezar, el presidente del Tribunal de Garantías, Cándido Conde- Pumpido, ocupaba el cargo de fiscal general del Estado durante la instrucción de los ERE. Razón por la cual cuando llegó al Tribunal Supremo se apartó voluntariamente de participar en el caso. La magistrada Inmaculada Montalbán participó en 22 sentencias vinculadas con los ERE y ha sido premiada en varias ocasiones por los gobiernos socialistas de la Junta. Juan Carlos Campo fue ministro de justicia con Pedro Sánchez y además ocupó altos cargos dependientes de los sentenciados por los ERE. María Luisa Balaguer fue ponente en 28 dictámenes relacionados con los ERE. Y por último María Luisa Segoviano también intervino en una de las piezas cuando era magistrada en el Supremo.
Pero la petición del PP fue rechazada y ellos revisan ahora una causa en la que, en algún momento de su carrera judicial, han participado. Quizá Alaya se refería a esto cuando aseguraba que la independencia judicial en España estaba “amenazada de extrema gravedad”.
